Esta adhesión a la ley nacional le permitiría a Córdoba recibir, a partir de junio, fondos específicos para prevención y lucha contra la violencia de género.
El Gobierno provincial resolvió adherir a la ley nacional de Protección Integral a las Mujeres. El gobernador Juan Schiaretti lo decidió anoche tras hacer propia la recomendación de la comisión de expertos creada hace poco por el Ministerio de Justicia, tal como lo anticipó este diario días atrás.
De este modo, la Provincia también escuchó los reclamos de distintos sectores políticos y organizaciones sociales. Esta adhesión a la ley nacional le permitiría a Córdoba recibir, a partir de junio, fondos específicos para prevención y lucha contra la violencia de género.
Según informó el diario La Voz del Interior, el Gobierno provincial se reservó para sí los aspectos procedimentales. Es decir, hizo uso de las facultades que tienen las provincias para generar sus propios mecanismos de prevención y persecución de los delitos de este tipo. Para eso cuenta con juzgados y fiscalías específicas que se ocupan de la violencia familiar.
La decisión de Schiaretti se enmarca en un contexto en el que se han producido numerosos casos de violencia familiar y de género.
La comisión de expertos es presidida por el ministro de Justicia, Luis Angulo, y está integrada por María Marta Cáceres de Bollatti (vocal del Tribunal Superior de Justicia), Alejandra Hillman (fiscal general adjunta), Alejandra Vigo (secretaria de Equidad y Promoción del Empleo), María Esther Cafure de Battistelli (exvocal del TSJ), Sonia Torres (Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba), Ana Falú (Red Mujer y Hábitat), y por los magistrados Fabián Faraoni (camarista de Familia) y Carlos Lascano (Tribunal Oral Federal 2 y miembro de la Academia Nacional de Derecho).
La misión de estos expertos también es propiciar una reforma a la Ley de Violencia Familiar provincial sancionada hace más de una década.
Por ahora, los expertos no tienen plazo para expedirse sobre las modificaciones, aunque fuentes del Gobierno provincial especulan que serían varios meses de trabajo. La idea es que en ese tiempo el Ministerio de Justicia remita a la Unicameral un proyecto para que pueda ser debatido.
En ese sentido, esta comisión multidisciplinaria de expertos tiene amplias facultades para requerir opiniones fundadas de las universidades nacionales y privadas y de otras instituciones de reconocida trayectoria para formular su proyecto.
Además, Justicia podrá ampliar la integración de la comisión de expertos con otras personas y entidades vinculadas a la temática.