Se cumplen 50 añosla Noche de los Bastones Largos. El 29 de julio se conoció la decisión del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía de desalojar por la fuerza cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires
Por Lino Barañao (*)
Cuando salió de la comisaría, tras haber sido apaleado y detenido injustificadamente durante la noche del 29 de julio de 1966, el profesor Warren Ambrose, eminente matemático del MIT quien entonces dictaba clases en la Universidad Nacional de Buenos Aires, dirigió una carta al New York Times para contar lo sucedido. En la misiva, ya entonces advirtió los efectos de aquella conducta del gobierno de Onganía: «Va a retrasar seriamente el desarrollo del país, por muchas razones entre las cuales se cuenta el hecho de que muchos de los mejores profesores se van a ir».
Cincuenta años después de la Noche de los Bastones Largos, es oportuno reflexionar sobre la relación entre la producción de conocimiento y el autoritarismo, ya que los científicos han sido víctimas de represión y/o exterminio en muchos regímenes totalitarios.
¿A qué se debe el indeseado «privilegio» de pertenecer a ese blanco de ataque? Las razones acaso se encuentren en la esencia misma del quehacer científico.
Más allá de las inversiones, la comunidad científica sólo puede desarrollarse en ámbitos donde la libertad, el pluralismo y el debate sean norma, donde exista la posibilidad de innovar y adoptar actitudes disruptivas, que disputen el terreno de lo convencional. La curiosidad (que es la actitud opuesta al miedo) y la arrogancia (el deseo de desafiar las teorías imperantes) son motivaciones esenciales del científico. Se trata de actitudes claramente inconvenientes en un régimen que pretenda establecer un pensamiento unívoco a través del temor a la autoridad.
En nuestro país, como lo presintió Ambrose, los eventos de una sola noche tuvieron consecuencias mucho más profundas, que persistieron por décadas. Aunque mucho se ha discutido sobre la conveniencia o no de que el repudio a la violenta intromisión se haya manifestado por medio de renuncias mayoritarias, el resultado concreto fue la profecía autocumplida: el retroceso irreversible del proceso nacional de desarrollo científico-tecnológico que ya había posicionado a la Argentina a la vanguardia de la ciencia latinoamericana.
Este proceso tenía su núcleo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde figuras como Rolando García y Manuel Sadosky, por citar sólo a algunas, habían logrado establecer las bases de una ciencia de calidad, preocupada por la solución de problemas productivos y sociales. No debiera sorprender, por lo tanto, que fuera precisamente en esta casa de estudios donde se focalizó la represión.
Desde esta perspectiva histórica, resulta evidente la fragilidad de los procesos de construcción de una política de Estado en ciencia y tecnología y, en esta misma línea, la importancia de mantener dichas políticas más allá de un período gubernamental.
¿Cómo constituir esas metas y estructurar un camino para alcanzarlas desde nuestro ministerio? Una primera definición generalista es perseguir un tipo de ciencia que sirva para el desarrollo económico y social del país, que contribuya a crear una sociedad más justa.
Junto a las distintas instituciones que componen la matriz del sistema científico-tecnológico argentino, fuimos capaces de formular un plan estratégico de largo plazo. Ese plan fue pensado de un modo inédito para la Argentina: no apuntaba al desarrollo específico de las disciplinas sino al acoplamiento efectivo de la actividad científica con los núcleos socio-productivos que están anclados en los territorios.
Tras décadas de abandono, la ciencia argentina logró recuperar un vasto capital intelectual que estaba disperso en el exterior y, como resultado de la repatriación de 1.295 investigadores y la consolidación de una política de Estado para la ciencia, fortaleció a todo el sistema. Al ser producto del consenso de los distintos actores y al enfocarse en la transformación positiva de la sociedad, estas políticas poseen un carácter de perdurabilidad que puede trascender a los gobiernos.