Legisladores del interbloque Cambiemos de la Unicameral presentaron esta semana un proyecto de ley para que veteranos de la Guerra de Malvinas que trabajan en la administración pública provincial puedan acogerse voluntariamente a un régimen de pasividad anticipada. Los legisladores llaman a municipios, comunas y empresas del estado a adherir a la propuesta.
Para el retiro, los veteranos deben acreditar participación en las acciones bélicas desarrolladas en el territorio denominado Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) o en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), durante el período comprendido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
La iniciativa firmada por los legisladores Carlos Ciprian, Abel Lino y Verónica Gazzoni, apunta a beneficiar con el régimen a los agentes de la Administración Pública del poder legislativo, judicial y ejecutivo.
En tanto que Lino, señaló que «este proyecto de ley pretende ser un reconocimiento a nuestros héroes que combatieron para la recuperación de las Islas Malvinas y que hoy son empleados de la administración pública provincial”.
Los requisitos
El proyecto ingresó para su tratamiento en la Legislatura y deberá sortear el debate en comisiones, donde el oficialismo de Unión por Córdoba (UPC) tiene mayoría y definirá la votación para convertirlo en ley.
Los ciudadanos que podrán acogerse a este régimen según dicta el proyecto, son aquellos mayores de 55 años que pudieran haber cumplido servicios como militares «cualquiera sea su grado, fuerzas de seguridad, civiles» o que hayan asistido a las Fuerzas de Seguridad en el área del TOM.
«Están comprendidos en el citado régimen quienes cumplan con algunas condiciones como acreditar la condición de Veterano de la Guerra de Malvinas, mediante la presentación del certificado actualizado expedido por la Fuerza correspondiente y avalada por el Ministerio de Defensa de la Nación, ser empleado con estabilidad laboral, con una antigüedad mínima de 10 años de servicios en la Administración Pública Provincial, y confirmar un faltante máximo de 10 años para cumplir con las condiciones establecidas para una “Jubilación Ordinaria”», expresa el proyecto de ley.
«También, la autoridad de aplicación (Secretaría General de la Gobernación a través de la Secretaría de Capital Humano) deberá certificar un mínimo de 20 años de aportes a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba», agrega.