Una movilización histórica universitaria con duros mensajes contra el Gobierno

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Río Cuarto fue protagonista de una movilización histórica universitaria con duros mensajes contra el Gobierno

«La educación está en riesgo»

«Este día histórico tiene que ser el puntapié inicial para que la sociedad toda comprenda que la educación está en riesgo y que, si no le asignamos un lugar de prevalencia, no hay manera de generar el desarrollo sostenido, sustentable y soberano para nuestra nación”, dijo en la oportunidad el representante de los estudiantes universitarios, Mariano Llobell.
Remarcó seguidamente: “Este es un día simbólico porque sabemos todo lo que significa la gratuidad de la enseñanza universitaria. Lamentablemente, para muchos sectores esta gratuidad no es indiscutible y están enarbolando discursos que ponen en duda a la Universidad pública y cuánto gasta por cada estudiante. Por eso tenemos que estar unidos y ser claros en nuestro mensaje. Hoy la Universidad de Río Cuarto lo está haciendo y tenemos que replicarlo en todas las universidades del país”.

Una respuesta clara

El secretario general de los trabajadores universitarios (ATURC), Eduardo Tello, por su parte, consideró que la movilización fue “una respuesta clara de la comunidad universitaria y de la sociedad de Río Cuarto que nos ha acompañado en contra de esta política de ajuste y que hoy ha elegido como blanco el sistema universitario nacional y a la educación pública en todos sus ámbitos”.
“Estamos atravesando una situación especial porque está en riesgo el financiamiento universitario, están en riesgo los salarios dignos de los trabajadores universitarios, y eso ha hecho que tengamos esta respuesta masiva” subrayó Tello.

Preocupación y tristeza

Guillermo Ashworth, representante gremial de los docentes universitarios, se mostró “satisfecho” con la respuesta de la comunidad universitaria en esta movilización. Dijo: “Dentro del marco de preocupación y tristeza que tenemos por los embates de este Gobierno contra la educación pública, estamos acá para defender ese derecho para todos los ciudadanos”.
Añadió: “Si el Gobierno va a girar dinero sólo para pagar sueldo y no para sustentar el funcionamiento de las universidades y sustentar la docencia, claro que la educación superior y los otros niveles de la educación están en riesgo”.
Además, acotó: “Es imposible tener una educación de calidad si los docentes no están bien pagos. No significa que sea lo único, pero sí es esencial. Se llenan la boca hablando de educación pero al momento de poner la plata, no la ponen”.

