Por Luciano Giuliani, asesor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La sociedad argentina inevitablemente se esta politizando y esto es sano para la democracia.
En la actualidad el derecho a manifestarse es respetado y existen diferentes opiniones porque el debate ya no se trata de si se tienen que ir todos o algunos políticos sino que hay proyectos en pugna.
Obviamente poner sobre el tapete la discusión sobre que proyección tenemos los argentinos como parte de una patria grande e integrada en la unión latinoamericana es algo que le molesta a los poderosos.
Encontrar miles de jóvenes y no tan jóvenes dedicando un fin de semana entero a trabajar junto al ejercito en la reconstrucción de los barrios mas afectados por la inundación en La Plata es una postal que incomoda.
Visualizar que un inmenso abanico social, incluida la clase media es parte de los programas de gobierno como por ejemplo el programa de crédito argentino (Pro.cre.ár), la asignación familiar, la asignación universal o la asignación por embarazo pertenecientes a las politicas de seguridad social, pero también el impulso de fuertes políticas de empleo y la concepción transversal de los derechos humanos como paradigma filosófico a la hora de llevar adelante políticas publicas es todo un mérito que tiene el gobierno y es criticado por la oposición.
En definitiva lo que crispa la paciencia de algunos es que se perfila un proyecto de nación como hace tiempo no veíamos los argentinos.
La revalorización de la política como practica transformadora es un hecho poco feliz para sectores que se vieron privilegiados por una política concebida como la administración del statu quo.
Otro de los grandes privilegios de ciertas minorías es el acceso a una justicia claramente clasista que funciona en desmedro de su misma credibilidad como poder de control sobre el legislativo y el ejecutivo.
Este punto es el que se encuentra en debate últimamente en la escena publica nacional, a treinta años del retorno a la democracia pareciera ser que impulsar el debate sobre un modelo de justicia y una reforma de dicho poder es casi un atentado a la constitución y la republica.
Recientemente la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martinez hizo saber que quienes se oponen a una reforma de la Justicia están buscando sostener privilegios.
Esta afirmación no es menor y creo que contiene a amplios sectores de la sociedad que encuentran en el Poder Judicial una barrera insalvable a la hora de defender sus derechos vulnerados. En la provincia de Córdoba hay por ejemplo unos setenta y cinco mil jóvenes que son detenidos y perseguidos por la fuerza policial en función de una ley de carácter provincial como es el código de faltas y prácticamente tienen acceso a la justicia no mas del tres por ciento de los mismos.
A esto hay que agregarle el costoso acceso a la justicia que genera contratar un abogado para familias cuyos ingresos no superan los 1500 o 2000 pesos mensuales.
Por otra parte hay una falta de credibilidad en la justicia cuando se trata de los poderosos, los crímenes complejos parecen no tener responsables y ser crímenes «aceptables» frente a otros que horrorizan a un sector de la opinión publica que privilegia la propiedad privada sobre la vida, en especial la vida de los otros.
Es casi imperceptible en el debate publico que el origen del delito se genera en estructuras de oportunidad nacidas del delito complejo como la evasión impositiva y el empleo precario (en algunos casos la reducción a la servidumbre).
Esta maquinaria delictiva disimuladamente disocia adrede el delito comúnmente conocido como de guante blanco del resto del delito, siendo que el primero da nacimiento a un mercado informal en donde las reglas se dan absolutamente sin el control del Estado y permitiendo las redes de trata de personas, la venta ilegal de armas y el narcotráfico.
Este es el debate pendiente, creo que amplios sectores de la sociedad consideramos necesaria una reforma judicial, seguramente existirán diferentes matices en torno a esa reforma pero no es oponiéndose al debate o buscando confundir a la gente con que se pretende atacar la república o que se va a violar la constitución que vamos a avanzar en ese debate.
Los sectores sociales que se manifestaron el pasado 18 de abril lo hicieron en su absoluto derecho, pero evidentemente hay mucha confusión y negar el debate o pretender posicionar a dirigentes de la «vieja política» como conductores de protestas nacidas por el espanto a un proyecto elegído en las urnas es al menos un gran desatino.
La canalización política de la protesta del ultimo jueves debe darse en un marco de amplio debate sobre los proyectos en pugna, en la argentina actual no existe una tiranía sino la ausencia de una oposición en el marco de un proyecto transformador.
El desafío de los argentinos es hoy clarificar el debate y entender que no se avanza hacia la inclusión social en la medida que existan dos países en una misma Nación.
Es un tiempo de cambios profundos, hay que animarse a abrir el debate y no agotar todas y cada una de las instancias democráticas para ampliar derechos. Protestar para dejar las cosas como están es hoy un anacronismo que no le sirve en nada a ningún argentino comprometido con su tiempo.