Detuvieron al ex jefe de Investigaciones Gustavo Oyarzabal en la causa por narcotráfico y lavado de activos. El escandaloso escenario tras el crimen de Claudio Torres revela la fuerte complicidad de las fuerzas de seguridad con los narcos.
Dos gendarmes que encabezan operativos de narcotráfico fueron condenados por vínculos con bandas delictivas y el ex segundo jefe de la Unidad Departamental, Leonardo Hein, llegó a juicio tras conocerse escuchas con narcotraficantes.
Fuente: Video de El Observador – Periodismo Ciudadano
Además de Oyarzabal, anoche la Justicia federal detuvo a otro sujeto y a una mujer. Además, se entregó un hombre sospechado de participar de las actividades delictivas.
El ex jefe de Investigaciones fue obligado a retirarse de la fuerza mientras investigaba el crimen de Torres y 30 días después es detenido por presuntos vínculos con el lavado de activos y venta de drogas.
«Connivencia»
Rosa Sabena, madre de Nicolás, volvió a lanzar duros cuestionamientos a Oyarzábal, a quien denunciò hace 8 años por encubrir a los Vargas Parra, principales sospechosos por la desaparición de su hijo.
La abogada afirmó que Oyarzábal «le armaba causa a detenidos y había connivencia con los fiscales»
«Cuando la Justicia me cerraba las puertas y encubría a narcotraficantes, ustedes, los periodistas, me dieron voz», enfatizó.
Rosa sostuvo que «desde hace mucho tiempo había información de que Oyarzábal estaba involucrado pero no se podía comprobar totalmente» y agregó que el jefe de Investigaciones «le armaba causas a los detenidos».
Indagatorias
Durante 6 horas y bajo un calor sofocante que superó los 33 grados al mediodía, se produjo el pasado jueves el inicio las indagatorias. Fueron trasladados tres de los doce detenidos por la causa de narcotráfico y lavado de activos que tiene en vilo a los riocuartenses. A pesar de un procedimiento cinematográfico de seguridad, en el que intervinieron Gendarmería y efectivos de operaciones especiales de la Policía Federal, el hermetismo en el edificio del Juzgado Federal impidió difundir información oficial sobre la identidad de los acusados y el resultado de sus indagatorias.
Durante la mañana familiares de los sospechosos llegaron sin ser advertidos hasta los alrededores del edificio en calle Sobremonte al 900. Ninguno de ellos pudo acceder a los imputados, quienes eran trasladados con sus rostros cubiertos y acompañados por agentes fuertemente armados. Cada procedimiento despertó la sorpresa y el malestar de vecinos y comerciantes que transitaban por el sector. Todos fueron testigos de las derivaciones judiciales por el crimen de Claudio Torres y la vida ostentosa, con lujos millonarios, que el Zar de la droga compartía con sus cómplices.
Ni siquiera los abogados fueron autorizados a manifestar breves comentarios sobre la indagatoria de sus defendidos, ni pudieron llevarse copias de lo actuado. La confirmación sobre el nombre de las personas trasladadas es notificada minutos antes del inicio del operativo y desde el Juzgado pidieron a los letrados que «nunca apaguen el celular». Las citaciones continuarán este viernes y seguirán hasta el próximo martes.
Los detenidos son derivados individualmente desde la Unidad Penitenciaria Número 6, donde están alojados en celdas diferentes y bajo una severa custodia. En la causa rige el secreto de sumario y la Justicia Federal espera que alguno de los detenidos se quiebre y pueda dar información que derive en nuevos allanamientos y detenciones.
AL ingresar al Juzgado Federal, los acusados son llevados hasta una oficina donde solo puede ingresar su abogado defensor. En los pasillos internos del Juzgado y el exterior del edificio, policías vestidos de negro buscar resguardar la integridad de los imputados, quienes siempre llevan colocado un chaleco antibalas.
Un viejo conocido
Claudio Torres no era un desconocido para la Justicia Federal y las fuerzas de Seguridad, pero nada lo detuvo. La descripción surgió en plena investigación por la causa de los “narcogendarmes” que reveló la complicidad de agentes de investigación de Gendarmería con el tráfico de drogas y el nexo con la instrucción paralela por otro capítulo escandaloso que tuvo al ex segundo jefe de la Unidad Departamental, Leonardo Hein, como uno de los procesados y luego condenado por una calificación mucho más leve.
Según señaló el gendarme Luis Amado Naser en su declaración indagatoria del 8 de agosto del 2018 ante la Justicia Federal, en el 2015 el comandate Sanabria, quien era el jefe superior de Naser y Moya en Gendarmería, “les ordenó que debían trabajar con informantes”. En abril de ese año, Naser y Moya toman contacto en el barrio Cola de Pato con Carlos Grich y lo sumaron como colaborador. Grich es quien aparece en las escuchas telefónicas junto al ex comisario Hein.
Tras acordar con los gendarmes, Grich se reunió con Darío Correa, quien fue acusado en el juicio como el jefe de la banda Narco que participó del procedimiento en la Terminal de Omnibus donde fueron a buscar un paquete de drogas enviado desde Orán, en Salta, y se reveló públicamente la trama de comercialización de drogas entre narcos riocuartenses y agentes de seguridad.
