Por orden de la Justicia de Córdoba, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó una serie de allanamientos y acorraló a una banda dedicada a la venta ilegal de combustibles, aceites y lubricantes. Según estimaciones fiscales, el grupo habría vendido 1.200.000 litros de gasoil en forma clandestina, por unos seis millones de pesos.
En total se realizaron cinco allanamientos en la localidad cordobesa de Leones: uno se llevó a cabo en una estación de servicios llamada “Don Antonio”, otro en un depósito clandestino y los restantes en tres domicilios particulares. Durante los operativos, realizados bajo precisas instrucciones del Juzgado Federal de Bell Ville, a cargo de Oscar Valentinuzzi, se clausuró un galpón donde estaban almacenados 50.000 litros de gasoil que ni siquiera cumplían con las normas mínimas de seguridad.
En los allanamientos, el personal de la AFIP pudo confirmar la existencia de operaciones en negro realizados en los últimos dos años, tanto en la distribución y venta de combustibles como en otros rubros anexos como aceites y lubricantes. Por estas maniobras, la evasión estimada en IVA y Ganancias alcanza el millón de pesos.
Los agentes fiscales secuestraron importantes elementos que delatan las maniobras de evasión como: juegos de doble contabilidad, una veintena de cajas de remitos y otros documentos comerciales no declarados al fisco como recibos de empleados y remuneraciones no registradas. También se hallaron armas de fuego, cuya portación ilícita fue verificada por la Policía.
De la investigación se desprende también que los integrantes de la banda efectuaron importantes inversiones en inmuebles rurales dedicados básicamente al cultivo de soja, que habrían sido originadas en la operatoria marginal de combustibles. Habrían adquirido 120 hectáreas valuadas, aproximadamente, en 1,8 millones de dólares. Tanto las propiedades como sus utilidades serán minuciosamente analizadas por la AFIP.
Al margen del fisco y lejos de las normas de seguridad
Los investigadores fiscales pudieron comprobar que el establecimiento clausurado era utilizado para el almacenamiento de combustible (principalmente gasoil) en condiciones muy precarias y en claro incumplimiento de las normativas mínimas de seguridad pública, más aún teniendo en cuenta la localización del lugar en plena zona urbana.
Asimismo, se constató que tal almacenamiento no estaba declarado ni autorizado ante la Secretaría de Energía. Puesto en conocimiento de la gravedad de la situación al Juzgado interviniente, es que se dispuso la inmediata clausura del establecimiento.