Organismos de DDHH encabezados por Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, repudiaron el fallo de la Corte que permite a condenados por delitos de lesa humanidad gozar del beneficio del 2×1 y advirtieron que «agotarán todas las instancias internacionales hasta lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado».
A través de una conferencia de prensa en la que participaron diversos referentes políticos, sociales y de DDHH, Estela de Carlotto, presidente de Abuelas, afirmó: «El fallo abre un panorama incierto para las condenas a los apropiadores de menores. De aplicar este nuevo criterio, los apropiadores podrían tener penas de 3 años de prisión».
«Un delito cometiendo durante 40 años recibiría una condena no acorde a la gravedad del hecho», afirmó CArlotto en referencia al robo de los bebes, uno de los crímenes más aberrantes llevados adelante durante la última dictadura.
En este sentido, la dirigente apuntó contra la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco: «Llama poderosamente la atención que voté en sentido opuesto a condenas anteriores en las que falló a favor de la verdad. Convocamos a todo el pueblo a defender los derechos conquistados que son la calve para garantizar la clave del nunca más».
Por su parte, «Taty» Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se refirió al proceso de diálogo abierto por la Iglesia que busca reunir a víctimas de la dictadura con familiares de exintegrantes de la fuerza: «Jamás nos vamos a reconciliar los organismos de DDHH y toda persona de bien que tiene memoria. Es muy triste como católica comprobar que una vez la jerarquía eclesiástica demuestra que no tiene memoria».
«Ni reconciliación, ni perdón, queremos justicia legal, como siempre, jamás justicia por mano propia. Nos preocupa y nos duele porque nuevamente le están faltando el respeto a nuestros hijos, es demostrar que no tienen memoria, no quieren tener memoria», detalló Almeyda.
Además, Horacio Verbitsky, periodista y abogado que preside el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), especificó que la ley del 2×1 se estableció a partir de 1994 como un método para descongestionar el saturado sistema judicial argentino ante una serie de motines en diversos penales en reclamo del apresuramiento de las causas.
«Es evidente que hay una ofensiva llevada adelante con una notable hipocresía porque para conseguir la libertad de los detenidos por lesa humanidad, recurren a un método alambicado de interpretación de leyes que son de dos aplicaciones», especificó.
Repudio
Legisladores nacionales de todo el arco opositor repudiaron con fuerza este miércoles el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró aplicable el cómputo del 2×1 para la prisión por delitos de lesa humanidad, al declarar aplicable la Ley 24.390, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, por el caso de Luis Muiña.
La decisión del máximo tribunal fue por mayoría: Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti se inclinaron por la afirmativa; mientras que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda firmaron con disidencias.
Diputados del Frente para la Victoria-PJ, el Frente Renovador, el Movimiento Evita y Victoria Donda, de Libres del Sur, cuestionaron el fallo supremo, mientras que el Pro se mantiene en silencio y hubo pocas reacciones públicas del radicalismo.
La bancada del FpV-PJ en la Cámara de Diputados, presidida por Héctor Recalde, emitió un comunicado donde señaló que el fallo “significa un enorme retroceso en la lucha contra el terrorismo de Estado y en la imagen que el país había recuperado a nivel internacional en la defensa de los Derechos Humanos”.
“A 40 años de conmemorarse las históricas rondas de las Madres de Plaza de Mayo, el tribunal judicial lleva a la sociedad a épocas retrógradas, caracterizadas por la supresión de toda garantía constitucional y del debido proceso, por persecuciones ideológicas y torturas, con el lamentable saldo de 30 mil desaparecidos que el gobierno de Macri ignora”, alertaron.
Para los diputados kirchneristas, “la aplicación del 2×1 es lisa y llanamente un indulto a condenados por crímenes de lesa humanidad y constituye un pésimo y negativo mensaje a la sociedad, en la que los culpables de asesinatos tienen siempre la chance de beneficiarse con la reducción de las penas”.
También se expresó al respecto Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, quien expresó que la Corte, con su fallo, “desanda un camino de clara defensa de los DDHH en casos de delitos de lesa humanidad a nivel nacional e internacional, para comenzar a ejecutar un marcado retroceso en esta materia, tan sensible para la mayoría de los argentinos”.
Donda consideró que la aplicación del artículo 2 del Código Penal, en tanto establece el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna, no se verifica en este caso, puesto que no sólo el encarcelamiento fue posterior a la derogación de la Ley 24.390 (que otorgaba el beneficio del 2×1), sino que además el carácter permanente de la ejecución y consumación del delito en el tiempo por el cual fuese condenado el genocida Muiña, “bajo ningún punto de vista puede ser un motivo que habilite la aplicación de una ley anterior, la cual no se encontraba ni vigente al momento del hecho, ni al momento de su detención”. Por lo tanto, opinó, “no existen razones ni válidas ni lógicas para sostener su aplicación en estos casos”.
Desde el oficialismo, donde se oyeron escasas reacciones, el radical Miguel Bazze manifestó que el fallo “es altamente cuestionable debido a que se computa la pena a alguien condenado por delitos de lesa humanidad”.
Para el diputado por Buenos Aires, “queda claro en el fallo del máximo tribunal lo que expresan los jueces que votaron en disidencia”, quienes señalan que “no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad”, y subrayan que “la ley invocada por quienes dieron el beneficio está derogada”.
“Tenemos el mayor respeto institucional por los fallos de la Corte, pero nos genera un profundo rechazo que un condenado por delitos de lesa humanidad reciba este beneficio”, dijo Bazze, quien reivindicó al radicalismo en su lucha por los Derechos Humanos.
El Frente Renovador de Sergio Massa también rechazó el 2×1 en todos los casos, y fundamentalmente en los de lesa humanidad. “Es un mensaje pésimo para una sociedad que reclama mejor justicia y que los delincuentes de lesa humanidad cumplan su pena completa”, denunciaron los diputados del bloque.
“El desafío de construir una democracia para todos los argentinos necesita que terminemos con la impunidad, defendiendo siempre las banderas de la Memoria, Verdad y Justicia”, sostuvieron en el massismo.
Particularmente, un diputado de esa bancada, Facundo Moyano, presentó un proyecto de repudio al fallo supremo. “Si la Justicia beneficia genocidas ¿qué garantías puede dar el Estado a víctimas y testigos como Julio López?”, se preguntó a modo de ejemplo, y agregó que la decisión “marca un precedente muy peligroso”, porque “los beneficios y garantías no deben ser para los criminales sino para las víctimas”.
En tanto, el Movimiento Evita, bloque que comanda Leonardo Grosso, coincidió en el repudio a través de otro proyecto, presentado por Remo Carlotto, hijo de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto.
El proyecto explica que la computación doble a partir de los dos años de prisión no es compatible con los delitos de lesa humanidad y en sus argumentos describe que “la interpretación efectuada es una clara muestra de facilitar un beneficio a quienes perpetraron los más atroces crímenes en la última dictadura cívico militar”.