El jefe de gabinete, Marcos Peña, reconoció las críticas conclusiones de la Iglesia respecto de la situación social del país, pero intentó minimizar la responsabilidad del Gobierno nacional al sostener que el Gobierno está trabajando para «reactivar la economía» y «muy atentos para que la pobreza más dura y estructural y la indigencia tengan cobertura alimentaria».
Peña, en declaraciones a radio La Red, lamentó que el documento de la Iglesia no tomara en cuenta medidas como «los refuerzos de los planes sociales» y «los pagos extra que se han hecho» y justificó las medidas económicas de ajuste y aumentos de tarifas al asegurar que sino se hubiera producido «una devastadora crisis económica», y que el país estaría encaminado «a lo que es hoy Venezuela».
«Es el camino que tenemos que recorrer para empezar a crecer, y lo hemos hecho cuidando mucho a los más débiles, con medidas que se esperaban hacía muchísimo tiempo», consideró a contramano del documento de la Iglesia con el que dijo acordar.
Esta mañana, en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó el veto total de la ley de emergencia ocupacional, sancionada la semana pasada por la Cámara de diputados, tal como había anunciado el viernes el presidente Mauricio Macri.
«Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.251», señala el artículo 1 del Decreto 701/2016, publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma de Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Educación, Esteban Bullrich.
Entre los considerandos, la norma señala que la denominada ley antidespidos, «congelará los empleos, mantendrá en la misma situación a los miles de argentinos que hoy trabajan en la informalidad e incrementará la pobreza, como sucedió en los últimos años».