Caída de contratos en el Centro Cívico – Opinión
Los favores políticos tienen la carga de la imprevisibilidad. El principio y el final de cada gestión de gobierno exponen la expectativa de los que esperan que se cumpla la promesa de campaña ó los que sufrirán por otro mecanismo de canje. Los más de 50 empleados ó funcionarios políticos que sufrieron la no renovación de contratos sabían que sus cargos dependían de la voluntad de turno. La mayoría había llegado durante las gestiones del ex gobernador Juan Schiaretti y de la delegada en Río Cuarto Marisa Arias y el cambio de gobierno, aún cuando se sostenga un mismo signo político, derivará en el nombramiento de los propios. Cada uno quiere tener su gente, sin apelar a concursos ni convocatorias abiertas. Es un botín de quienes ostentan el poder, no importa la escala del estado, ni el gen partidario de quien administra la última decisión.
La aparición del Sindicato de Empleados Públicos en la eclosión del conflicto aparece como una excusa funcional. Nadie, ni siquiera los aparatos gremiales, cuestionan el modo en el que se accede a algunos estamentos estatales. El final es siempre el lugar donde partir. El ciclo de cambios es un clásico donde se impone el poder al mando.
Finalizada la campaña municipal, las estructuras internas comenzaron a exigir lugares y en el Centro Cívico, principal núcleo del conflicto, la nueva conducción del organismo quiere gente de «su confianza».
Desde el SEP, Juan Paglialunga sostuvo que solo parte de los contratos no renovados refieren a cargos políticos. El resto, son trabajadores que llegaron de la mano de la anterior gestión y esperaban no convertirse en instrumentos de trueque. La mayoría eran el principal bastión laboral y significan el 50 por ciento de la totalidad de la planta. ¿Había una carga ociosa ó los desempleados serán sustituidos por otros a la brevedad? Por ahora, solo hay silencio oficial.
Durante la gestión de Schiaretti, la planta de personal del Estado provincial aumentó en 17.636 trabajadores, lo que equivale a un alza de 17,5 por ciento en comparación con el inicio de su mandato. Según datos publicados por el Ministerio de Finanzas, el número pasó de 101.024 a 118.660 trabajadores.
Los cuestionables métodos para acceder a la administración pública no son potestad de un Estado, ni de un gobierno. En Río Cuarto, Guillermo Mana aseguró que “no hay una sobredimensión” de la planta laboral y argumentó que existe un empleado cada mil habitantes, estimando una población total en la ciudad de 170 mil personas. El ahora jefe de Gabinete resaltó que se destina el 40 por ciento del total del presupuesto a salarios. Sin embargo, el concejal de la Coalición Cívica, Eduardo Scoppa, había señalado que la incorporación de personal “ha sido una constante en las últimas dos gestiones municipales” y que esta política “no tiene límites”. El edil resaltó que, al menos en la primera parte del gobierno de Jure, se sumaban nuevos empleados a un promedio de 200 por año.
Las designaciones son en general “a dedo”, aunque otras opciones no resultaron superadoras. Los concursos para incorporar a planta permanente a 700 empleados municipales durante la intendencia de Antonio Rins sumaron polémicos adicionales para que accedieran a los cargos aquellos que “debían estar”. Se hicieron inscripciones abiertas, aún cuando resultaba una utopía cualquier cambio al orden establecido. Ni siquiera la oposición abrió el debate de una discusión que prefirió cerrada. Garantizada la legalidad, poco importó la legitimidad.
El primer éxito de quienes apelan a cuestionables mecanismos de intervención sobre la designación de empleados ó la caída de contratos, es haber alcanzado la naturalización de los métodos. A la desazón de los cesanteados ó la silenciosa felicidad de los nuevos beneficiarios, se suma la indiferencia social. El sistema es tan común, como irritable.
Por Pablo Callejón (callejonpablo@yahoo.com.ar)
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