Tras la muerte de Héctor Avila, el interventor de la vecinal Quintitas Golf que denunció a los concejales Eduardo Scoppa y Martín Carranza por «usurpación por despojo», el abogado Gustavo Dovis confirmó que renunciará como querellante en la causa.
El caso había sido elevado a juicio pero la defensa apeló la decisión del fiscal de Instrucción y ahora debe resolver la Cámara.
El hecho
Según surge la investigación del fiscal, el entonces interventor de la vecinal, Héctor Avila, había señalado que al intentar normalizar «la vida institucional» de la entidad, observó que se encontraba «literalmente “tomada” por un grupo de vecinos liderados en la practica por los Concejales denunciados».
«De más esta destacar que ninguno de ellos tiene las facultades y atribuciones para inmiscuirse de esta manera en la vida institucional de la asociación civil mencionada. Que a partir de mi designación y posterior aceptación se me ha hecho materialmente imposible llevar adelante la tarea que la Dirección de Inspecciones Jurídicas, dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba me encomendó», indicó Avila en su presentación.
Resaltó que las «irregularidades tienen comienzo el día 27 de mayo de 2014 momento en el que un grupo de personas habían violentado la cerradura de la puerta de la vecinal y roto el candado que cerraba la cadena que cumplía una medida de seguridad adicional, en la entrada del predio».
«Así las cosas dicha intervención de tinte delictivo por parte de este grupo de vecinos liderados por los concejales Scoppa y Carranza, toma posesión de la vecinal por la fuerza, agravándose la situación de los denunciados por sus calidades de funcionarios públicos», opinó..
Avila había manifestado que «la propiedad de dichos terrenos fue donada por el estado municipal a la vecinal en el año 2005 mediante ordenanza N° 379/05, y que con fecha 27.05.2014 otra ordenanza de carácter netamente inconstitucional (ya que desconoce el Derecho a la propiedad Privada, derecho tutelado en nuestra Carta Magna art. 14 y 17), pretende derogar la anterior y así dejar sin efecto la donación realizada en un primer momento».
«Resalto en esta formal denuncia que tanto la Municipalidad de la Ciudad de Rio Cuarto, así como su Honorable Consejo Deliberante ninguna facultad de contralor tienen con respecto a la propiedad de las vecinales, su constitución, su funcionamiento, facultades estas que corresponde a el Gobierno Provincial por intermedio de la Dirección de Personas Jurídicas, dependientes del Ministerio de Justicia», argumentó.