La sobretasa aún no fue reglamentada, las empresas se niegan a ejecutarla, hay planteos judiciales en Río Cuarto y ante el Tribunal Superior de Justicia y desde el Ejecutivo aún no han confirmado una fecha para la aplicación.
El 18 de mayo se aprobó en primera lectura la sobretasa a la telefonía fija y celular, la televisión por cable y satelital e internet. El 6 de junio, la propuesta fue convertida en ordenanza solo con el voto de concejales oficialistas. El resto de las bancadas ni siquiera participó de la sesión. El 11 de junio, el intendente Juan Jure promulgó la normativa y se inició un proceso que preveía el cobro a partir de julio. Sin embargo, a un mes y medio de la aprobación, la carga impositiva solo ha sumado conflictos y dudas.
La sobretasa aún no fue reglamentada, las empresas se niegan a ejecutarla, hay planteos judiciales en Río Cuarto y ante el Tribunal Superior de Justicia y desde el Ejecutivo aún no han confirmado una fecha para la aplicación.
Aunque el jefe de Gabinete, Guillermo Mana, planteó la intención de que se inicie el cobro en agosto, la nota presentada por los abogados de Telecom, que califican de inconstitucional la medida, ratifica la sospecha que se instaló hace varios días: las empresas no quieren ser instrumento de cobro del impuesto y dilatan con argumentos jurídicos y burocráticos su instrumentación.
En el Palacio de Mójica tampoco han logrado frenar la embestida política, que se extiende indefinidamente sobre un proyecto tributario con beneficios cada vez más cuestionados. El contexto no sorprende al gobierno que durante 4 años confrontó con su impericia para resolver los conflictos y nunca tuvo cualidades para anticiparse.
Jure debió reducir a la mitad la expectativa de recaudación con la sobretasa y durante el retiro en El Chacay, reconoció en diálogo con Telediario que buscarán agilizar una reforma para que en el próximo presupuesto se incluyan las nuevas modalidades tarifarias.
La presentación ante el Juzgado de Control de los doctores Ricardo Muñóz, padre e hijo, se pareció a una chicana política con aval judicial. Ninguno de ellos se podría ver afectado por la sobretasa que, en realidad, tendría un mayor impacto en los sectores populares que pagarían un nuevo tributo al consumo, en una avanzada más de inequidad tributaria.
En una ciudad donde casi la mitad de los contribuyentes no paga los impuestos municipales, buscar recursos del consumo aparece como «un cobro garantizado».
En el medio de la discusión por la sobretasa, el oficialismo intenta instalar un debate real: el injusto mecanismo de coparticipación y los escuetos aportes que llegan del fondo de la soja. Un debate fundamental, pero que no tendrá solución urgente.
Tampoco habrá una rápida definición en los reclamos judiciales. Cualquier fallo sería apelado hasta que los años devoren el valor real de la intervención judicial. Mucho antes debería surgir una solución política y la sobretasa es, al menos por ahora, un desborde de incertidumbre.
Por Pablo Callejón (callejonpablo@yahoo.com.ar)
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