Para el gobierno de España, según sus ministros, la medida adoptada por la Argentina afecta a los accionistas españoles de Repsol pero también «extraordinariamente lesiva para el pueblo argentino»
Durante una conferencia de prensa conjunta, tanto el canciller, José Manuel García Margallo, como el ministro de Industria, José Soria, condenaron la expropiación anunciada por la Argentina, a la que calificaron de «decisión arbitraria», y advirtieron que rompía «la cordialidad y amistad» entre ambos países, que la medida, que «rompe el acuerdo verbal del 28 de febrero», «tendrá consecuencias» y que no solo afecta a los inversores españoles sino también a «millones de pequeños inversionistas». El Partido Socialista, por su parte, proclamó «todo su apoyo» al titular de Repsol, Antonio Brufau.
El ministro de Asuntos Exteriores español advirtió también que el anunció de la presidenta, Cristina Kirchner, «rompe el principio de seguridad juridica y amenaza a cualquier inversor internacional», y sostuvo que «el gobierno argentino ha estado cerrado a cualquier tipo de diálogo con el gobierno español». Añadió además que su gobierno anunciará «en su momento» las medidas que adoptará frente a la expropiación.
«Es una decisión hostil contra Repsol y por lo tanto contra España», advirtió Soria, quien señaló que «el gobierno español actuará en consecuencia». Para el gobierno de España, según sus ministros, la medida adoptada por la Argentina afecta a los accionistas españoles de Repsol pero también «extraordinariamente lesiva para el pueblo argentino» porque vulnera el «clima de confianza que necesitan los inversionistas internacionales».