PRENSA UNRC – El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto consideró que la instrumentación del voto electrónico que impulsa una iniciativa del Gobierno nacional “sería un gran retroceso en la calidad democrática para nuestro país”.
El cuerpo colegiado aprobó en su sesión de este miércoles el dictamen de una comisión ad hoc conformada para analizar este tema, que como se sabe actualmente está en tratamiento en el Congreso de la Nación.
Luego de la consulta con distintos especialistas en informática y después de considerar otros aspectos como el legal, el Consejo Superior concluyó que “las experiencias con voto electrónico tanto en el exterior como en nuestro país muestran que estos sistemas pueden presentar errores o ser sensibles a la manipulación”.
El documento sostiene que “determinados problemas que podría ayudar a corregir el voto electrónico (robo o sustitución de boletas, voto cadena, etcétera) pueden ser fácilmente solucionados con los sistemas de boletas únicas de papel, como los que actualmente son utilizados en elecciones de las provincias de Córdoba o Santa Fe y en la Municipalidad de Río Cuarto”.
Agrega que con el voto electrónico “no se encuentra garantizado el secreto del sufragio ya que, como señalan trabajos académicos, no es posible garantizar que exista un sistema informático capaz de cumplir con las propiedades de privacidad absoluta (anonimato), auditabilidad y exactitud (verificar que cada voto fue contado y sólo una vez). Esto trae como consecuencia que pueden estar en riesgo principios, con recepción en el texto de nuestra Constitución Nacional, como la integridad y el secreto de sufragio”.
“Al estar en riesgo el secreto del voto nos encontramos con un campo fértil para situaciones de clientelismo político, introduciendo nuevos problemas de consecuencias impredecibles”, acota el documento.
También destaca que “para auditar un sistema de voto electrónico como el que se está tratando en el Congreso de la Nación y teniendo en cuenta la complejidad de la tecnología tratada, se requiere de fiscales técnicos altamente capacitados, alejando a la inmensa mayoría de la población de la posibilidad de controlar el desarrollo y los resultados de la elección. Aún así, dejaría a los especialistas en informática con muy poco margen de acción para detectar y denunciar fallas”.
Señala luego: “Numerosos especialistas en informática establecen que es prácticamente imposible que una auditoría pueda encontrar software malicioso (si fuese introducido por alguien de la misma empresa) o vulnerabilidades que comprometan el sistema, tal como se demostró en las últimas auditorías realizada en CABA y Salta”.
Indica el documento que “el sistema que se está proponiendo en el proyecto atenta contra la transparencia del proceso ya que prohíbe que sea analizado por particulares, aún hasta para la comunidad científica. En este sentido, se debe destacar que se proyecta dar un control total de importantes etapas del proceso electoral a una empresa privada, produciéndose de alguna manera una privatización de uno de los actos fundamentales de la vida democrática”.
Dice también que “las limitaciones para realizar auditorías, las dificultades reales de encontrar errores, trampas lógicas, vulnerabilidades de seguridad, canales ocultos (de filtrado de información), atentan contra la transparencia, requisito fundamental en todo mecanismo electoral”.
“Se debe resaltar que numerosos problemas graves que posee nuestro sistema electoral actual no son objeto de tratamiento por parte del Congreso de la Nación en este proyecto de reforma política. Vale como ejemplo que no se propone una auditoría profunda de los padrones electorales que son una de las principales fuentes de potenciales irregularidades en los comicios”, expresa.
Añade el escrito aprobado por el cuerpo colegiado que “en una República las elecciones son una cuestión para todo el pueblo y una preocupación común de todos los ciudadanos. En consecuencia, el control del proceso electoral debe ser también una tarea del ciudadano. Cada ciudadano debe ser capaz de comprender y verificar los pasos en las elecciones”.
Finalmente, concluye: “Se puede afirmar que, por la importancia de los sistemas electorales en los regímenes democráticos y teniendo en cuenta estudios que se han realizado en las últimas décadas sobre los diversos sistemas de voto electrónico que se han presentado a nivel mundial, se puede concluir que éstos no son susceptibles de ofrecer los estándares de seguridad necesarios para poder garantizar los principios que nuestro Derecho asegura para el sufragio, instrumento que sirve por excelencia de expresión de la voluntad popular en Argentina”.
“Por eso, consideramos que la adopción de un sistema de voto electrónico sería un gran retroceso en la calidad democrática para nuestro país”, termina diciendo el documento.
Este escrito, según resolvió el cuerpo colegiado, será enriquecido con otro documento de profundo rigor técnico que elaboró el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas en el mismo sentido y será entregado a los senadores de la Nación, que se aprestan a tratar el proyecto del Poder Ejecutivo para la implementación del voto electrónico en nuestro país.