La nueva ley para regular el mercado de los alquileres, solicitada por el presidente Mauricio Macri, obtuvo dictamen este martes en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados y quedó en condiciones de ser tratada antes de fin de año en el recinto, donde se espera el apoyo de buena parte de la oposición, según informó El Parlamentario.
«Hay muchos acuerdos informales en sectores vulnerables que deben ser contemplados», resaltó Ismael Rins, Defensor del Pueblo, en diálogo con Telediario.
Proyecto
El dictamen incorporó una serie de modificaciones al proyecto que había aprobado el Senado por unanimidad el 23 de noviembre de 2016, por lo que si resulta aprobado en Diputados deberá volver a la Cámara alta para la sanción definitiva.
El Frente para la Victoria-PJ, el interbloque Argentina Federal y Felipe Solá, titular de la Comisión de Vivienda, acompañaron el despacho de mayoría con disidencias, mientras que Carla Pitiot (Frente Renovador) encabezó una propuesta alternativa en conjunto con Marco Lavagna.
“Hace 30 años que no hay una ley de alquileres en Argentina. La última fue durante el gobierno de (Raúl) Alfonsín”, recordó el presidente de Legislación General, Daniel Lipovetzky, y agregó: “Con este tratamiento estamos resolviendo una omisión para una situación que involucra a más de siete millones de argentinos vinculados a un contrato de locación de vivienda”.
El proyecto dictaminado este martes establece un mecanismo de actualización semestral para los contratos de alquileres -el Senado había votado un reajuste anual-, con un valor que resultará de un promedio entre la inflación (IPC) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) medidos por el Indec “para dar previsibilidad sobre todo a los inquilinos, que son el eslabón más débil de la relación”, explicó Lipovetzky.
El macrista también destacó la ampliación de la duración del contrato de dos a tres años, que “da mayor certeza y tranquilidad” y “resuelve el trauma de los inquilinos, que al año de alquilar ya están pensando en que tienen que cambiar de vivienda”. Sin embargo, para locaciones que no estén destinadas a vivienda el plazo será de dos años.
Otro de los puntos principales -el que generó mayor discusión- tiene que ver con impedir que los propietarios impongan las garantías del alquiler a los inquilinos. Es decir, el locatario podrá ofrecer una garantía real, un aval bancario, un seguro de caución, un recibo de sueldo o una garantía de fianza. “Es un cambio revolucionario”, destacó Lipovetzky.
El proyecto había sido dictaminado el año pasado en la comisión tras una serie de reuniones informativas, pero dado que no se trató en el recinto, ese despacho cayó. El debate se reactivó ahora tras el pedido de Macri y podría llegar al recinto de Diputados después del tratamiento del Presupuesto 2019.
Según explicó el Gobierno, el proyecto incluye:
* Contratos a 3 años como plazo mínimo legal, en lugar de los dos que se firman en la actualidad. Esto generará menores costos para los inquilinos a la hora de renovar.
* Actualización de los alquileres según inflación y la evolución de los salarios. El precio se ajustará semestralmente, y se utilizará una fórmula conformada por partes iguales, con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
* Mayor acceso a una garantía: se exhorta a los propietarios a aceptar como variante garantía real, aval bancario, seguros de caución, garantía personal con certificado de ingresos o garantía de fianza.
* Formalización de los contratos: una de las intenciones del Gobierno con esta medida es que se blanqueen los alquileres ante la AFIP, con el fin de incrementar la recaudación. Cabe recordar que los trabajadores tienen la posibilidad de deducirlos de Ganancias.
* Las comisiones estarán a cargo del propietario bien y no de los inquilinos.