Los hechos, las víctimas, los imputados, el tribunal, los testimonios.
Telediario Digital, el diario de Río Cuarto en la web, en un informe especial con todo lo que hay que saber sobre el juicio que intenta determinar las causas de las explosiones en la Planta Piloto de la Universidad, donde hubo 6 víctimas fatales, y las responsabilidades de los imputados y procesados.
A las 10 de la mañana del 5 de diciembre de 2007 un centenar de niños jugaban en la guardería universitaria, a poco más de 20 metros de la planta de experimentación. Eran los hijos de docentes y trabajadores universitarios que cumplían las últimas jornadas laborales previas al receso académico. El día se expresaba caluroso, aunque no sofocante, y miles de jóvenes recorrían desde muy temprano el campus.
Quienes arribaron minutos después a la Universidad, recuerdan las densas columnas de humo que bordeaban el cielo universitario y se expandían hacia la ruta 8, afectando la visibilidad. Las sirenas de ambulancias, autobombas y móviles policiales se confundían hasta confluir en un bullicio estremecedor. El vértigo daba lugar al desconcierto entre corridas de quienes se acercaban ó escapaban del infierno. Los testigos brindaron versiones disímiles sobre el número de explosiones y la visibilidad del caos solo aportaba dudas y estupor.
En el Hospital se montó un operativo de emergencias que buscaba anticiparse a una tragedia, todavía de magnitud imprevisible. El playón de acceso a la guardia sobre calle Rosario de Santa Fe se colmó rápidamente de familiares y allegados. Entre quienes aguardaban noticias médicas también se hallaban milagrosos sobrevivientes. Ni siquiera ellos podían argumentar las causas de la tragedia.
En la Planta Piloto las llamas se expandieron por los mismos ventanales que servían de escape. Las escaleras aparecían desbordadas y algunas personas se lanzaban desde el primer piso, sin más prevenciones que la propia lógica de supervivencia. El cerco fijado por rescatistas y personal universitario solo permitía encerrar el caos. Los curiosos observaban absortos el desenlace dantesco. La muerte había dispuesto del tiempo y del espacio.
Tres semanas antes del siniestro, docentes se reunieron en el Departamento de Ingeniería Química para advertir sobre la presencia de “extrañas” prácticas en el interior de la Planta. Miguel Mattea formalizó con breves explicaciones la investigación que impulsaba, con los aportes de la multinacional DeSmet y el gigante industrial Aceitera General Deheza. En el encuentro habría surgido la promesa de mejorar las medidas de seguridad, restringir el ingreso y solo trabajar después de las 18. En el lugar estaban almacenados 2.600 litros de hexano, que habían ingresado vulnerando todas las reglas mínimas de control.
Fue el ingeniero mecánico Gabriel Campetelli, quien horas previas a la explosión, señaló al recorrer la Planta Piloto que “no todas las instalaciones resultaban compatibles con el material peligroso”
Ante el juez federal Carlos Ochoa, durante la instrucción de la causa que investigó la tragedia, Campetelli afirmó que el funcionamiento de la Planta Piloto “era caótico; sin responsables en materia de seguridad y de estructura”. El especialista había advertido sobre el riesgo potencial por la acumulación del hexano y la negligencia expuesta al mantener una autoclave encendida en el pasillo próximo a los laboratorios.
La Planta Piloto, creada para experimentaciones en baja escala, estaba rodeada de aulas y pequeños laboratorios. Los protocolos de prevención y seguridad aparecían desbordados y obsoletos en un predio rodeado por decenas de toneles cargados de material altamente explosivo. La resolución judicial que elevó a juicio la causa fue contundente: “Las condiciones de Seguridad e Higiene en la Planta Piloto no eran las adecuadas para semejante proyecto, ni para los restantes que se desarrollaban en dicho lugar”.
“Se destruyeron instalaciones y bienes, determinando que en épocas de crisis económica y de escaso presupuesto educativo, el propio Estado tenga que intervenir para la construcción de una nueva Planta Piloto. Se creó un estado de zozobra general difícil de mitigar y sobrellevarlo con sensibles secuelas en la psiquis. Se expuso a peligro a la comunidad universitaria, entre los que se hallaban menores de edad en la guardería aledaña situada a pocos metros del lugar del evento, soslayando instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que los protegen. Se dañó la imagen y prestigio de la Casa de Altos Estudios y, lo más grave la pérdida de vidas humanas, entre ellos la de un alumno, olvidando y soslayando que las familias envían sus hijos a la universidad para que sean formados y no para que participen y mueran en actividades imprudentes o cuyo riesgo superan el normalmente tolerado, so pretexto de la conveniencia en la realización de un trabajo o investigación común o excepcional”, reflexionó en su dictamen el juez Ochoa.
El magistrado sostuvo que “analizadas las responsabilidades estas comprenden un abanico amplio de intervinientes: el sector investigador científico, el sector privado y las autoridades universitarias; quienes al no cumplir con sus respectivos roles y por lo tanto con las responsabilidades que les competían, permitieron que se desencadenara el doloroso evento que aquí se trata”.