El primer paso lo dio la Casa Rosada con uno de los artículos de un megadecreto de reducción de gastos
El Gobierno limitará y modificará los contratos de personal, bienes y servicios para el Estado a través de universidades públicas, una modalidad extendida durante el kirchnerismo que sobrevivió -aunque más acotada- durante la gestión de Mauricio Macri . La Universidad de Río Cuarto no tendrá un ajuste directo debido a que los convenios practicados son con Provincia y municipio.
Según publica el diario La Nación, el primer paso lo dio la Casa Rosada con uno de los artículos de un megadecreto de reducción de gastos, que determinó que quedarán sin efecto los llamados “convenios de asistencia técnica” con universidades, una modalidad que permitió sumar hasta a 17.000 empleados públicos durante la gestión de Cristina Kirchner.
Como segundo paso, la gestión de Cambiemos prepara una normativa para que las universidades no puedan ser proveedoras de bienes y obras públicas.
El decreto 632/2018, en su tercer artículo, determinó que “los convenios de servicios de asistencia técnica celebrados entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales, provinciales o privadas quedarán sin efecto a partir del 1º de enero de 2019”. Y que no se celebrarán nuevos contratos bajo esta modalidad.
Actualmente hay unos 60 convenios de asistencia técnica, que se traducen en 5800 empleados públicos contratados vía universidades. “La mayoría va a quedar en la función pública, pero con otra modalidad de contratación, más estable. Cada área determinará si corresponde o no sostener ese puesto”, señalaron ayer en el Ministerio de Modernización al matutino porteño.
En los próximos días, según señalaron en la Casa Rosada a LA NACION, se publicará el nuevo régimen de contratos interadministrativos para acotar el rol de universidades como proveedoras de servicios. Esta nueva normativa fue largamente debatida en una mesa integrada por el vicejefe de Gabinete Mario Quintana; el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, y los ministerios de Modernización y de Educación.
La reglamentación estipulará que las universidades deberán limitarse a servicios de “consultoría, auditoría, investigación, relevamiento de políticas públicas y capacitación y formación”. Ya no podrán proveer otros bienes o servicios ni ser contratadas para hacer obras públicas.
Las contrataciones, en tanto, se harán a través de la plataforma Compr.ar, dispuesta por el Ministerio de Modernización para que haya una compulsa de precios.