Parlamentario – Será difícil que un debate de estas características vuelva a instalarse en un año electoral y con la misma composición de las Cámaras. Sin embargo, el proyecto de despenalización y legalización del aborto será presentado este martes por octava vez en la Cámara de Diputados y sus promotoras buscarán darle un empujón para mantener vivo el reclamo.
Una vez más, la iniciativa contará con apoyo multipartidario, lo que quedará plasmado en las primeras 15 firmas. Victoria Donda (Somos) volverá a encabezar el listado, y le seguirán Brenda Austin (UCR), Mónica Macha (Frente para la Victoria-PJ), Romina del Plá (Partido Obrero) y Cecilia Moreau (Frente Renovador).
La lista de primeros firmantes se completa con Carla Carrizo (Evolución), Daniel Lipovetzky (Pro), Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista), Nicolás del Caño (PTS), Carolina Moisés (Justicialista), Daniel Filmus (Frente para la Victoria-PJ), Mayra Mendoza (Frente para la Victoria-PJ), Silvia Lospennato (Pro) y Hugo Yasky (Frente para la Victoria-PJ).
En la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, esperan superar el récord de 71 firmas que se alcanzó el año pasado, sumando a diputados que votaron a favor aquel recordado 14 de junio, cuando el proyecto fue aprobado con 129 votos a favor, 125 en contra y una sola abstención.
La nueva redacción fue consensuada en un plenario de la Campaña que se realizó en marzo pasado en la Universidad Nacional de Córdoba. Según el texto que será presentado formalmente este martes, las mujeres e “identidades con capacidad de gestar” podrán acceder al aborto voluntario, legal y seguro hasta la semana 14 de gestación.
Esta práctica debería garantizarse de forma gratuita en hospitales y centros de salud públicos y con una cobertura total si se cuenta con obra social, mutual o prepaga, dado que se exige que la práctica sea incluida en el Plan Médico Obligatorio.
Se establece un sistema mixto de plazos y causales: más allá del plazo de las 14 semanas de gestación, las mujeres y personas con capacidad de gestar tendrían derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) en caso de violación o si corre riesgo su vida o su salud integral.
El proyecto propone la completa despenalización de las personas que deciden abortar y no incluye la objeción de conciencia, ya que considera esta práctica de salud como “un derecho, cuyo ejercicio no puede negarse ni vulnerarse por creencias religiosas, valores personales o morales”.
Claves
El nuevo texto, en el que se buscará lograr una adhesión de firmas superior a las del año pasado (fue de 71 diputados), recoge aspectos de la iniciativa aprobada en la Cámara baja y de los aportes que fueron fruto del extenso y ejemplar debate que se llevó a cabo a través de numerosas audiencias públicas.
El artículo 1° de la nueva redacción establece que toda mujer u “otras identidades con capacidad de gestar” -figura que se introdujo ahora- tienen derecho a “decidir voluntariamente” y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional.
En tanto, en las causales de IVE más allá de ese plazo ya no se encuentra la “inviabilidad de vida extrauterina del feto”, sino que quedan establecidos los casos en los que el embarazo fuera producto de una violación o si estuviera en riesgo la vida de la mujer o persona gestante.
Otro de los artículos indica que “si la interrupción voluntaria del embarazo se llevara a cabo en un establecimiento de salud, sus autoridades deben garantizar la realización de la práctica sin requerir autorización judicial previa”.
Este nuevo proyecto no contempla la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, un punto que fue clave para alcanzar consensos durante la discusión en el Congreso.
En cuanto a los cambios en el Código Penal, el artículo 88 que se propone reemplazar expresa que “la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro/a se lo causare en ningún caso será penada”.