El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto manifestó su “preocupación por el proceso de desfinanciamiento de la educación pública, en general, y de las universidades nacionales, en particular”, expresado en “recortes presupuestarios, atraso en el envío de los fondos, cancelamiento de contratos y convenios entre el Ministerio de Educación y algunas universidades, aumento en los insumos y servicios que afectan el normal desenvolvimiento de las tareas de enseñanza y despidos a profesionales que se desempeñaban en áreas ministeriales o en Programas socioeducativos (Conectar Igualdad, entre otros)”.
Lo hizo a través de la aprobación de un documento surgido del seno de una Comisión Ad-hoc constituida con la finalidad de reflejar públicamente en ese escrito la preocupación de la Universidad ante la situación presupuestaria y salarial por la que atraviesan las universidades nacionales ante los recortes impuestos desde el Gobierno nacional.
El cuerpo colegiado consideró que este escenario descripto inicialmente se completa con “la falta de solución al retraso salarial que afecta en la actualidad a los trabajadores universitarios, condicionando de manera directa las posibilidades de cumplimiento de la agenda académica institucional y, en especial, la calidad de los procesos educativos”.
El Consejo Superior entendió que este desfinanciamiento “es una manifestación más de un proyecto económico y político que pretende reducir el Estado a su mínima expresión. Frente a ello, ratifica su condición de Institución de educación superior, pública, gratuita, inclusiva y de calidad; democrática, popular y emancipatoria; comprometida con procesos de ampliación de derechos e involucrada en experiencias de democratización y participación social plena en la toma de decisiones”.
De esta manera, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto expresó públicamente la “preocupación” de esta casa de estudios “frente a la decisión del Gobierno nacional de enviar remesas mensuales que sólo alcanzan para cubrir los costos salariales, comprometiendo seriamente el funcionamiento institucional”.
El cuerpo colegiado señaló que estas remesas “constituyen cuotapartes del presupuesto asignado al sistema universitario nacional en octubre de 2015, evidentemente desactualizado a la fecha”.
En virtud de esta situación, el órgano de conducción universitaria dispuso “realizar un llamamiento” a las autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y “acompañar los requerimientos gremiales por mejores salarios de todo el personal de las universidades, como medio de posibilitar el cumplimiento de las funciones y objetivos académicos del sistema universitario”.
La elaboración de este documento se planteó a partir de un pedido realizado hace dos semanas atrás al Consejo Superior de la UNRC por la Asociación Gremial Docente, solicitando el pronunciamiento público del cuerpo colegiado sobre la situación presupuestaria y salarial de la institución.
Precisamente, el gremio que nuclea a los docentes universitarios locales, que se encuentra realizando esta semana un paro sin asistencia, realizó este martes una movilización hasta el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas donde se hallaba reunido el Consejo Superior para reiterar sus reclamos a tono con los contenidos del documento y manifestar su apoyo al mismo.
El Consejo Superior, además, resolvió “encomendar” al rector Roberto Rovere la presentación de este posicionamiento de la UNRC ante el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), “solicitando a ese organismo que se expida en consonancia con lo planteado por esta Universidad Nacional y a la Secretaría de Política Universitaria para su conocimiento”.
De igual manera, el cuerpo colegiado planteó la necesidad de “difundir este posicionamiento a toda la trama de relaciones institucionales que la UNRC tiene en la región y el país, invitando a adherir a ella y a expresar públicamente su posicionamiento”.
En los considerandos de la resolución, el Consejo Superior recordó que la Universidad tomó posición institucional de apoyo al documento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) titulado “Las universidades públicas propiciamos una política de estado en educación superior”, en cuyo contenido se expresa “el compromiso de las Universidades Públicas con el desarrollo sustentable, la inclusión social y la coordinada interacción con los actores sociales del territorio y los poderes públicos” y agrega que “para cumplir con dichas funciones resulta indispensable contar con los recursos económicos asignados en el Presupuesto nacional por el Congreso de la Nación”.
Según se precisa en los mismos considerandos, con igual objetivo y sentido, el Consejo Superior de la UNRC, en su Resolución 024/2016, ha tomado posición sobre lo expresado en el Decreto 336/2016 y “otras medidas que ponen en cuestión las funciones generales del estado (…) afectando políticas de inclusión educativa, culturales, comunicacionales, de derechos humanos y libre expresión” y ha encomendado al rector “solicitar al CIN que se expida, en tanto representación del conjunto de universidades nacionales, sobre las consecuencias que el decreto mencionado puede tener sobre el desarrollo de políticas, programas y proyectos que el CIN apoyara para su concreción”.
La Resolución 024/2016 del Consejo Superior manifiesta también la necesidad de “hacer oír el parecer de las Universidades, a través del CIN, para el análisis crítico constante y las propuestas dirigidas al sostenimiento de una educación pública e inclusiva y de una sociedad justa y democrática, ello atento al rol central de las instituciones de enseñanza superior en la producción y transmisión del conocimiento”.