Gratuidad universitaria

Tras la movilización, la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, Gisela Vélez, indicó: “Estamos reafirmando con mucha fuerza no sólo la gratuidad de la enseñanza universitaria, sino también recordar lo que pronunció la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y El Caribe en el año 2008, con más de 3.500 representantes de nuestra región entre los que estaban los de nuestro país. Esa Conferencia declaró que la educación superior es un derecho humano, un bien público y social y un deber del Estado. Ese enunciado tiene vigencia y tenemos que hacerlo respetar y tenemos que ser consecuentes con los compromisos asumidos en ese sentido”.
El decano de la Facultad de Ingeniería, Leonardo Molisani, remarcó: “Hoy nos hemos movilizado en defensa de la Universidad pública y en contra de acusaciones infundadas que vienen de parte del fiscal Guillermo Marijuán”.
“Hoy la comunidad universitaria se manifestó para que las cosas cambien, para que tengamos mayor presupuesto acorde a las necesidades de la calidad académica y universitaria”, destacó Molisani.
Por su lado, el vicedecano Raúl Dean dijo que esta movilización es “un reconocimiento a la necesidad imperiosa de conservar la educación pública
El decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Guillermo Bernardes, sostuvo: “Estamos defendiendo con todas las fuerzas a la educación pública que está siendo atacada sutilmente. Hemos visto que el Poder Ejecutivo, luego el Poder Legislativo y ahora el Poder Judicial tratan de ensuciar a las universidades públicas”.
Expresó Bernardes: “Desde la Universidad de Río Cuarto tratamos de visibilizar esta problemática y decirle a la sociedad que nosotros somos auditados interna y externamente, por lo que es imposible malversar fondos como se dice”.
Dijo también: “Si nos quedamos callados, van a lograr lo que pretenden, que es la universidad arancelada, a la que muy pocos puedan llegar”.
Mientras tanto, el vicedecano de esa Facultad, Sergio González, se manifestó conforme con la movilización: “Pudimos dar a conocer a la sociedad lo que está pasando con la Universidad Nacional. Esto que hacemos es necesario para la defensa de la educación pública y gratuita y en contra de la embestida de un impresentable como el fiscal Marijuán”.
“Estamos en una zona de luz anaranjada. Por eso tenemos que movilizarnos para defender esta Universidad pública, que entiende a la educación como un derecho de todos los habitantes de este país”, resaltó el vicedecano González.
Para la decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Rosa Cattana, también se manifestó satisfecha con la convocatoria. “Hace mucho tiempo que no se daba una movilización como esta, pero esto demuestra que, ante el riesgo, la comunidad universitaria está de pie. Dejamos de lado todas las diferencias y hoy salimos todos juntos a defender la Universidad”.
Consideró la decana que las reducciones presupuestarias como así también las denuncias del fiscal Marijuán “son una amenaza” contra la universidad pública. Agregó al respecto: “Hace más de una semana que las denuncias del fiscal Marijuán salieron en los medios y las instituciones “todavía no saben a qué se refieren”.
Durante todo el recorrido de la movilización, un grupo de trabajadores nodocentes repartían folletos a los transeúntes donde se destacaba la frase “Nos acusan para debilitarnos” y aclaraba el letras más chicas: “Las universidades controlamos la ejecución del presupuesto con auditorías externas e internas “y reclamaba: “Que se retire de inmediato la intencionada acusación por malversación sobre 52 universidades”.
Los mismos folletos se arrojaron al aire, en una lluvia de papeles, cuando la gruesa columna de universitarios se detuvo un momento frente al edificio del Banco de la Nación para corear los primeros acordes del Himno Nacional, al compás de las trompetas y tambores de las murgas. Luego, siguió hasta el otro lado de la plaza, frente a la Catedral.
Cerca de las 11.30, comenzó lentamente la desconcentración, y la gran mayoría emprendió el retorno hacia la Plaza San Martín, donde cuatro ómnibus de la Universidad esperaban a las autoridades y delegaciones de los distintos claustros para retornar al campus.
Mientras tanto, algunos cánticos reivindicaban en sus estrofas a “la Universidad de los trabajadores” y a la “educación del pueblo” que “no se vende, se defiende”.

«Ataque generalizado»

