A los 12 años su madre la abandonó en una esquina de San Francisco para que aguardara a su primer cliente. Fue el principio de un martirio que muchos años después concluyó en un prostíbulo de Villa Mercedes, donde la había vendido su propia familia. Un hombre bueno la ayudó a salir del burdel donde había pensado en suicidarse. A partir de entonces, Daniela Chávez decidió dejar de ser una víctima para sentirse una sobreviviente. Un relato conmovedor sobre el impacto de la trata de personas y el ocultamiento social y cultural que favorece la clandestinidad del doloroso flagelo.
141 condenas
Las investigaciones preliminares por trata de personas realizadas por la Protex a partir de las denuncias recibidas se incrementaron en más del 46 por ciento en 2015 en relación al año anterior, mientras que las 141 condenas por este tipo de delito seguidas por ese organismo desde 2013 dan cuenta de un importante cambio cualitativo: cada vez son más las redes y los funcionarios públicos alcanzados por la Justicia.
Los datos se desprenden de un adelanto del informe ejecutivo anual 2015 elaborado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) al que tuvo acceso Télam y muestran también que Argentina forma parte del grupo naciones con más sentencias condenatorias por explotación de personas, según la Oficina de Lucha contra el Crimen de la ONU (Unodc).
“Estamos registrando el incremento de investigaciones preliminares (por trata) y también vemos un incremento de la cantidad de juicios orales y sentencias condenatorias en los últimos dos años en el país”, dijo el titular de la Protex, Marcelo Colombo, en diálogo con Télam.
Al comparar estos datos «con un reporte de las Naciones Unidas sobre la situación de la trata a nivel mundial, hemos detectando que Argentina forma parte del 16 por ciento de países que han logrado más de 50 condenados en los últimos dos años por el delito de trata”, dijo.
Así, mientras en 2014 iniciaron 288 investigaciones preliminares, los expedientes abiertos en 2015 fueron 428.
Las investigaciones, que corresponden fundamentalmente a casos de trata sexual (53%), laboral (31%) o con finalidad indefinida (16%), fueron iniciadas de oficio o a partir de denuncias realizadas por organismos públicos, ONGs, particulares y consulados.
Por otro, en 2014 hubo 70 condenas por trata de personas y otras 50 en 2015.
“Pero estos indicadores son sólo cuantitativos: marcan cómo el sistema penal procesa los casos de trata y llega a condenarlos; pero lo más importante es el indicador cualitativo, que tiene que ver con qué tipo de casos está procesando y qué tipo de condenados está generando: si forman parte de redes organizadas o si tienen acceso positivo al poder”, explicó.
En funcionario señaló que “en los últimos 2 años” se produjo un incremento en las condenas a grupos de personas que integran redes de trata y a funcionarios públicos involucrados con esas organizaciones delictivas.
Ese avance «nos hace mirar hacia adelante con cierto optimismo, porque la administración de Justicia está empezando a romper esa propia lógica de funcionamiento que tiene no sólo con los casos trata sino de también narcotráfico, para llegar a personas con otro tipo de infraestructura logística y capacidad de acción”, agregó.
Un ejemplo de ésto es la condena al líder y a otros cinco integrantes de una red de trata de mujeres que operaba captando chicas en Buenos Aires bajo falsas ofertas de trabajo, para luego explotarlas en un prostíbulo de la ciudad de Ushuaia.
Y en otro juicio sustanciado en la capital mendocina, las penas recayeron sobre dos tratantes, la encargada del local, el médico que practicaba abortos a las mujeres explotadas, dos policías y un inspector municipal.
La Justicia no ha podido ascender en la misma medida en la cadena de responsabilidades que está detrás de los casos de trata laboral denunciados e investigados judicialmente. En 2015 sólo resultó condenado un empresario rural de Mendoza.
En los intentos de «responsabilizar a las marcas en el proceso de tercerización de su trabajo en talleres textiles» con mano de obra esclava «hemos chocado con jurisprudencia contraria», apuntó el procurador.
«Por eso -dijo- estamos realizando presentaciones usando una herramienta jurídica desarrollada en España, donde la lógica de imputación penal difiere de la tradicional porque el dueño de la empresa no está presente en el lugar de explotación sino que hay una relación de causalidad entre quien explota y quien se beneficia, que debe ser interpretada de acuerdo a otros criterios jurídicos”, explicó.
Algunos avances en el ascenso en la cadena de responsabilidades son el procesamiento del intendente y subjefe policial de una localidad pampeana, la elevación a juicio de una causa que tiene como acusados la cúpula de una comisaría porteña y la solicitud de indagatoria a los titulares de la sociedad yerbatera de Misiones por la explotación de 62 tareferos.
La Protex coadministra además, con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la línea telefónica de denuncia gratuita de casos de trata 145, a través de la cual en 2015 se recibieron 975 denuncias.
Un dato interesante consignado en el adelanto de informe es que el “8 por ciento de los casos denunciados anónimamente involucran a funcionarios públicos”.