PRENSA UNRC – El accionar de la fuerza policial, la desigualdad social, la imposibilidad de acceder a la Justicia, a la tierra, al agua potable, a la vivienda digna y al trabajo, por parte de los sectores más postergados, se destacaron entre los problemas urgentes
“En el IPV de Banda Norte tenemos un problema de adicciones terrible. Más del 60 por ciento de los jóvenes se droga. Necesitamos contención para nuestros niños de 10 años, porque a esa edad, en el barrio, ya todos han probado las drogas”.
Ese fue el relato conmovedor, el pedido de auxilio desesperado, que Susana Tissera, de la Cooperativa La Martina, lanzó al seno del Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC que se reunió por primera vez después de su nueva conformación.
La mujer fue una de las primeras en pedir la palabra a poco de comenzar el encuentro y planteó sin grises la cruda realidad de su barrio, al que tiene “miedo de ir”, según ella misma reconoció.
El encuentro reunió en las instalaciones que el PEAM tiene en el predio de El Andino a casi medio centenar de representantes de organizaciones sociales, estudiante secundarios, entidades gremiales y de bien público de Río Cuarto, como así también de las distintas unidades académicas de la Universidad y del Rectorado.
Allí, cada uno pudo plantear su visión sobre las problemáticas sociales más acuciantes de la ciudad y aquellas de carácter particular. Las adicciones, el accionar de la fuerza policial, la violencia de género, la discriminación, la imposibilidad de acceder a la Justicia, a la tierra, al agua potable, a la vivienda digna y al trabajo, por parte de los sectores más postergados, se destacaron entre las preocupaciones más urgentes.
El rector Roberto Rovere abrió el encuentro agradeciendo la presencia de los delegados de las distintas organizaciones, y señaló: “Buscamos dar otra representatividad y otra dinámica al Observatorio de Derechos Humanos. El objetivo es trabajar para gestar políticas que tengan que ver con los derechos humanos, y analizar las situaciones de vulnerabilidad”.
“Las actividades del Observatorio deben estar centradas en el diálogo entre las instituciones y, para ello, es necesario que haya una amplia representatividad”, sostuvo.
“La Universidad –acotó- debe ser intermediaria para concientizar sobre los derechos humanos”, tras lo cual hizo hincapié en la importancia de trabajar “en temáticas que surgen desde las áreas académicas, a la vez que abordar adentro de la Universidad las problemáticas que plantean las diferentes organizaciones sociales”.
La profesora Mirta Aromataris, coordinadora del Observatorio, expuso luego los objetivos y las funciones que deberá cumplir el organismo y avanzó en la presentación de una primera propuesta de trabajo, tras lo cual tomaron la palabra los integrantes del Consejo Consultivo –conformado por una variada gama de entidades- quienes con rigurosos planteo describieron sus preocupaciones.
Tissera: “En la esquina están los vendedores de drogas”
Susana Tissera fue dueña del relato más crudo del encuentro cuando, ante una sala que se llamó a silencio para escucharla, narró: “En el IPV de Banda Norte los chicos no pueden salir a las calles porque en cada una de las esquinas están los vendedores de droga. Nosotros lo sabemos y la policía también lo sabe. Están a los tiros. Yo misma tengo miedo de ir al barrio. Necesitamos con urgencia psicólogos y psicopedagogos que orienten a las madres para aconsejarles a sus hijos. Verdaderamente da miedo que un chico de 13 años ande todo el día ‘calzado’. Tiene que haber algo que contenga a los pibes. Esta es una realidad que no sólo afecta al IPV de Banda Norte, sino a muchos otros barrios de la ciudad. Alguien tiene que decirles a los chicos qué les va a pasar si siguen consumiendo drogas”.
Muzzolón: “Las villas son una cárcel a cielo abierto”
No menos vívidas resultaron las palabras de Juan Muzzolón, de la Asociación Ex presos políticos de Río Cuarto y del Sur de Córdoba.
“En Río Cuarto, en lugar de un cordón industrial, tenemos un cordón villero, y las villas tienen sus internas por el consumo de las drogas. Los enfrentamientos son cada vez peores. Las villas se convirtieron en una cárcel a cielo abierto. Allí hay una conflictividad social en la que siempre media la fuerza policial. Por día, cinco chicos son llevados presos. Lo que ocurre es que tenemos un modelo de seguridad en Córdoba basado en el Código de Faltas. Nuestra policía cobra por las detenciones. Es necesario trabajar para tener un modelo de seguridad diferente. Además, en el ejido de Río Cuarto hay serios problemas de acceso a la Justicia, pero también de acceso a la tierra y al agua potable”.
Torres: “Si hay un grupo vulnerado, es la comunidad trans”
Walter Torres, de la Mesa de la Diversidad, sostuvo por su parte, que “el Observatorio debe generar propuestas de ley. Hoy tenemos una ley de discriminación del año ’88, pese a que ha habido muchos avances en otras áreas. Es necesario trabajar en una Ley de Educación Sexual Integral, un tema que además debería ser incluido en la currícula de las escuelas y ser discutido, junto con la discriminación, hacia el interior de la Universidad”.
Agregó: “También, en cuanto a la violencia de género, proponemos trabajar en la prevención y no sobre el hecho trágico. Por otra parte, creemos que, si hay un grupo vulnerado, ese es el de la comunidad trans, por eso planteamos un proyecto de ley integral para la comunidad”.
