La ex Presidenta denunció persecución política y pidió la nulidad de la causa por la obra pública.
Confirmó que presentó un escrito pidiendo la nulidad de la causa sobre el manejo de la obra pública y sostuvo que es “es una maniobra formidable de persecución política” la acusación de integrar una asociación ilícita con el ex presidente Néstor Kirchner y funcionarios de los dos gobiernos.
La ex presidenta Cristina Kirchner confirmó que presentó un escrito pidiendo la nulidad de la causa sobre presunto fraude en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz y sostuvo que es “es una maniobra formidable de persecución política” la acusación de integrar una asociación ilícita con el ex presidente Néstor Kirchner y funcionarios de los dos gobiernos, al tiempo que aseguró que no es amiga ni socia de Lázaro Báez, detenido por el manejo del dinero de la obra pública.
La acusación “es un disparate mayúsculo”, dijo al salir de los tribunales de Comodoro Py, tras cumplir con la citación del juez Julián Ercolini e interpretó que se intenta dar a entender que “una asociación ilícita la conforma el Poder Ejecutivo, elegido en elecciones libres”.
«No soy amiga ni socia comercial» de Báez, dijo la ex Presidenta al juez federal Julián Ercolini, en una exposición que duró media hora y en la que además denunció supuestas irregularidades en la licitación y financiación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, adjudicado a una unión de empresas que integra IECSA, de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
Respecto de las pruebas que presentó pidiendo la nulidad señaló que ofreció “el Presupuesto nacional (de la gestión) las obras públicas que se han hecho”
Explicó que, además, a partir de 1994 son los Jefes de Gabinete “los que ejecutan y administran el Presupuesto nacional” y, además, “las cuentas de los años 2003-2014 están aprobadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Comisión de Revisión de cuentas del Parlamento”.
Además, agregó la ex Presidenta que los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) sobre modificaciones a los presupuestos “son remitidos al Congreso”.
Denunció que este proceso judicial “es una maniobra formidable de persecución política, hostigamiento, que no es original” y recordó que algo similar sufrió el ex presidente Lula da Silva en Brasil y lo padecen, dijo, “los que representamos los procesos de inclusión, que hemos incorporado a millones de argentinos”.
Sostuvo que es una “maniobra del actual gobierno para tapar el desastre económico-social que tiene la Argentina pero no se puede tapar el Sol con las manos” y agregó que “este gobierno sería una asociación terrorista: terror cuando reciben las factura de gas, van al súper…”
También sostuvo que pidió una auditoría de toda la obra pública durante su gestión, para lo cual propuso constituir una comisión bicameral.