Según el parte médico de la anciana rescatada del geriátrico en calle Nebwery al 600 -clausurado en la mañana del martes – sufría «deterioro cognitivo, en contexto de demencia y postración».
El examen médico reveló «estado de abandono, déficit higiénico importante y evidente que impresiona». Además, padecía «escaras, roncus por acumulación de secreciones y postración» y «síndrome anémico crónico».
El dato surge del informe elevado por el médico que asistió a la jubilada y fue entregado a la obra social del Pami.
Denuncia
Tras una denuncia del Pami, el Rugepresa resolvió clausurar un geriátrico en calle Newbery al 600 que funcionaba sin autorización y donde fue rescatada una anciana con escaras tipo cuatro. La mujer será derivada a una clínica privada, según confirmó Gonzalo Luján, titular del Pami, Río Cuarto.
La propietaria del lugar admitió en diálogo con Telediario que funcionaba sin autorización y dijo que los ancianos alojados «fueron retirados en el transcurso del día»
«Es verdad que había una abuela con escaras tipo cuatro, el hijo la trajo así. La llevamos al Privado del Boulevard y la asistieron. Tengo testigos que pruebas que acá no se enfermó. Los médicos nos dijeron que no estaba para internarse. Vino un médico cirujano para curarla», admitió.
La mujer dijo que no tiene médicos en el lugar, sino que trabaja «con los especialistas de cada familia»
«Trabajo con abuelos y los trato bien, me voy a arriesgar para abrir nuevamente con todas las leyes», dijo la mujer, quien reconoció: «Son muy comunes los maltratos. Yo he trabajado en geriátricos y los he visto golpeado y dopados»
«No están dispuestos a controlar»
«La Municipalidad inspecciona un puesto de choripán pero no está dispuesto a controlar un geriátrico donde hay vidas humanas riocuartenses en riesgo» Lo dijo Gonzalo Luján, titular del Pami, quien adelantó que este martes habrá «una nueva clausura por una persona que rescatamos el viernes con escaras tipo 4»
Sobre las víctimas fatales, el funcionario dijo que desconoce si han imputados aunque sostuvo que «estos abuelos ingresaron a las clínicas en estado grave y a las pocas horas fallecieron»
«La escara grado cuatro no es una simple llaga, sino que es una lesión que ha tomado el músculo. Esto habla del estado de abandono. Son situaciones desesperantes», aseveró.
Para Luján, «el Pami intervino aunque no es su responsabilidad porque no tiene el poder de Policía»
«Pido una reunión con el intendente Llamosas para que antes de debatir en el Concejo conozca esta dramática realidad», insistió.
En dos semanas
El Concejo Deliberante trataría la nueva ordenanza sobre geriátricos en dos semanas, según afirmó el concejal de Unión por Córdoba, Marcelo Bressan, tras el contundente informe que reveló la muerte de 4 ancianos en los últimos dos años en Río Cuarto. «La semana próxima el proyecto será despachado y en la semana siguiente estimamos que ingresará al recinto para su tratamiento», anticipó.
Bressan sostuvo en diálogo con Telediario que «cada jubilado cobra $8,092 pesos por mes y un geriátrico habilitado tiene un costo de más de 20 mil pesos por mes, en una ecuación difícil de sostener»
«Hay además, personas enfermas que no deberían estar en geriátricos, sino en nosocomios donde puedan ser atendidos correctamente», enfatizó.
Para el edil oficialista, «los abuelos son depositados en hogares ilegales por familias que los dejan a la deriva, sin ningún tipo de control».
«Estamos trabajando en una ordenanza pero hubo demoras porque hay que armonizar todo con la ley provincial, que le quita funcionalidad al municipio. Actuamos en conjunto con el Rugepresa y el Pami, pero hay una realidad que es lo económico y escapa al poder municipal», señaló.
La vida de nuestros viejos
* Por Pablo Callejón
A Mirta la hallaron postrada, con un cuadro de deshidratación severo y escaras en la pelvis que revelaban un abandono que la disponían al borde de la muerte. Tenía 73 años y sus familiares no recordaban qué medicación tomaba a diario. Tras un allanamiento de la Justicia en el geriátrico de Alberdi pudieron salvarla.
Malvina tiene discapacidad mental y a los 56 años estaba alojada en un hogar clandestino sobre calle Liniers. Fue encontrada con un compromiso muscular y vascular con alto riesgo de amputación por haber sido mordida por un perro. Fue derivada al Hospital, donde permanece internada.
A los 70 años, José debió sobrevivir a la desidia y los golpes. El allanamiento en el geriátrico de General Bustos lo halló postrado en silla de ruedas y llevaba días sin higienizarse. Tenía signos de violencia en la espalda y no era asistido por su hernia.
Desnutrida y con escaras grado 4, a los 82 años Irene llegó al Hospital en un estado desesperante desde el hogar en calle Vélez Sarsfield. Allí comprobaron que sufría un cuadro de deshidratación permanente. Tras un año de asistencia, aún permanece internada.
