La Cámara 12ª del Crimen dio a conocer la sentencia por el juicio a 56 policías acusados por el acuartelamiento del 3 y 4 de diciembre de 2013, que derivó en saqueos y caos en Córdoba y Río Cuarto.
Según informa el diario La Voz del Interior, ninguno de los 56 policías enjuiciados por el acuertelamiento de 2013 irá a prisión. Así lo determinó este viernes la Cámara 12ª del Crimen en el fallo que estableció condenas de entre un año y seis meses contra 52 efectivos, la mayoría de ellas por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y otras por “desobediencia”.
Carlos Guillermo Nievas, Valeria Carina Martínez, José Damián Rodríguez fueron absueltos. Lucas César Rodríguez, el único policía condenado a un año de prisión, quedará inhabilitado por el mismo período para ejercer la función pública y deberá pagar una multa de 12 mil pesos.
Los ocho condenados a 8 meses serán inhabilitados por el mismo período y la multa que deberán pagar será de 2.500 pesos. Las 43 condenas restantes fueron a seis meses de prisión, con inhabilitación por el mismo período y multa de mil pesos. Ninguna de las condenas establece el cumplimiento de prisión efectiva.
El hecho
En una tórrida noche, que se extendió por más de 36 horas, los cordobeses quedaron expuestos a la ausencia total del Estado. Hubo al menos un muerto, 200 heridos y 1000 comercios saqueados. En Río Cuarto, más de 10 empresas sufrieron roturas de vidrieras y robo de mercadería.
Lo que comenzó como un legítimo reclamo salarial de los agentes policiales, en medio de pujas políticas dentro de la plana mayor de la Policía de Córdoba, se transformó en un acuartelamiento de las fuerzas de seguridad.
Su ausencia, deliberada en origen, imprevista en consecuencias, dejó a la ciudadanía cordobesa sin protección del Estado durante 36 horas.
A mediados de noviembre se habían iniciado las primeras acciones a través de mensajes de texto que circulaban entre celulares difundiendo un supuesto malestar dentro de la fuerza por bajos salarios.
Esas comunicaciones derivaron en la primera acción de protesta llevada adelante por esposas y familiares de uniformados el lunes 2 de diciembre, frente al edificio de la Guardia de Infantería. La medida que impidió el ingreso y egreso de vehículos de esa repartición policial no tuvo respuesta por parte del gobierno.
Durante la madrugada del tres de diciembre un centenar de efectivos se acuartelaron en la sede del Comando de Acción Preventiva (CAP) de Barrio Cerveceros junto a sus esposan que también aquí bloquearon los ingresos.
Con el correr de las horas, y ya con la presencia del abogado Miguel Ortíz Pellegrini en el lugar para encabezar la negociación en representación de los policías, creció el número de efectivos acuartelados. La demanda inicial fue de un salario básico de 13 mil pesos.
Durante toda la jornada la tensión fue en aumento y se sucedieron las reuniones para negociar una salida al conflicto entre la jefatura policial, el jefe de gabinete Oscar Gonzalez, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y los representantes de los policías, pero la resolución se dilató porque el gobernador José Manuel De la Sota se encontraba en Panamá donde había hecho escala en su viaje a Colombia, ya que tenía pensado asistir a un encuentro regional de gobernadores.
Descontrol, caos y saqueos
Con el conflicto aún sin resolver, parte de la policía acuartelada y la mayoría de los efectivos sin salir a patrullar la ciudad, Córdoba se convirtió en zona liberada para el vandalismo, los robos y los saqueos.
Apenas caída la noche, los saqueos afectaron a numerosos comercios y supermercados del centro y diferentes barrios de la ciudad. En la mayoría de los casos, los delincuentes atacaron los inmueble en grupos de a pie o en motocicletas.
Esto generó la reacción de vecinos que salieron a las calles a atacar a los delincuentes y tratar de defender los comercios. En algunos lugares donde hubo efectivos policiales cumpliendo con sus tareas, se produjeron enfrentamientos con los delincuentes.
Debido a la gravedad de la situación el gobierno provincial y el municipal decretaron asueto administrativo y se suspendió el transporte público de pasajeros. Por su parte los bancos y la mayoría de los comercios cerraron sus puertas.
En las primeras horas del 4 de diciembre, finalmente el gobernador José Manuel de la Sota regresó a la provincia y se puso al frente de las negociaciones.
Luego de varias reuniones, el primer mandatario provincial realizó una convocatoria amplia a todo el espectro político, judicial, eclesiástico y civil para anunciar un acuerdo con la policía y el fin de la huelga y el acuartelamiento.
Luego de la crisis, se conocieron lo detalles del acuerdo que consiguieron los efectivos policiales; un incremento salarial de más del 30 por ciento para el personal de la fuerza, elevando el básico a 8 mil pesos a partir de febrero de 2014 y la promesa de que no habría sanciones ni represalias para los huelguistas.
Finalizaba allí el motín policial, pero el análisis de la gravedad de la ruptura social que quedó expuesta en esas caóticas 36 horas sin policías en la calle, aún no tuvieron una explicación acabada.