Se reunió en Buenos Aires el Consejo Interuniversitario Nacional-CIN para tratar la denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuan sobre supuesta malversación de fondos que alcanza a la Universidad local y otras 51 universidades nacionales. Como resultado de la reunión el CIN emitió una declaración donde sostiene que “las denuncias mencionadas, sustentadas en notas periodísticas y sin una sola relación de hechos concretos acaecidos en cada institución, lejos de aclarar y puntualizar procederes que podrían ser materia de investigación, resultan un ataque generalizado al sistema de educación superior pública de nuestro país”.
Durante la reunión se trató también el tema de la distribución de una partida complementaria –planilla B- del presupuesto 2017 de 1028 millones de pesos que se distribuirá solamente entre 21 universidades nacionales dejando afuera del beneficio a 34 casas de estudios, según lo aprobado con media sanción en la Cámara baja del Congreso de la Nación. En tal sentido el CIN expresó “la total desaprobación del procedimiento seguido por la Cámara de Diputados de la Nación en la asignación de fondos de la planilla anexa B al Art. 12° del proyecto de Ley de Presupuesto 2017 para las instituciones universitarias nacionales”.
De la reunión del CIN tomó parte el rector de la UNRC Roberto Rovere, quien por esta razón no pudo participar de la multitudinaria marcha que la comunidad universitaria llevó a cabo este martes por las calles de la ciudad en defensa de la educación pública, libre y gratuita.
Sobre las denuncias presentadas por el fiscal federal Guillermo Marijuán a las 52 universidades nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), emitió la siguiente declaración:
1. El CIN sostiene y defiende en forma enfática la independencia del Poder Judicial de la Nación, así como la libre y más amplia actuación del fiscal.
2. Las universidades nacionales gozan de un generalizado prestigio entre nuestros conciudadanos, posición que se ha ganado a lo largo de la historia por resultar una efectiva herramienta de mejoramiento social, y las únicas instituciones públicas cogobernadas en las que el conjunto de sus integrantes deciden no solo el rumbo institucional sino, además, la gestión administrativa.
3. Las denuncias mencionadas, sustentadas en notas periodísticas y sin una sola relación de hechos concretos acaecidos en cada institución, lejos de aclarar y puntualizar procederes que podrían ser materia de investigación, resultan un ataque generalizado al sistema de educación superior pública de nuestro país.
4. Respecto al contenido del planteo del fiscal, nos permitimos recordar que los presupuestos universitarios se conforman por ley del Congreso Nacional, más las partidas que se asignan a cada institución por programas específicos. En todos los casos, resultan ejecutados bajo normativas claras, estrictas y con procesos de absoluta transparencia, sometidos a procesos de auditoría, tanto interna como externa, como señala la ley.
5. Esta actividad jurisdiccional ha producido, como consecuencia inmediata, una agresión a la identidad misma de la universidad pública, construida a lo largo de su historia de más de 400 años para ser una institución de gran valoración social hoy. Sin duda, el daño moral es no solo a la institución sino, también, a todos los que realizamos tareas de docencia, investigación, extensión y gestión en contextos sociales complejos y con presupuestos de austeridad, y que involucra a los estamentos docentes, estudiantiles, no docentes y egresados.
6. Esperamos que, en momentos en que se encuentra abierta la discusión presupuestaria en el Congreso Nacional, esta denuncia indiscriminada y con argumentaciones generales no afecte el necesario marco de equilibrio en la distribución de los recursos.
7. Nos ponemos a disposición del Poder Judicial, cuya independencia sostenemos para colaborar en la forma más amplia posible, para que, con celeridad, se pueda avanzar en la elucidación de estas denuncias genéricas y, de esta manera, despejar la sospecha que se ha planteado sobre el conjunto de las instituciones.
8. En el convencimiento de la probidad de nuestros procederes, continuaremos desde un ejercicio responsable de nuestra autonomía, en el marco de libertad y diversidad que caracteriza a la universidad argentina, con la formación de recursos humanos, la producción de conocimiento y el permanente diálogo y encuentro de saberes con la sociedad en pos de aportar a los procesos de desarrollo de nuestro país.

Distribución de la planilla B
Respecto al tema de la distribución del refuerzo presupuestario 2017, conocido como planilla b, el Consejo Interuniversitario Nacional-CIN emitió otra declaración donde expresa lo siguiente:
“De acuerdo al trabajo realizado por la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que dio origen al Ac. Pl. (Acuerdo Plenario) N° 988/16 de San Miguel de Tucumán, se elaboró un pedido de presupuesto global consensuado para el sistema universitario para el 2017.
Durante más de veinte años, el CIN se ocupó de buscar consensos que permitieran, con la aplicación de criterios comunes, asignar equitativamente los fondos incrementales de los presupuestos. Así, desde 2003, se elaboró el Ac. Pl. Nº 465/03 por el que se crearon pautas que permitieran la distribución por esta metodología.
El propio Congreso de la Nación ha alentado este proceder al incluir esa exigencia en las posteriores leyes de presupuesto. También, ha sido la actitud de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) frente a la responsabilidad de distribuir aumentos presupuestarios.
Por otra parte, históricamente, este Consejo ha sostenido el rechazo a la disminución del presupuesto que tiene asignado cada institución universitaria.
Por lo expresado, el CIN manifiesta la total desaprobación del procedimiento seguido por la Cámara de Diputados de la Nación en la asignación de fondos de la planilla anexa B al Art. 12° del proyecto de Ley de Presupuesto 2017 para las instituciones universitarias nacionales.
Asimismo, solicita que el monto de refuerzo presupuestario expresado en la planilla antes mencionada sea distribuido con la aplicación del modelo de pautas objetivas aprobado por el CIN, tal lo indicado en los Ac. Pl. N° 988/16 y N° 998/16”.

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