El ministro de Energía, Javier Iguacel, anunciaría en las próximas horas aumentos de tarifas de electricidad y gas, según publica el diario Ambito. La versión encontraría fundamento en la necesidad urgente del gobierno de reducir el gasto fiscal.
Sin embargo, el Ministerio de Energía no puede anunciar un aumento de tarifas sin haber convocado antes a audiencia pública. Desde agosto de 2016, después del fallo de la Corte Suprema, la cartera energética realizó audiencias para debatir el precio mayorista de la energía, el valor del gas en boca de pozo, y la revisión tarifaria para transportadoras y distribuidoras gasíferas y para Edenor y Edesur. Y también para trasladar al público los aumentos en los márgenes de transporte y distribución debido al ajuste por inflación.
El mayor problema del gobierno reside en los subsidios que está requiriendo Cammesa, la empresa operada por el Estado que opera el despacho eléctrico. Cammesa debe pagar en pesos, según el valor del dólar, la remuneración a las generadoras y los combustibles líquidos que reemplazan al gas en invierno, mientras las distribuidoras de todo el país le están pagando la energía con un dólar estimado en $19,60.
De acuerdo a la legislación, el precio mayorista de la electricidad debe fijarse en mayo y noviembre, con revisiones en agosto y febrero en caso de ser necesario. Pero el valor de la energía no está determinado por la oferta y la demanda, sino que viene siendo fijado por el Estado y discutido en audiencia pública, igual que el del gas. Si las urgencias presupuestarias llevaran a aumentar por resolución el precio de la energía, el gobierno se sumaría el problema de nuevos fallos judiciales adversos.
En cuanto a que el aumento en la electricidad será inferior al 30%, según dijo Iguacel en un programa de televisión, hay que considerar por un lado el precio de la energía y por el otro el transporte y distribución, y que el primero representa el 40% de la factura con impuestos, y el segundo el 38% aproximadamente.
Si se revisa el precio mayorista, se debe decidir si se traslada al público la devaluación que está en torno al 43%, segundo si ese traslado será o no retroactivo, y tercero si además se quieren seguir reduciendo los aportes del Tesoro a Cammesa. La definición sobre esos aspectos, que dependerían más de Nicolás Dujovne que de Iguacel, va a determinar si la suba al público es de menos del 30% o no.
Fuente: Ambito