José Antonio hacía dos años que no era sometido a un control médico. Sufría bajo peso y tenía su botón gástrico infectado. Las heridas en los glúteos denunciaban un abandono de higiene. Fue rescatado de un geriátrico en calle General Bustos y murió a los pocos días.
El gravísimo cuadro de Amalia impidió salvarle la vida. A los 88 años caminaba desorientada por la vivienda en Ituzaingó. Sufría una desnutrición severa y deshidratación grave.
Sin familiares a cargo, la vida de Naria fue un martirio hasta su muerte. A los 73 años, enfrentaba un abandono de su higiene y salud que anticipaban el peor final. No había en el lugar antecedentes de asistencia farmacológica. Murió poco días después del allanamiento.
Los datos surgen de un informe elaborado por el PAMI desde las intervenciones iniciadas en septiembre de 2016. La primera denuncia se radicó en barrio Alberdi y desde entonces, hubo 48 lugares inspeccionados y 32 clausuras. De total de abuelos rescatados, cuatro fallecieron por la degradación de sus cuadros clínicos y muchos sufren secuelas irreparables.
La exposición pública del estado desesperante del sistema de geriátricos derivó en un acuerdo entre el municipio y el gobierno provincial, que posee el poder de policía para habilitar y controlar los hogares a través del Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud (R.U.Ge.Pre.Sa.). El organismo estatal debe realizar “el monitoreo funcional, verificar la viabilidad de su funcionamiento, evaluar la calidad de la prestación y analizar indicadores sanitarios”, según surge de la página oficial.
La ineficacia en los controles quedó expuesta brutalmente en las imágenes entregadas a la Justicia como documento revelador de lo que ocurre a diario en los geriátricos allanados.
En el 2013, durante la intendencia de Juan Jure, un informe elaborado por la arquitecta Iris Figueroa y el Área de Adultos Mayores de la Municipalidad, ya advertía que solo 5 de los 55 hogares evaluados estaban habilitados.
“Encontramos en algún caso, hasta 20 personas que eran tuteladas por una empleada que los bañaba los, hacía la comida y limpiaba la casa. En estos hogares no se cumplía con los ingresos, las habitaciones no tenían iluminación ni ventilación. Veíamos cosas tremendas: cables colgando, calefactores que funcionaban mal, un nivel terrible. Lamentamos que no se haya hecho nada”, admitió la especialista en declaraciones a Telediario.
Este año, el director del PAMI Río Cuarto, Gonzalo Luján, lanzó una junta de firmas para modificar la ordenanza municipal a través de una iniciativa popular. Tras reunir 6 mil adhesiones presentó un proyecto en el que advirtió que “la mayoría de los geriátricos se encuentran sin habilitación, malas condiciones edilicias y de salubridad y una notoria falta de cuidados de los pacientes”.
Luján alertó que la auditorias del Ministerio de Salud de la Provincia y lo allanamientos judiciales revelaron el padecimiento de abuelos “con cuadros graves de desnutrición y deshidratación, falta de controles y supervisión médica y ausencia de criterios nutricionales básicos”
En Río Cuarto se estima que funcionan un centenar de hogares que sobreviven a las clausuras sistemáticas. “Cierran en un lado y abren en otra vivienda, en una situación que tienen a perpetuarse”, alertaron desde la obra social.
A la par de la negligencia familiar y la incapacidad de control del Estado, se multiplican los pedidos para alojar a los ancianos que serán abandonados a su suerte. Cada vez son más los abuelos inmersos en un sistema que se alimenta de sus propias miserias. Cuando cierra un geriátrico surge un dilema asfixiante y recurrente: faltan lugares habilitados para alojar a las víctimas.
La iniciativa del titular de la delegación local de la obra social buscaba generar un registro de geriátricos y de personas alojadas, con el dato de quien sería “el familiar responsable”.
El proyecto le otorgaba al municipio una mayor potestad en los controles y el Gobierno lo entendió como una jugada política. El concejal de Unión por Córdoba, Marcelo Bressan, consideró “un despropósito” que el municipio asuma la contención de los abuelos geriatrizados “por falta de cobertura del PAMI”.
En agosto el debate comenzó en el Concejo Deliberante sin demasiada suerte. El oficialismo y el bloque de Respeto sumaron su propio proyecto y desde el municipio negaron que exista un “estado de emergencia geriátricas”. La concejala de Unión por Córdoba Andrea Petrone se mostró confiada en declaraciones al diario Puntal sobre un “proyecto único que incorpore las tres propuestas”, pero el debate no alcanzó consensos y no será debatido en lo que resta del año. Aunque no se buscara arrebatarle a la Provincia el poder de policía, el municipio rechazó el traslado de mayor responsabilidad con altos costos políticos. La fangosa realidad de un drama social que se lleva la vida de nuestros viejos.
Foto: Archivo