La empresa asegura que la Provincia le adeuda unos $300 millones, algo que pone en riesgo la finalización de su parte de la obra de varios gasoductos.
La deuda de la Provincia con Odebrecht podría impactar en la obra de los gasoductos, uno de los principales ejes del gobierno de Juan Schiaretti. La empresa asegura que la Provincia le adeuda unos $300 millones, algo que pone en riesgo la finalización de su parte de la obra de varios gasoductos. Pero la gobernación asegura que los pagos están al día y la intimó a continuar los trabajos.
Según informa el diario La Nación, Odebrecht es una de las firmas que ejecutan los gasoductos troncales de Córdoba , una obra presupuestada en US$ 800 millones. A la brasileña le corresponden US$230 millones de ese global.
El Gobierno provincial emitió un comunicado en el que asegura que «pagó en tiempo y forma la totalidad de los trabajos ejecutados» por la empresa e «incluso dispone de los fondos necesarios para finalizar la obra».
Subraya que «no tiene ninguna deuda con la contratista (.); todos los trabajos se pagaron en tiempo y forma de acuerdo a los plazos contractuales previstos, por lo tanto no existe ni demoras, ni certificados vencidos pendientes de pago».
Además, envió la copia de la carta documento que le envió a la contratista intimándola a terminar los trabajos restantes, «caso contrario se rescindirá el contrato tal como lo prevé la Ley de Obras Públicas provincial».
«Es la empresa quien debe cumplir con la deuda existente con sus proveedores», agrega el comunicado. El tramo de la obra a cargo de la brasileña -son seis ramales- tiene un avance del 94% según datos oficiales.
La compañía, por su lado, también echó mano a un comunicado para indicar que no se irá de Córdoba pero observó problemas con la Provincia. «No autorizó la emisión de las certificaciones de trabajos ejecutados y los adicionales acordados. Estas tareas ya están concluidas, y la falta de certificación y desembolsos por parte de la Provincia afecta la cadena de pagos, que impacta en más de 400 proveedores cordobeses y cientos de empleados», describe el texto.
El conflicto en Córdoba se produce en la misma semana en que la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Energía pidieron una medida cautelar para evitar que Odebrecht cobre los $1500 millones que reclama por la rescisión de los contratos para la ampliación de gasoductos.