La jueza federal de San Martín, Martina Forns, afirmó hoy que la suspensión del nuevo cuadro tarifario del servicio eléctrico “tiene jurisdicción para todo el país”, al tratarse de un amparo de naturaleza colectiva, por lo cual las empresas distribuidoras deben abstenerse de emitir facturación con los aumentos. Aún se espera información oficial sobre cómo impactará la medida en Córdoba.
“Hasta que no sea revocada esta medida cautelar, los aumentos de energía de tarifa eléctrica están suspendidos”, aseveró la jueza en declaraciones al Canal C5N tras darse a conocer su fallo en el que aceptó una medida de amparo contra las Resoluciones 6/2016 y 7 /2016 del Ministerio de Energía y la Resolución 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre).
Sin bien aceptó un recurso presentado por ciudadanos del partido de Tres de Febrero, Forns aclaró que un amparo de naturaleza colectiva dispuesto por un juez federal de cualquier lugar del territorio nacional “pasa a tener jurisdicción para todo el país”, al precisar el alcance de su fallo de hoy.
La magistrada también aclaró que su fallo dispone “ordenar las medidas interinas de no emitir las facturas con el aumento, y para los que hayan pagado una nota de crédito para las futuras facturas que vengan con los aumentos”.
“Las empresas saben de qué se trata un amparo colectivo, saben que es una medida cautelar y que se debe respetar la actuación de la justicia”, aclaró la magistrada al advertir que en caso contrario las empresas serán pasibles de sanciones legales.
Apelará
El Gobierno nacional anticipó esta tarde la decisión de apelar el fallo de la jueza Federal de San Martín, Marina Forns, que puso freno a la suba en la electricidad, al declarar la nulidad de las Resoluciones 6/2016 y 7/2016 del Ministerio de Energía que implementaron los nuevos cuadros tarifarios.
Fuentes oficiales plantearon que el Gobierno tiene a partir de hoy, «tres días hábiles para hacer su descargo respecto a la cautelar interina, y a partir de ello aguardar que la misma magistrada dicte una cautelar definitiva”.
Una vez que la jueza Forns disponga la cautelar definitiva, el Gobierno recién podrá presentar su apelación “en la misma línea en la que se fueron apelando en estos meses los amparos presentados en distintas jurisdicciones”.
Las fuentes consultadas por Télam llamaron la atención sobre la decisión de la jueza de recurrir a “una cautelar interina, debido a que este tipo de recurso refleja una cuestión urgente, cuando las resoluciones cuestionadas tienen alrededor de seis meses de vigencia”.
De la misma manera, en el Gobierno descartaban que la Cámara Federal de San Martín pueda hacerse eco de las eventuales apelaciones en las causas referidas a los incrementos tarifarios de los servicios, debido a que el tribunal de segunda instancia ya avaló fallos anteriores de la misma jueza.