Javier Iguacel aseguró que el organismo ya viene realizando auditorías y que «el sobreprecio en la obra pública era del 50%».
“Hicimos varias auditorías que presentamos a la Justicia. Con la información que hay, es más que suficiente para que la Justicia trabaje. La documentación está en el juzgado de Ercolini”, dijo Iguacel en declaraciones formuladas esta mañana a radio Nacional.
El domingo, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner había sugerido, en una entrevista con C5N, que “se haga una auditoría de toda la obra pública para dejar establecido si hubo o no sobreprecios”.
Iguacel afirmó que “en cada auditoría que se abre por pedido de la Justicia se ve más o menos lo mismo: sobreprecios que van desde el 30 al 70 por ciento, con un promedio del 50 por ciento”.
Según el funcionario, “se detectó a través de auditorías y documentación que se le pagaba a muchas empresas, pero la que consecuentemente generaba pagos adelantados era Austral, de Lázaro Báez”.
En ese marco, Iguacel explicó que “el circuito era inverso” al que funciona regularmente, y que se obtenían adelantos con certificados firmados por inspectores que avalaban que la obra se había hecho, sin que fuese así.
Según el funcionario, no sólo había involucrados funcionarios de Vialidad de las provincias, sino también a nivel nacional.
“Nuestra denuncia no es sólo contra Báez o contra (José) López, sino muchos funcionarios que participaron. Esto no lo puede hace una sola persona; hay una maquinaria detrás”, dijo.
Iguacel habló de cifras de sobreprecios que superan los 10 millones de pesos, y que se encontraron no sólo en la provincia de Santa Cruz sino también de Córdoba, Río Negro, Jujuy y Chaco, entre otras.
Dijo también que cuentan con funcionarios como testigos de estas operatorias, y explicó que “la mayoría de los empleados de Vialidad Nacional son gente de trabajo” que “durante mucho tiempo vivieron en un sistema que no compartían, donde no podían hablar por miedo”.
Finalmente, dijo que “aunque el sobreprecio sea del 1 por ciento, está mal y hay que desterrarlo” porque “cada peso que falta y va a manos que no corresponden, es lo que falta para que los argentinos estén mejor”.
El funcionario dijo que el objetivo no es sólo corrupción cero, sino también “impunidad cero”, porque, “si hay un vivo, que ese vivo sea llevado a la Justicia y juzgado”, al tiempo que afirmó que “no se pagará nada de adelanto de obra”.
“No se paga hasta que no se hace”, aseguró, y agregó que la idea es transparentar el procedimiento y que “se publiquen todas las licitaciones en Internet, que los pliegos se puedan bajar gratis y que ningún funcionario o empresario vea quien está” en esa licitación.