El fiscal federal Jorge Di Lello pidió las indagatorias de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y de otras 30 personas acusadas de desviar cerca de 50 millones de pesos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales.
El pedido, que deberá resolver el juez federal Norberto Oyarbide, también incluye a Alejandra Bonafini, la hija de la presidenta de Madres, Hebe de Bonafini.
El fiscal no incluyó a Hebe de Bonafini entre los sospechosos de haber cometido fraude con fondos públicos, pero hizo una seria advertencia sobre la responsabilidad que le cabe a Madres en el manejo de esos dineros.
En un dictamen de unas 200 páginas, y tras seis meses de investigación, Di Lello acusa a los imputados de los delitos de defraudación contra la administración pública y lavado de dinero y se espera que defina si también lo hará por asociación ilícita.