El vicepresidente de la Falgbt, Esteban Paulón, aseguró que el nuevo aniversario de la norma se conmemora con «una enorme alegría» porque «es una ley que ha tenido un efecto muy positivo en la comunidad en general y en la trans en particular».
Telam – A cuatro años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, son más de diez mil las personas trans que ya accedieron al cambio de nombre y sexo registral en el DNI, lo que si bien «ha tenido un efecto muy positivo» para la calidad de vida de este colectivo, deja todavía pendiente el logro de «la igualdad real» en materia laboral, educativa y sanitaria, según referentes consultadas por Télam.
«Más de 10.000 son las personas que han accedido al cambio de DNI en todo el país y el trámite se realiza sin mayores inconvenientes», dijo.
Por su parte, la referente de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) Marcela Romero dijo a Télam que la Ley de identidad de género «solucionó el 30 por ciento» de los problemas de la población trans.
«Hoy celebramos cuatro años de poder realmente ser parte de la democracia, porque antes no existíamos en la agenda política; pero ahora hay que trabajar por la inclusión social», precisó Romero y añadió: «La salud integral y la inclusión laboral son las dos grandes materias pendientes».
«No queremos que la única opción para nosotras sea estar paradas en una esquina: las que quieran ser trabajadoras sexuales tienen derecho a serlo, pero el 80 por ciento exigimos tener más opciones», sostuvo.
En ese sentido, Esteban Paulón reclamó que la población trans sea beneficiada con algún proyecto como el de «Empleo Joven», una iniciativa del Ejecutivo Nacional que beneficia a las empresas que dan empleo a jóvenes en busca de su primer empleo
«Sería importante incluir otros grupos en este tipo de leyes porque los índices de exclusión laboral entre la población trans duplican a los de los jóvenes», dijo.
En cuanto al derecho a la salud integral, un apartado de la ley de Identidad de Género que fue reglamentado recién el año pasado, Romero fue tajante en afirmar que «no se cumple» porque «nunca funcionaron los programas de tratamiento hormonal».
«Hay una lista de espera de 600 compañeras trans para la reasignación de sexo» en hospitales públicos de todo el país.
«Es necesario que haya equipos de médicos capacitados para atender a la población trans y que las operaciones de cambio de sexo estén dentro del presupuesto de Salud», dijo Paulón.
Los referentes coincidieron en afirmar que el cuarto aniversario de la Ley coincide «con un recrudecimiento de la violencia transfóbica,» tanto en su variante institucional como doméstica.
Al respecto Romero señaló que «veníamos menos compañeras asesinadas, pero hace dos años los casos aumentaron, igual que la violencia institucional de hecho, en lo que va del año hubo 5 crímenes de odio de mujeres trans», la última de las cuales fue asesinada hace una semana en Santa Fe.
«No queremos que los casos queden impunes y que no los llamen dramas pasionales o ajustes de cuenta sino por lo que son: femicidios», dijo Romero y detalló que reciben «más denuncias de abuso policial».
«Estamos recibiendo denuncias de distintas provincias por operativos policiales en los que las compañeras son revisadas por hombres; porque les arman causas cuando se resisten a los arrestos, coimas o a violaciones; o porque las arrestan por merodeo cuando están ejerciendo el trabajo sexual. La exclusión no se combate con represión», agregó Romero.
Sancionada en 2012, la Ley 26743 de Identidad de Género garantizó el derecho a la identidad autopercibida a través de una rectificación registral por vía administrativa del DNI, y a la salud integral, incluyendo el acceso a «intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa».
Su aprobación representó un hito, pero ser la primera en el mundo que no requiere diagnósticos médicos o psiquiátricos, ni operaciones de adecuación corporal para el acceso a este derecho.