Organizaciones ambientalistas como Vida Silvestre plantean que la iniciativa presenta un riesgo para las 500.000 hectáreas de bosques nativos en la provincia.
Tras la decisión de l la Justicia provincial de suspender la audiencia pública para discutir la ley de bosques nativo, crece la polémica sobre la iniciativa que impulsa la Legislatura.
Cristina Sanmartino de Mercado, titular del Juzgado 35ª Nominación en lo Civil y Comercial, decidió admitir un recurso de amparo (ver resolución en PDF) de organizaciones ambientalistas y dispuso, en forma cautelar, la suspensión de la convocatoria.
La pretensión del oficialismo en la Unicameral era aprobar la norma el miércoles 28 de diciembre, después de la audiencia. El amparo fue presentado este miércoles y estuvo avalada por más de 200 personas y organizaciones.
El argumento es que el llamado a audiencia tan lejos y tan sobre la hora, no garantiza a todos aquellos ciudadanos, técnicos, campesinos, ambientalistas, estudiosos con derecho o intereses en ser oídos.
“La materia de fondo involucra el orden público constitucional dado que se trata de la protección del medio ambiente y la elección del lugar para llevar a cabo la audiencia pública a 170 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y que no se justifica de manera alguna el reclamo, legítimo o no, de los comerciantes del centro de esta ciudad”, dice la resolución judicial.
Organizaciones ambientalistas como Vida Silvestre plantean que la iniciativa presenta un riesgo para las 500.000 hectáreas de bosques nativos en la provincia. Manuel Jaramillo, director de Conservación de la fundación, explicó que se pidió que no se avance con la norma hasta que no haya un nuevo mapa de ordenamiento, «surgido del proceso técnico participativo necesario» para el análisis objetivo de los 11 criterios de sustentabilidad definidos en la Ley de Bosques.
«No podemos pensar en un nuevo mapa de ordenamiento territorial que disminuya la protección de los remanentes de bosques nativos. Debe aumentarla. Esto sería una violación de la ley de Bosques y comprometería seriamente los pocos bosques nativos que nos quedan en la provincia», agregó.
La posición de las entidades de productores es otra. Por ejemplo, la Sociedad Rural de Jesús María propone un sistema de manejo integrado al medio ambiente.
«Para evitar el desarraigo rural en el norte cordobés, tenemos que apostar a la sustentabilidad ambiental, productiva y sociocultural. Para ello, es necesario un plan de manejo que apunte a la capacidad de resiliencia de las zonas degradadas», advirtió el ingeniero agrónomo Carlos Arnold, asesor técnico de la entidad.
Para la entidad, lo intangible no sería el bosque en sí, sino el servicio ambiental que éste provee. «En ese sentido, la mano del hombre resultaría fundamental en estos casos, para generar mejores sistemas de equilibrio en el norte de la provincia», dijo.
Santiago Elena, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba, insistió en que si avanza la ley habrá un rolado selectivo sobre 2 millones de hectáreas, mediante el cambio de zonas rojas a zona amarilla, donde se permite el uso de rolo.
«De hacerlo se disminuye la superficie de conservación lo que va contra la ley nacional, dejando a los campesinos y productores que han ordenado el territorio sin acceso al financiamiento que viene por pago de servicios ambientales», indicó.
«Emergencia forestal»
La provincia de Córdoba se encuentra en emergencia forestal, ya que sólo le quedan el 4% de sus bosques nativos originales: de 12 millones de hectáreas, quedaron apenas 500 mil. Según datos oficiales, entre 1998 y 2014 en la provincia se deforestaron 295.005 hectáreas. Desde la sanción de la Ley de Bosques (fines de 2007) se desmontaron 5.578 hectáreas de bosques que se encontraban protegidos por la normativa.
Fuente: La Voz del Interior, Página 12 y La Nación.