Si las sentencias quedan firmes, en la UNRC analizarán si los docentes deben ser cesanteados. «Esperaremos lo que determine el juez y luego lo que señala la normativa universitaria antes de dar una opinión», dijo el vicerrector.
Los jueces del Tribunal Federal darán a conocer este viernes los fundamentos de la sentencia por las explosiones en la Planta Piloto de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Los abogados defensores ya anticiparon que apelarán las condenas y se iniciará un largo proceso que podría llegar a la Corte Suprema de Justicia.
La resolución podría derivar en el debate sobre la continuidad en el ámbito académico de los procesados, en caso de quedar firme la condena.
«Esperaremos lo que determine el juez y luego, evaluaremos lo que señala la normativa universitaria antes de dar una opinión», dijo el vicerrector Javier Salminis, en diálogo con TD Digital.
La sentencia
Carlos Bortis escuchó con un gesto parco, casi inmutable, el veredicto del Tribunal Federal 2 que lo condenaba a 3 años y 6 meses de prisión. El ex vicedecano y ex presidente de la Fundación de la Universidad, fue el único de los 6 imputados que recibió una pena de cumplimiento efectivo, aunque esperará en libertad el resultado de un largo proceso de apelaciones que llegaría a la Corte Suprema de Justicia.
El tribunal integrado por los jueces José Fabián Asís, Carlos Julio Lascano y José Vicente Muscará determinó, además, una pena de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso para José Luis Pinzini, integrante de la Comisión de Seguridad; 2 años y 6 meses para Miriam Ferrari, directora del Departamento de Ingeniería Química; 2 años para Sergio Antonelli y 6 meses Edith Ducrós.
Además, tal como lo solicitó la querella y el fiscal Maximiliano Hairabedian, los jueces ratificaron la absolución de Liliana Ruetsch.
La audiencia comenzó cuando la sala ya estaba colmada por más de 20 docentes que llegaron para acompañar y respaldar a la querella sindical. El fiscal pidió la palabra y solicitó que se anule el sobreseimiento de Javier Boretti, empleado de Desmet. La medida permitiría avanzar sobre la cúpula de la firma multinacional que contrató al grupo GIDPO para experimentar con la extracción de hexano.
A pocos metros de la sala, en el primer piso, otro grupo de docentes que rechazaron el accionar de la querella, esperaban una absolución de los imputados.
La lectura del veredicto por parte del presidente del Tribunal provocó muestras de aprobación de la parte acusatoria y la profunda desazón de familiares y allegados a los procesados, quienes seguían entre lágrimas las palabras del juez.
La sentencia colmó las expectativas de la fiscalía y los abogados del Gremio Docente. No solo determinó con claridad las responsabilidades, según el cargo que ocupaban los imputados, sino que ratificó la necesidad de abrir nuevas instancias de investigación.
El fiscal Hairabedian había sido contundente al señalar que los máximos responsables no estaban sentados en el banquillo de los acusados. La postura incluía a quienes compraron el hexano, lo introdujeron en el campus, impulsaron la experimentación y construyeron la maquinaria que originó las explosiones.
El Tribunal ordenó la nulidad de la prescripción en el sobreseimiento de Boretti y pidió que se inicie una nueva investigación para determinar la presunta culpabilidad de los directores de De Smet, la Aceitera General Deheza y el ex rector Oscar Spada.
Al concluir la audiencia, solo Antonelli habló con los medios y dejó entrever que avanzarán en una apelación del fallo, cuando se conozcan los fundamentos.
El resto de los condenados y la sobreviviente del grupo GIDPO que resultó absuelta, prefirieron un hermético silencio. Durante largos minutos dialogaron frente a la sede judicial, acompañados por sus familiares y hubo un claro malestar en el análisis de los abogados defensores por la contundencia del veredicto.
Se cerró un capítulo fundamental en el proceso judicial a 5 años de la peor tragedia en la historia del campus, que provocó la muerte de 6 personas, y se abren nuevas instancias que podrían derivar en un nuevo juicio, con otros imputados.