El cuerpo colegiado entiende que “la cuestión presupuestaria y salarial es un tema de actualidad y preocupación del CIN, tratado en la última reunión plenaria de ese organismo realizada en la Universidad de Avellaneda en el corriente mes”, y subraya que “los incrementos de precios en los servicios generales comprometen proporciones significativas y crecientes del presupuesto de funcionamiento de la institución”.
Un bien social
El posicionamiento adoptado por el Consejo Superior de la UNRC se sustenta en la concepción de universidad que expresa su Estatuto y su Plan Institucional cuando establece que: “La UNRC debe ser un instrumento apto para promover la transformación del país y la superación de la dependencia. Debe preservar las formas superiores de la cultura y promover la generación de una conciencia nacional. La Universidad Nacional de Río Cuarto asume como una estricta convicción que, en el marco establecido por la Constitución Nacional, el Estado debe garantizar el financiamiento del Sistema de Educación Pública en todos sus niveles, generando las condiciones necesarias de sustentabilidad”.
“Se caracteriza por ser (….) un bien social, que debe contribuir a la definición y a la resolución de problemas sociales de los grupos o sectores más vulnerables, al desarrollo económico nacional, a la preservación del medio ambiente y a la creación de una cultura y una conciencia nacional y solidaria”.
Se agrega que “el sostenimiento de estos principios interpela a la institución a una mirada crítica y propositiva ante los actuales escenarios políticos y socio-educativos y a partir de asumir la conflictividad del contexto histórico-social, define también su compromiso con la producción y enseñanza de un conocimiento al servicio de los sujetos y grupos vulnerados en el ejercicio del derecho a la educación pública y al trabajo”.
«Defender la universidad pública»
Al hacer uso de la palabra, el rector Roberto Rovere dijo: “Nosotros ya hemos defendido la educación pública cuando tiempo atrás tomamos postura en favor de un documento del CIN sobre lo que podía verse en el futuro en las universidades nacionales, en aquel momento incluso hubo quienes nos acusaron de hacer proselitismo”. Agregó que “es necesario profundizar el acercamiento y la comunicación entre los claustros y de la Universidad con el pueblo. Y creo que como docentes que somos tenemos que salir a hacer docencia a la sociedad, ir a la calle a hacer docencia para que la gente tenga mayores precisiones sobre el momento que vive la universidad pública”.
Rovere reflexionó que “la sociedad, la gente, tomó partido por una opción en las elecciones. Y en este marco quiero preguntar qué vamos hacer ahora porque este es el tercer documento que se aprueba en el Consejo Superior en defensa de la educación pública más otro que generó el Observatorio de Derechos Humanos. Quizás haya que sumar otra estrategia, por ejemplo, hacer una tablita instructiva donde la sociedad pueda ver los gastos del presupuesto universitario, así ayudar en la comprensión que va mucho más allá que el salario. Me parece que hay que mostrar los números totales del presupuesto porque la gente se queda pensando que cada reclamo, que cada paro, es solo por la cuestión salarial”.
El Rector añadió que “tenemos que pensar también que cuando frenamos actividades perjudicamos a quienes también tienen derecho a la educación. Hagamos otra cosa como pensar de qué manera podemos mostrar al ciudadano que significa un 10 por ciento de recorte, que afecta más allá del salario. En el plenario del CIN estuvieron todos los gremios y plantearon la problemática a las autoridades de la Secretaría Políticas Universitarias y sabemos que no tuvieron mayores respuestas. Tenemos que ser ingeniosos, buscar alternativas para concientizar sobre la problemática”.
Finalmente agregó que desde la conducción “nos comprometemos a promover vínculos con las instituciones de la ciudad pero tenemos que ir todos a la convocatoria porque es la única forma de llegar a la comunidad”.
El vicerrector Jorge González expresó que “no nos favorece que la Universidad esté en paro permanente porque el Ministerio de Educación quizás esté deseando que las universidades nacionales cierren. Me parece tenemos que buscar el efecto del 2001 con la unión de todos los claustros para defender la Universidad porque si nosotros apagamos la luz y nos vamos, hay sectores que aplauden. Sabemos que la propuesta del 15 % de aumento para los docentes no lo entienden ni en la misma Secretaría de Políticas Universitarias. Lo que pasa de todas maneras es que el Gobierno nacional quiere bajar el presupuesto de 52 mil millones de pesos de las universidades nacionales porque necesitan cubrir por ejemplo el bache que dejó eliminar las retenciones”.
El secretario General, Enrique Bérgamo, sostuvo: “Quiero insistir que estos recortes que estamos sufriendo afectan el funcionamiento, puede que se suspenda un viaje para dar una clase, pero si sigue el achique se va a afectar ya no solo a la Universidad sino a toda la sociedad. El ajuste puede llegar a resentir fuertemente el empleo, el tema no es solamente universitario es de toda la sociedad” e invitó a concientizar durante los actos culturales que se llevarán a cabo en el campus el 28 de abril por los 45 años de la UNRC.
