Condenan al primer empresario por complicidad con la dictadura

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Por Agencia Télam

El Tribunal Oral Federal de Salta condenó hoy al expropietario de La Veloz del Norte, Marcos Levín, a 12 años de prisión por considerarlo partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos, en contra de un extrabajador y gremialista de su empresa, y se convirtió en el primer empresario en el país condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
«Los jueces han demostrado que tienen un alto honor y no tuvieron miedo de dictar una sentencia ejemplar. Esto nos demuestra que tenemos que confiar en la justicia. Se trata de un empresario de mucho poder», dijo a Télam Víctor Manuel Cobos, el ex empleado de la empresa de Levín y víctima en este juicio.
Las afirmaciones de Cobos fueron formuladas en la sala de audiencia de los tribunales federales salteños, minutos después de escuchar la sentencia en el octavo juicio que por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura se desarrolló en Salta.
«Este es el resultado de 40 años de lucha y espera» afirmó Cobos, quien fue detenido el 22 de enero de 1977, en la empresa, y desde allí trasladado a la entonces comisaría cuarta, donde fue torturado y obligado a firmar una declaración para acusar a compañeros de una estafa a la empresa. Hoy, el tribunal integrado por Federico Díaz, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, condenó en mayoría a Levín, a 12 años de prisión.

Partícipe necesario

Los jueces consideraron al empresario partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por el tiempo de duración, e imposición de tormentos, agravado por resultar la víctima un perseguido político.
En tanto, a los ex policías Víctor Hugo Bocos y Víctor Hugo Almirón los consideró coautores de estos mismos delitos y también les impuso 12 años de prisión, mientras que su par Hugo Enrique Almirón recibió una condena de 8 años de prisión.

Además, los magistrados declararon los hechos analizados en este proceso como delitos de lesa humanidad.

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