El Gobierno finalmente oficializó el otorgamiento de un bono de $5.000 para empleados estatales, efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad nacionales. Al la par, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en marcha el sistema para que los trabajadores en relación de dependencia accedan al beneficio del decreto 561/2019 que habilita al Estado a financiar hasta $2.000 de sus aportes personales.
A través del decreto 589/2019 publicado en el Boletín Oficial, se determinó el otorgamiento de «una suma fija remunerativa no bonificable por única vez» a partir del primero de septiembre próximo al personal comprendido en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.
En los considerandos se incluye la medida en «las políticas propiciadas por la Administración Nacional, tendientes a minimizar el impacto negativo de los acontecimientos económico-financieros por los que atraviesa el país, es preciso considerar la situación particular en la que se encuentra el personal perteneciente a la Administración Pública Nacional, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Federales».
Al mismo tiempo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en marcha el sistema para que los trabajadores en relación de dependencia accedan al beneficio del decreto 561/2019 que habilita al Estado a financiar hasta $ 2000 de sus aportes personales.
El artículo cuarto de esa norma estableció que a los trabajadores cuya remuneración imponible sea inferior o igual a $ 60 mil, durante los períodos devengados de agosto y septiembre de este año, el Estado les financiará una suma equivalente de hasta $ 2000 o el 100% de sus aportes personales (el que resulte menor entre ambos importes).
En la resolución general 4558, publicada en el Boletín Oficial, se detalla que la AFIP adecuará las herramientas informáticas para que los empleadores puedan presentar las declaraciones juradas de seguridad social con el beneficio que la norma dispone para los mencionados meses.
Este reintegro forma parte de las medidas impositivas anunciadas en las últimas semanas por el Gobierno para aliviar la situación de los trabajadores y las Pymes, junto con la suba en el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, el nuevo plan de pagos para deudas vencidas de hasta 120 cuotas y la suspensión de los embargos para las Pymes por 90 días, entre otras.