Por Pablo Callejón
En el verano del 2017 los trabajadores municipales contratados y del personal del gabinete se vieron sorprendidos por un descuento en sus haberes para derivar fondos que financiarían al Partido Justicialista de Río Cuarto. Ante el reclamo público de los empleados, el Ejecutivo dijo que se trató “de un error” y reintegró los fondos debitados. Sin embargo, el escandaloso episodio derivó en una denuncia penal que podría concluir en un juicio oral y público.
La Cámara Segunda del Crimen revocó el sobreseimiento del Juzgado de Control para la responsable del área de Recursos Humanos Susana Isabel Cucco, quien está acusada de falso testimonio. La defensa de la funcionaria apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia, lo que demorará el inicio del proceso que podría sumar un interrogante clave: ¿El caso se reduce a la presunta falsedad de Cucco ó se produjo un delito penal en el que hay otros responsables?
Tras la quita “por error” en los haberes, el municipio inició un sumario que derivó en la acusación contra el empleado Oscar Yorye. Cucco aseguró que le había dado instrucciones para que no ejecutara los descuentos y Yorye fue sumariado por “haber desobedecido deliberadamente”. En aquellos días de tensión, se instaló el rumor sobre una presunta maniobra intencional de trabajadores ligados con el radicalismo para perjudicar al gobierno de Juan Manuel Llamosas.
Yorye negó haber recibido instrucciones de la responsable de Recursos Humanos y denunció penalmente a Cucco por falso testimonio ante el fiscal de Instrucción Fernando Moine. La mujer le había adjudicado toda la responsabilidad en el hecho. Moine determinó en la instrucción que la imputada mintió el 22 de marzo de 2017, cuando declaró como testigo en la investigación interna ante el Jefe del Departamento Sumarios Julio César Cravero.
Cucco señaló que el secretario de Economía Pablo Javier Antonettii le había advertido que los descuentos partidarios “no debían incluir al personal de Gabinete ni a los contratados” y dijo que le transmitió esta decisión a Yorye. Cucco aseguró que se reunió con el empleado el 10 de enero de 2017 y le entregó un papel escrito a mano, en el que señaló: “no agregar PG ni contratados”. La precisión del día fue clave para desvincular a Yorye, quien había salido de vacaciones la jornada anterior. Ante la indagatoria del fiscal, Cucco afirmó que se trató de un error y decidió modificar su relato.
El 13 de febrero de 2017, la funcionaria había repartido un documento con las instrucciones de Antonetti en un intento por eludir las responsabilidades. Fue demasiado tarde, el conflicto político tenía en vilo al gobierno de Llamosas por los descuentos ya ejecutados.
En la resolución de la Cámara del Crimen del pasado 16 de octubre a la que accedió Póster Central, los vocales Emilio Andruet, Pablo Bianchi y Carlos González Castellanos resolvieron que “se encuentra acreditada tanto la existencia material del hecho como la participación penalmente responsable de Cucco, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal”. Los magistrados decidieron por mayoría revocar la sentencia de sobreseimiento y avanzar con el juicio oral.
La defensa había intentado el archivo de la causa al señalar que no hubo “dolo directo” en el accionar de la funcionaria. El abogado Benjamín Valverde sostuvo que existió una “atipicidad del hecho porque no configura el delito de falso testimonio toda declaración inexacta dada por un testigo”. El fiscal rechazó los argumentos y resaltó que la responsable de Recursos Humanos “no solo conocía que estaba afirmando una falsedad, sino que era su voluntad incurrir en dicho accionar”. Moine fundamentó que Cucco buscó inculpar a Yorye para evitar “las consecuencias administrativas por su accionar equívoco”.
En su argumentación para evitar el sobreseimiento, el doctor Ignacio Fernández Sardina, ex secretario de Gobierno y abogado de Yorye, apuntó contra Mauricio Dova. El abogado sostuvo que “administrativa y políticamente nada podía reclamársele” a Cucco y destacó que “la decisión de efectuar los descuentos había sido del entonces secretario de Gobierno, Mauricio Dova”.
“Cucco no se defendía de nada pues quien ordenó el descuento fue el referido secretario. Lo que Cucco hizo fue limitarse a comunicar esta decisión. La contraorden nunca existió jurídicamente y lo que pretendía era cubrir a quien sí dio la orden”, aseguró Fernández Sardina.
El abogado pidió incorporar como elemento probatorio una petición del PJ riocuartense emitida en 18 de julio de 2016 y firmada por Hugo Abraham y Víctor Núñez. En la nota, los dirigentes le solicitaron al intendente Juan Manuel Llamosas “… realizar los descuentos pertinentes al Partido Justicialista a los funcionarios municipales que a continuación se detallan (sic) en sus respectivos porcentajes, como establece nuestra Carta Orgánica partidaria en su artículo 104”. Además, sugirieron que a “todo el personal que ingrese al área municipal contratado, de Gabinete o Político, se le efectúe automáticamente el 2% de sus haberes para agilizar los pedidos de cada repartición municipal”. Ante el pedido, el secretario de Economía ratificó que “no se debían efectuar las quitas a los empleados contratados y de gabinete. Pero “el error”, finalmente se concretó.
La apelación ante el Tribunal Superior pondrá nuevamente en debate los argumentos de la defensa y los cuestionamientos técnicos a la resolución de la Cámara. Aunque el fallo del máximo órgano provincial se conocería después de las elecciones municipales, en el Palacio de Mójica encienden las señales de alerta ante un eventual juicio oral. Susana Cucco no podrá solicitar la probation por tratarse de una funcionaria pública y enfrentaría una pena excarcelable en el caso de una eventual condena. Una noticia inesperada en tiempos donde la sensibilidad política no da para sustos.