Gremio docente: emergencia educativa
Al hacer uso de la palabra en el Consejo Superior secretaria General de la Asociación Gremial Docente, Cecilia Saroff, dijo que “tenemos que hacer un pedido para que se declare la emergencia educativa y viabilizar este pedido por intermedio del Consejo Interuniversitario Nacional y de la Secretaría de Políticas Universitarias”.
Respecto al documento aprobado por el Superior, Saroff expresó: “Es muy importante que el Consejo Superior esté en permanente debate sobre la situación presupuestaria de la Universidad porque la situación de la educación pública argentina es muy grave”. Agregó que “me interesa dejar el claro que las medidas de fuerza que se están llevando adelante no solo son para reclamar por el salario sino porque nos preocupa el sistema de desfinanciamiento que se está montando en torno a las universidades nacionales”.
Sostuvo que “está en riesgo el sistema educativo nacional, un tema que va más allá de la falta de financiamiento de las universidades nacionales. Estamos cerca de cumplir 45 años de la creación de la UNRC por una sociedad que salió a pedirla y nos debemos a esa sociedad. Por eso tenemos que ponerla al tanto de los riesgos que se corren por las políticas de un estado que no cumple con la educación. Es la hora de llevar nuestra problemática a toda la sociedad. Por ejemplos los profesorados que dicta la Universidad en la región, ir a difundir allí el problema”.
Por su parte, el secretario gremial de la AGD, Guillermo Asworth, pidió que se hagan las gestiones ante Consejo Interuniversitario Nacional para que entre como tema en el orden del día en la próxima sesión y no que solamente se pase vista a través de la lectura.
Más testimonios
En prime términos hablaron Viviana Macchiarola, consejera docente Facultad de Ciencias Humanas y Víctor Becerra, consejero docente Facultad de Agronomía y Veterinaria quienes comentaron algunos criterios sobre como trabajó la Comisión Ad Hoc que elaboró el documento que fue tratado por el Consejo Superior. Coincidieron sobre la necesidad de que toda la Universidad se movilice para que el documento no quede solo en eso sino que se pase a la acción y que es importante analizar permanentemente la coyuntura que estamos viviendo para no nos sorprenda, en un ámbito donde la educación pública atraviesa serias dificultades.
El consejero estudiante, José Tellería reivindicó la idea de que “la lucha no es solo por el salario, es por el presupuesto educativo, queremos que el estado siga financiando la educación pública no que el presupuesto empiece a ser aportado por fuentes privadas. Los cuatro claustros de la Universidad debemos convocarnos para poner este debate en la sociedad y explicar porque queremos la declaración de la emergencia educativa”.
En tanto el consejero estudiante, Javier Sachifani, sostuvo que “adherimos totalmente al reclamo docente, sabemos que no es solo por la cuestión salarial sino porque la educación es un derechos social que debe ser garantizado por el estado. Y toda la comunidad universitaria debe traccionar para lograr la concientización sobre el tema con acciones concretas en la sociedad”.
Por su parte, Matías Ezequiel Tello consejero nodocente, anunció que el viernes habrá un paro de la ATURC decretado por la FATUN por los recortes presupuestarias y en solidaridad contra los despidos del trabajadores del estado. Tello explicó que “estamos de acuerdo con el documente y pronto como claustro entraremos en un proceso de paritaria y no creo que sea muy diferente a la del claustro docente. Por eso coincido en que debemos todos los claustros acercarnos a la sociedad para difundir la problemática y concientizar a la gente pero incluso creo que debemos poner un importante esfuerzo para concientizar a nivel interno en la Universidad a muchos que no están al tanto de la situación”
La decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Rosa Cattana, en este marco pidió que el Consejo Superior participé este miércoles de la asamblea intersectorial para la defensa de la educación pública que se llevará a cabo en la guardia nueva en el campus convocada por la gremial docente a partir de las 13.
Carlos Alberto Leiggener consejo graduado sostuvo que “nos preocupa como graduados y profesionales todo lo que está pasando en el país. Cuando se achica un presupuesto se pierde el derecho a la educación pública en la sociedad argentina y este aspecto no puede quedar solo en una discusión interna en la Universidad. Por el contrario queremos que la sociedad se apropie de esta problemática porque está en riesgo la educación. Me gustaría decir también que nuestra estrategia no debe ser solo la resistencia sino que debemos generar la fuerza moral para tomar la iniciativa y hacer que el problema sea conocido en todos los sectores sociales”.
Adrián Avalos, consejero nodocente, dijo: “Hace tiempo en este mismo Consejo discutimos críticamente sobre una nota que le habían dado a la Universidad en un ranking. Y ahora estamos otra vez defendiendo la educación pública, esta vez por los recursos. Creo que debemos concientizar a la gente de la situación universitaria pero, a la vez, ser también solidarios porque en muchos lugares están echando a trabajadores del estado. Y creo compañeros que debemos estar unidos en este momento, no olvidemos que ya tenemos un Código de Seguridad que nos limita para reclamar nuestros derechos”.
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