Según relató Naser, Correa les vendía información sobre operativos que se iban a efectuar a cambio de dinero en efectivo.
“Pasado un tiempo, siguieron trabajando mucho más en contacto con Correa que con Grich, porque Correa les dio datos de Claudio Torres”, afirmó Naser, según surge de la sentencia publicada por el Poder Judicial. El gendarme dio nombre y apellido del zar de la droga y destacó que “Correa y Coria le hacían de transportistas a Torres”
El acusado dijo que “le comunicó esta situación al Comandante y el no quiso informarla al Juzgado”. El acusado relató que Sanabria “quería tener más causas, una para Coria, otra para Torres y otra para Correa”. Naser afirmó que “no tenía el cargo ni la jerarquía para informar esto directamente al Juzgado Federal” y que “si se hacía algo diferente a lo que él –comandante- decía amenazaba con darles el pase”. Hace años sabían de Torres pero nunca fue procesado, ni detenido.
El crimen
A las 21 horas del martes 15 de enero Claudio Torres fue ultimado a balazos cuando salía de su vivienda en Laprida al 1264, en el barrio Fénix, mientras que el acompañante en el vehículo Audi A5, su hermanastro Germán Saliva, se salvó de milagro tras ser baleado en el mismo ataque. Torres llevaba una pistola calibre 6.25 que no pudo llegar a disparar.
Torres recibió ocho impactos de bala de grueso calibre. El homicida lo esperó pacientemente y luego huyó en una Renault Kangoo, que fue abandonada en cercanías del puente Antártida Argentina sobre la ruta nacional 8.
Una de las cámaras de seguridad mostró al sicario con las armas de fuego e iniciar la ráfaga de más de una decena de disparos calibres 11.25 y 9 milímetros.
Desde el Juzgado Federal aseguraron que Torres era investigado desde hacía dos años y que tarde o temprano se iba a determinar su detención. El asesino se anticipó a la Justicia y destapó una olla con un hedor que pondría en jaque hasta las propias fuerzas de seguridad.
Tras el crimen, con el aporte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se allanaron 46 domicilios y fueron detenidos 11 riocuartenses por narcotráfico y lavado de activos. Además, se labró la orden de captura de otros cinco sospechosos.
En el mega operativo fue secuestrada documentación, armas de fuego, 10 automóviles, 3 motocicletas y electrodomésticos por un valor millonario. También se incautaron 2,5 millones de pesos y unos 80 mil dólares.
Entre los detenidos aparecen Andrés y Mariano Rivarola, propietarios de una pollería frente a la Plaza San Martín. También está entre rejas el hijo del hombre asesinado, el supuesto guardaespaldas de Torres de apellido Bossi y “El Turco” Saliva, un sujeto conocido en el ambiente narco de la ciudad.
Otro de los detenidos, según publicó el semanario Otro Punto, sería yerno del ex jefe de la Policía Federal de Río Cuarto. Se trata de Jonathan Monserrat, familiar de quien hasta diciembre de 2018 era el jefe de la Policía Federal Delegación Río Cuarto, Sergio Almerich.
Almerich se venía desempeñando como subjefe y en enero de 2018 asumió como nuevo jefe de la Policía Federal de Río Cuarto. En diciembre de este año habría sido trasladado a Bariloche.
“El Zar”
Torres era considerado “un zar” de la droga en Río Cuarto y no ocultaba su vida de ostentaciones. En su sitio personal de Facebook, a la par de fotos con su hijo, aparecían autos y motos lujosas y hasta comentarios de sus viajes a Europa. Estaba a la vista de todos, incluso, de la propia Justicia. Tenía varias propiedades en su poder, entre ellas un complejo de cabañas en Alpa Corral por un valor de 3 millones pesos. Además, tenía vínculos con agencias de autos que fueron allanadas y aseguraba poseer su propio local de ventas de vehículos de alta gama en Buenos Aires. Sin embargo, la sospecha de la Justicia Federal es que su enorme y febril crecimiento económico estaba ligado con la comercialización de drogas y la trata de personas a través de la prostitución. Los vínculos de Torres como proxenetas llegaban hasta España.
Según publicó el diario Clarín, Torres compraba la droga a mayoristas en Capital Federal, se acopiaba en Córdoba y de allí se distribuía a otras provincias.
El antecedente penal de Torres se remonta a 2014, cuando intentó cruzar a Paraguay por el puente San Roque González de la Santa Cruz, que comunica Posadas con Encarnación y fue demorado debido a una condena por “lesiones graves” por pegarle a una mujer. Había sido condenado a tres años de prisión efectiva. Como la sentencia no estaba firme no lo apresaron en el momento del veredicto y Torres se fue a España, donde aguardó la prescripción de la pena. Allí habría generado contactos para sus operaciones como proxeneta. Tomó tanta repercusión interna la fuga del acusado, que los magistrados resolvieron mantener la prisión de los condenados a pesar de que no hubiera sentencia firme.
El padre de Torres también había sido juzgado en un caso por homicidio y tráfico de drogas.