La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto de ley que autoriza al Estado a importar y distribuir el aceite de cannabis para tratar determinadas enfermedades, pero sin permitir el autocultivo como solicitaban organizaciones de familiares que padecen epilepsia refractaria.
Para el doctor Gabriel Abrile, «hay trabajos científicos que hablan de un efecto beneficioso». De todos modos, el especialista aclaró en diálogo con Telediario que «se debe pensarlo solo en algunas patologías, con un efecto terapéutico ante la ineficacia de tratamientos tradicionales».
Aprobación
La iniciativa se votó en general por 221 votos y si bien en el debate hubo críticas de legisladores porque no se despenalizaba el autocultivo, posteriormente decidieron acompañar el dictamen de mayoría para que la iniciativa pueda ser aprobada por un amplio margen.
De todas maneras, el diputado Felipe Sola buscó en el final del tratamiento en particular incluir una modificación para permitir que las familias continúen con el cultivo del aceite de cannabis hasta que el Estado pueda tener producción propia de este producto, pero fue rechazado por el oficialismo.
De hecho, este artículo fue el único que tuvo una votación más ajustada dado que salió 128 a 75 votos, a diferencia de lo que sucedió con el resto de los ítems aprobados en la discusión en particular.
El dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo, un sector del massismo y del bloque justicialista, establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.
Además se incluyó una modificación para que el INTI y Laboratorios Nacionales puedan realizar el cultivo del aceite de cannabis destinado a la investigación.
También dispone que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) permitirá la importación de aceite de cannabis, cuando sea requerida por pacientes que presenten las patologías contempladas en el programa y cuenten con la indicación médica pertinente y su provisión será gratuita.
A su vez, establece que el Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación y deberá realizar las acciones para garantizar el aprovisionamiento de los insumos necesarios a fin de efectuar los estudios científicos y médicos de la planta de cannabis con fines medicinales.
Asimismo, el proyecto crea el registro nacional voluntario de pacientes y familiares de pacientes que, presentando las patologías incluidas en la reglamentación, sean usuarios de aceite de cáñamo y otros derivados.
Al defender el dictamen de mayoría, el presidente de la comisión de Seguridad Interior, Luis Petri (UCR-Mendoza) sostuvo que el Estado a partir de esa ley estará presente, al recordar que “estuvo ausente durante estos años y si hubiera estado presente tendríamos investigación científica real sobre el uso del cannabis para todas esas patologías” y rechazó que el proyecto sólo incluya la investigación médico-científica sino “que es mucho más amplia”.
Tras cuestionar al kirchnerismo por no haber debatido “y no haber dado respuesta” antes el proyecto cuando tenían mayoría parlamentaria, Petri destacó la importancia de “involucrar al Estado, no sólo en una investigación que certifique los extremos positivos, sino en el control, porque sin Estado no hay médicos que lo puedan prescribir. Necesitamos un Estado que sea protagonista, de eso se trata el despacho que estamos debatiendo”.
Por uno de los dictámenes de minoría, la presidenta de la comisión de Salud, la kirchnerista Carolina Gaillard aseguró que “no es un tema de drogas es un tema de salud” y pidió despenalizar el cultivo por parte de las madres, al advertir que “el Estado los va a seguir criminalizando”.
Sostuvo que “hay evidencia científica y empírica de niños que han dejado de tener convulsiones y empezaron a sonreír: las madres pueden atestiguar” y pidió dejar de apegarse “a la sociedad científica que muchas veces está apegada a lo que le convienen a los laboratorios”.
Por su parte, desde el PRO, el diputado Sergio Wisky (Río Negro) contó el caso de su hija fallecida por un daño neurológico y reconoció que si hubiera sobrevivido, muy probablemente hubiera necesitado el cannabis medicinal, tras reconocer a la salud “un derecho humano, y desde esa convicción fuimos encontrando soluciones a las grandes diferencias que teníamos internamente y hacia fuera del interbloque. Y así llegamos a un dictamen de mayoría que seguramente tienen muchas soluciones a los problemas planteados”.
Por su parte, la diputada socialista Gabriela Troiano dijo que iba a acompañar el proyecto pero cuestionó que «es esencial que se modifique la ley de estupefacientes a fines de que no considere como tenencia o consumo de estupefacientes en su estado natural o cualquiera de sus derivados destinados a la práctica medicinal o paliativa».
En tanto, la legisladora de Libres del Sur Victoria Donda afirmó que este proyecto se está tratando porque «nos trajeron a los empujones las madres, los padres y los niños que tienen enfermedades que tratan con el aceite de cannabis».