El cuerpo colegiado entiende que “pone en entredicho, sin fundamentación clara ni análisis particularizados, la pertinencia y conveniencia del conjunto de los convenios entre las universidades nacionales y el Poder Ejecutivo Nacional”.
PRENSA UNRC – El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto encomendó al rector Roberto Rovere que pida al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que se expida, en representación del conjunto de las casas de altos estudios públicas del país, acerca de los alcances del Decreto 336/2016 que deja a potestad de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional la continuidad de los convenios con las instituciones estatales de educación superior.
La UNRC se puso en alerta cuando desde la Casa Rosada llegaron noticias de que el Poder Ejecutivo suspendería los convenios establecidos entre el Estado y las universidades públicas, lo que sembró dudas sobre la continuidad de varios acuerdos vigentes con la Nación.
El Consejo Superior de la UNRC se hizo eco de esta preocupación y conformó una Comisión Ad Hoc para abordar el tema, sobre el cual presentó este martes en la sesión del cuerpo colegiado un despacho donde encomienda al rector Roberto Rovere que solicite al CIN que se expida, “en representación cooperativa y solidaria del conjunto de las universidades nacionales, acerca de los modos en que el Decreto 336/2016 y medidas semejantes puedan afectar el desarrollo de políticas, programas y proyectos” que el organismo que nuclea a los titulares de casas de estudios estatales del país apoyó oportunamente en el documento denominado “Las universidades públicas propiciamos una política de estado en educación superior”.
El órgano de conducción universitaria aprobó el despacho de la Comisión Ad Hoc, que en sus considerandos reafirma la adhesión de la Universidad Nacional de Río Cuarto al documento del CIN que, entre otros aspectos, “hace un llamado a todas las fuerzas políticas a preservar la continuidad de los avances en la materia en los últimos años”.
También entiende que, en dicho documento, “se expresa el compromiso de las universidades públicas con el desarrollo sustentable, la inclusión social y la coordinada interacción con los actores sociales del territorio y los poderes públicos”.
En los considerandos del despacho aprobado también se sostiene que “la implementación de acciones de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, especialmente las definidas en el Decreto 336/2016 que dejan a potestad de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional la continuidad de los convenios con Universidades Nacionales, ponen en riesgo la continuidad de las políticas expresadas en el documento previamente citado y, de esta manera, pueden lesionar tanto al sistema de educación superior como a otras áreas del Estado con quienes se realizan los convenios”.
Se agrega además que “el espíritu del Decreto pone en entredicho, sin fundamentación clara ni análisis particularizados, la pertinencia y conveniencia del conjunto de los convenios entre las universidades nacionales y el Poder Ejecutivo Nacional”.
El Consejo Superior, asimismo, “manifiesta su preocupación por otras medidas que ponen en cuestión las funciones generales del Estado que este organismo considera prioritarias, afectando políticas de inclusión educativa, culturales, comunicacionales, de derechos humanos y libre expresión, contraponiéndose claramente con los lineamientos expresados en el documento del CIN antes mencionado”.
En el mismo sentido, destaca que “el espíritu de las medidas menoscaba injustificadamente la consideración de la sociedad sobre las capacidades y el rol de las universidades en la vida nacional, la transparencia de sus acciones, su calidad académica y sentido social”.
Tras los considerandos, subraya el documento aprobado por el Consejo Superior: “Encomendamos al señor rector solicitar al CIN se expida, en representación cooperativa y solidaria del conjunto de las universidades nacionales, acerca de los modos en que el Decreto 336/2016 y medidas semejantes puedan afectar el desarrollo de políticas, programas y proyectos que el CIN apoyó en el documento mencionado”, entre los que enumera el “Respeto por los marcos legales que garanticen financiamiento, legitimidad y proyección educativa, especialmente un presupuesto mínimo del 6 % del PBI para educación”, los “Programas de Infraestructura Universitaria que permitan continuar con obras de remodelación y construcción”, los “Programas de mejoramiento de la calidad universitaria”, la “Recuperación de la educación técnica”, el “Desarrollo del Programa Conectar Igualdad”, la “Expansión de la educación superior”, los “Programas de apoyo económico para estudiantes como becas u otros”, las “Políticas activas de ciencia, tecnología e innovación vinculadas a requerimientos sociales y productivos y tendientes al crecimiento del sistema científico”, la “Consideración de las universidades nacionales como consultoras prioritarias en el diseño, desarrollo y evaluación de políticas públicas” y las “Políticas culturales y de comunicación con participación activa de las universidades”.
Concluye el documento del Consejo Superior: “Atento al rol central de las universidades en la producción, enseñanza y comunicación del conocimiento, es que consideramos necesario hacer oír nuestras voces, a través del CIN, para el análisis crítico constante y las propuestas dirigidas al sostenimiento de una educación pública e inclusiva y de una sociedad justa y democrática”.