La sala I de la Cámara Federal ratificó este lunes el procesamiento de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por lavado de dinero a través del alquiler de plazas hoteleras de la firma Hotesur. De esta manera, la ex mandataria quedó a un paso del juicio oral.
La resolución fue firmada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes también confirmaron los embargos de 800 millones de pesos sobre cada uno de los acusados.
Según la sospecha de los investigadores, el dinero que el empresario Lázaro Báez aportaba por el alquiler de plazas hoteleras era parte de retornos por ganar las licitaciones de obra pública durante el kirchnerismo.
A las puertas del juicio por Hotesur también quedaron Martín Báez; Víctor Manzanares, contador de los Kirchner; la sobrina de la ex presidenta, Romina Mercado; y Osvaldo Sanfelice, quien administraba los negocios inmobiliarios de la familia.
La acusación detalla la supuesta maniobra a través de la cual los Kirchner se hicieron de los fondos para comprar los hoteles y luego administrarlos, tarea que había sido cedida a una de las firmas de Báez, Valle Mitre SRL.
La hipótesis de la investigación señala que fue Báez quien les prestó dinero para comprar los hoteles y también pagó mensualmente un alquiler para que Valle Mitre los explotara, como mecanismo para blanquear dinero proveniente del delito originado en la adjudicación de obra pública a favor del empresario, detenido en la cárcel de Ezeiza desde abril de 2016.
Según se estableció en la causa, fueron un total de 86 los millones que desembolsó Valle Mitre a Hotesur por el pago de cánones de alquiler de habitaciones de los distintos hoteles del matrimonio Kirchner: Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea.
La empresa Valle Mitre «sin contar con capacidad económica ni experiencia en el rubro, administró el hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas -propiedad de la familia Kirchner- y abonó mensualmente en concepto de cánones locativos, sumas de dinero que finalmente se introdujeron en el patrimonio de aquellos, todo con miras a ocultar la fuente real de los fondos y a otorgarles apariencia de lícitos».
De esta forma, Cristina de Kirchner recibe un panorama complicado en material judicial para el 2019: en febrero ya tiene fijada para el 26 el comienzo del juicio oral y público por fraude en la obra pública, en tanto que ese mismo año podría darse inicio al debate por el caso «Los Sauces».
Fuente: Ámbito.