Tras la elevación a juicio la causa por estafas al Edecom, se conocieron los detalles de la resolución del fiscal de Instrucción Fernando Moine. El perjuicio a la Administración Pública fue de $189.130,19.
Según informó el programa Póster Central, de FM Gospel, Carolina Noemí Torres está imputada por Fraude en Perjuicio de la Administración Pública y Estafa por Suscripción de un Documento, en concurso ideal, por los hechos ocurridos entre octubre de 2017 y marzo de 2018.
Torres se desempeñaba omo personal de gabinete en la Dirección General Administrativa, del Departamento de Control y Ejecución Presupuestaria, División Egresos, perteneciente al Ente Descentralizado de Control (EDECOM).
Para Moine, Torres «realizó de su puño y letra la confección de diez cheques librados por cuenta y orden de la Municipalidad, efectuados en chequeras habilitadas, corrientes, al portador, y con firmas de dos autoridades en forma conjunta, las cuales no se correspondían con ninguna orden de pago emitida por la Administración».
El informe reveló que la imputada «entregó los cheques a terceros ajenos al ente de control -quienes habrían desconocido su origen ilícito- para lograr su cobro, perjudicando así a la administración pública».
«De esta forma, Torres obtuvo fraudulentamente los valores, posiblemente utilizando la maniobra engañosa de reimprimir órdenes de pago -que oportuna y debidamente ya habían sido abonadas por la Administración-, y que utilizó para inducir en error a las autoridades del Directorio del EDECOM, quienes en forma conjunta rubricaron en consecuencia los correspondientes cheques para el pago de las “ordenes mellizas”», indicó el fiscal.
Moine precisó que «en cinco oportunidades y como parte de la maniobra fraudulenta, la encartada falsificó la firma del Presidente del EDECOM, Pablo Fabián Pellegrini».
«Torres generó un “falso expediente” para la activación del mecanismo de pago que habitual y exclusivamente realizaba la agente municipal. Tras la obtención de los cheques, Torres desvió su destino entregándoselos a personas ajenas a la Administración -quienes habrían desconocido su origen ilícito- como forma de pago de compras personales efectuadas por la imputada, o para que indebidamente estos terceros cobraran los valores en la entidad bancaria y le hicieran entrega del dinero así obtenido», subrayó el fiscal.