Ampliar la investigación
El Tribunal que juzgó las trágicas explosiones en la Universidad, que provocaron la muerte de 6 personas, exigió en su veredicto que se impulse una nueva instancia de investigación para determinar las responsabilidades de la firma Desmet, la Aceitera General Deheza y el ex rector Oscar Spada.
El planteo ratificó la solicitud del fiscal Maximiliano Hairabedian y el exhaustivo alegato del doctor Jorge Valverde, abogado de 3 imputados, quien detalló cómo fue la ruta del hexano que derivó en las explosiones.
La investigación que realizó el Juzgado Federal de Río Cuarto no avanzó en las responsabilidades sobre la empresa que adquirió el hexano e ingresó los 13 tambores en un camión de mudanzas al campus. Tampoco, profundizó sobre las culpas que podrían recaer en la firma Desmet. Solo fue imputado un operario, Javier Boretti, quien terminó beneficiado por la prescripción de una acusación que lo veía como “partícipe secundario”.
Los jueces calificaron la medida sobre Boretti de “nulidad absoluta” y se iniciará un nuevo proceso. Sin embargo, la querella y el fiscal esperan que también se incluya a los máximos directivos de la multinacional.
“Un caos”
En una cruda descripción de las condiciones en que funcionaba la Planta Piloto de la Universidad previo a la tragedia del 5 de diciembre del 2007, el fiscal Maximiliano Hairabedian había sostenido en su alegato que el lugar “era un verdadero caos”.
El funcionario judicial consideró probado que el siniestro se produjo debido a un derrame de hexano producto de una falla en la maquinaria utilizada. El desperfecto provocó la emanación de vapor que tomó contacto con una autoclave encendida.
“Se generó una lengua de fuego que alcanzó los tambores de hexano y desató las explosiones”, indicó el fiscal, ratificando la evaluación efectuada por los ingenieros del INTI.
Añadió que existía en la planta “un problema sistémico, en donde se vulneraron todas las normas de seguridad”
“La planta era un verdadero caos y por eso pasó, lo que pasó. El laboratorio era un lugar cerrado, sin divisorios, ni salidas de emergencia, ni baldes de arena, ni sistemas de cortes eléctricos. Se trata de elementos que podrían haberse adquiridos sin mayores costos”, enfatizó.
Hairabedian consideró que “llama la atención de que esto no haya pasado antes” y aseveró que “pese a la capacidad académica de (Miguel) Mattea -titular del grupo GIDPO-, queda clara la falta de experiencia en actividades de tipo industrial y tecnológica“
“Esto se cae de maduro porque hicieron ese experimente con en esas condiciones, utilizando una estructura que falló totalmente. Si este trabajo se hubiera hecho en una industria, cada 7 días hubiera habido explosiones, como aclaró un testigo durante las audiencias”, señaló.
El fiscal opinó que “cada uno de los imputados debió evitar lo que iba a pasar” y resaltó: “No estamos diciendo ahora que por todo lo investigado era previsible la tragedia, no hablamos del diario del lunes. En este caso, había personas que habían previsto que podía pasar y lo pusieron en conocimiento”.
“Los ingenieros Borelli y Montenegro estaban preocupados por la seguridad y en la reunión previa hicieron saber sus interrogantes. Mattea no quiso dar explicaciones, pero ya se sabía que se trabajaba con hexano y en grandes cantidades. Había ingenieros que decían ´guarda, tenemos miedo de lo que pueda ocurrir…´ Incluso el ingeniero Campetelli vio la cantidad de hexano en el lugar y salió aterrado de la planta, a punto tal que esa noche no pudo dormir”, destacó.
Como un aporte probatorio al conocimiento que existía de la experimentación, Hairabedian apuntó en su alegato al testimonio de la cuñada de Liliana Giacomelli, una de las victímas. “Cuando todavía estaba consciente en la ambulancia, Liliana le manifestó a la testigo: “Hijos de Puta, les dije que eso iba a pasar, que íbamos a volar todos… Hijos de Puta”, recordó.