Por Pablo Callejón
Son más de 57 millones de pesos por mes y podrían alcanzar los 660 millones al año. La recolección, barrido y tratamiento de la basura es un servicio cada vez más caro en Río Cuarto y en el país. Los desechos que producimos a diario están lejos de convertirse en una oportunidad. Derivan en un problema ambiental y económico complejo, con altos costos financieros para las endebles arcas municipales.
La Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A. (Cotreco) está en convocatoria de acreedores y este debería ser motivo suficiente para la caída del vínculo contractual. Según surge del pliego de licitación del sistema de higiene urbana 01/2017 (Condición 9.5.3.), “de producirse la presentación del contratista en Concurso Preventivo, por sí o por pedido de las partes, ó de serie pedida su quiebre ó liquidación, se tendrá por automáticamente rescindido el contrato por culpa del contratista”. La letra es clara, la sola presentación es causal de revocación del acuerdo. El municipio prefirió aceptar las condiciones del juez del Concurso, Hernán Papa, y continuar la relación para evitar un costo político aún mayor: el plan B no existe y generarlo, implicaría que el Gobierno asuma el control de la prestación hasta avanzar en otra alternativa.
De los 43 millones 600 mil pesos que se derivan cada mes a la recolección de residuos, más de la mitad, unos 24 millones de pesos, son destinados al pago de salarios y ropa de los trabajadores. El resto de los gastos incluye mantenimiento de vehículos, combustibles, neumáticos y gastos generales. El punto de mayor debate es el beneficio directo para la empresa, que supera los 3 millones 600 mil pesos.
En el caso del barrido, a partir del nuevo aumento aprobado por el Tribunal de Cuentas, el municipio aporta mensualmente 8 millones 500 mil pesos. Entre las ganancias empresarias y el IVA, el Estado destina 2 millones 230 mil pesos. La mano de obra, que resiste al arribo de barredoras, requiere de otros 5 millones 600 mil pesos.
Los números se elevan a partir de una actualización automática que le asegura a Cotreco un canon acorde a la evolución inflacionaria. Ni siquiera el pago con cheques diferidos impide que la empresa exija una compensación económica.
Uno de los costos que provoca mayores cuestionamientos desde la oposición está vinculado a la disposición final de los residuos. El procedimiento exige más de 4 millones de pesos mensuales y debería complementarse con una planta de tratamiento de residuos. El pliego licitatorio obliga a Cotreco a presentar ante el órgano provincial competente un estudio de impacto ambiental en un plazo de 90 días posteriores a la firma del convenio. Además, intima a iniciar la construcción en un periodo no mayor a los 60 días tras la aprobación del informe. Solo por el desarrollo de la planta, la empresa reciben casi 500 mil pesos mensuales aunque la planta nunca se comenzó a edificar, según denunciaron desde los bloques de concejales de Respeto y Cambiemos.
Cotreco no se fue de Río Cuarto, pero dejó de ser prestataria del servicio en Córdoba capital. La salida se produjo en medio de denuncias por incumplimientos y una demanda millonaria de la empresa que el municipio capitalino se niega a reconocer.
La recolección de basura también genera un alto costo económico para los cordobeses. Son 475 millones de pesos mensuales, según surge de los cuatro decretos por redeterminación de precios publicados por el municipio. Desde el diario La Voz del Interior señalaron que implica una suba de 41 millones de pesos en relación a diciembre del 2018, cuando comenzó a ejecutarse el nuevo proceso de adjudicación.
El pasado 13 de septiembre, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) confirmó allanamientos de la Justicia en varios domicilios de Cotreco en Córdoba, Rosario y Buenos Aires por la presunta evasión de 186 millones de pesos.
Aunque el presidente de la firma Horacio Busso negó que exista una deuda con el organismo nacional, el fiscal municipal Julián Oberti advirtió que los montos fueron verificados en el concurso de acreedores.
La AFIP sostuvo que la empresa realizaba una “apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social con el fin de perjudicar las acciones de cobro del fisco”. Además, denunció a Cotreco por “ceder facturas a fideicomisos creados a tal fin y en garantía a favor de prestamistas, sacando de esta forma créditos a cobrar de su patrimonio, para finalmente presentarse en concurso preventivo».
La creación de un plan de integral de higiene ambiental y el proceso de licitación que ratificó a Cotreco como prestador no alcanzaron para mejorar el servicio ni garantizar un tratamiento adecuado de los residuos. La empresa está en convocatoria y denunciada penalmente, el poderoso gremio del Surrbac tiene a sus máximos responsables presos en el penal de Bouwer y las arcas municipales están cada vez más afectadas por la baja en la recaudación, el impacto de la deuda y la suba de costos por una inflación desbocada. Es un combo explosivo que necesita del amparo de un juez Buenos Aires para evitar una salida de urgencia. Un escenario que el Gobierno de Juan Manuel Llamosas necesita evitar en la previa a la disputa electoral por el sillón de Mójica. Si “conmigo, Cotreco se va” puede ser un mal recuerdo, la presencia de basura en las calles se revelaría como la postal que nadie estaría dispuesto a digerir.