Comentó Torres que el 90% de los trans no trabaja y por lo tanto tiene que ejercer la prostitución para vivir. El 80% no terminó el secundario y mueren entre los 35 y 40 años. En Río Cuarto, el número de personas trans no supera las 35, según dijo.
Glineur Berne: “Hay índices de sífilis alarmantes”
La médica Matilde Glineur Berne, ex presa política y también integrante del Comité Asesor, llamó a coordinar el trabajo entre todos los sectores de la sociedad. “Este es el gran desafío del Observatorio, para poder darles un futuro a los niños. No puede ser que cada uno se dedique a cuidar sólo su quintita. En los barrios de la ciudad, los dispensarios no atajan nada. Por ejemplo, hay índices de sífilis alarmantes y no tenemos control. Cada villa tiene carencias terribles. Los programas están pero los tiene que coordinar el Observatorio”.
Bérgamo: “La mayoría de los discriminadores son universitarios”
El secretario general de la UNRC, Enrique Bérgamo, expresó: “La mayoría de los discriminadores son universitarios, y eso nos avergüenza mucho. Los discriminados no entran en la Universidad; no veo a los chicos de los barrios en la Universidad. Necesitamos que ustedes nos ayuden a revertir esas condiciones. Tenemos que generar políticas activas y dejar ver que la Universidad está cerca de la gente”.
Añadió: “Apostamos fuertemente a la organización”, pero al mismo tiempo advirtió: “No todo se debe resolver con la confrontación”, y enfatizó: “No podemos profundizar las situaciones de discriminación”.
González: “Las organizaciones tienen un conocimiento que la Universidad no”
El vicerrector Jorge González destacó que “las organizaciones sociales tienen un conocimiento del territorio que no lo tiene la Universidad”. Planteó la importancia de que los miembros del Observatorio vayan al Consejo Superior de la UNRC para hacer conocer sus actividades y objetivos, porque “no todos saben de qué se trata”. Asimismo, instó a los miembros del Observatorio a “ser lo más eficientes posibles para evitar el desgaste”.
Rovere: “Sé que los problemas nos van a acuciar”
El rector Roberto Rovere dijo durante el encuentro que “hay que concientizar hacia adentro de la Universidad y llegar como Observatorio a cada una de las unidades académicas. Tenemos que trabajar con los estudiantes y también sumar a los docentes”.
Reconoció el rector: “Sé que los problemas nos van a acuciar día a día, pero tienen nuestro compromiso de trabajar para buscar los recursos que sean necesarios, y también a las personas que nos pueden ayudar”.
Olaertecoechea: “Hay que obtener recursos”
El abogado Daniel Olaertecoechea, integrante del Comité Asesor del Observatorio, propuso avanzar en convenios con la Nación, la Provincia y el Municipio para obtener los recursos necesarios para trabajar en estas problemáticas. Para ello, “también es importante contar con el aporte que cada uno pueda realizar desde sus diferentes puntos de vista”.
Gianni: “La gente tiene problemas de tierra, trabajo y techo”
Ricardo Gianni, de Educación y Acción Ciudadana, destacó la importancia del trabajo en red entre las instituciones. “La gente tiene problemas de tierra, de trabajo y de techo. También es necesario trabajar fuertemente en la concientización sobre la violencia de género”.
Gianni reclamó el acceso al conocimiento generado en la Universidad. “Las tesis de grado, por ejemplo, debieran tener un mayor acceso público”.
Rojas: “Hay que trabajar la cuestión inmigratoria”
Lorena Rojas, de la Asociación Civil SUMAS, reclamó “una cultura de la paz”. “Quienes somos profesionales debemos devolverle a la sociedad la formación que recibimos”. Propuso establecer convenios con otras instituciones internacionales. También consideró importante trabajar sobre las cuestiones inmigratorias. Pidió que las acciones que se emprendan “tengan un sustento político”. Agregó luego: “Todos tenemos derecho de acceder al agua potable”, y señaló que otras problemáticas a atender son también la contaminación ambiental y el reciclado de la basura.
Sagripanti: “Debemos acompañar los casos de Flores y Sabena”
El profesor Guillermo Sagripanti, representante de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNRC, propuso “acompañar y observar” casos emblemáticos como los de Alejandro Flores y Nicolás Sabena, y agregó: “Hay gente que no debería estar en la Policía”. Dijo luego: “Debemos acompañar a las madres de estos chicos, porque todos estamos expuestos a gente que está cumpliendo funciones y que no debería hacerlo”.
Otros testimonios
Martín Fernández, de la Murga Mulato Mulé, agradeció esta posibilidad de tener voz y voto en el Observatorio. “Acá se trata articular, coordinar y gestionar acciones y creo que en este sentido la Universidad nos puede coordinar a todos. En Mulato Mulé tenemos chicos de 15 barrios distintos de la ciudad y creemos que el deporte y la cultura son la solución para muchos de los problemas que tenemos”.
Por su parte, Marisa Nuñez, de la Municipalidad de Río Cuarto, propuso llevar adelante trabajos en comisiones para agilizar la tarea del Observatorio y también coincidió en que el problema de las adicciones requiere ser abordado de forma urgente.
María José Zapata, del Partido Solidario, opinó a su turno que “es central que se ponga a disposición todos los recursos y conocimientos con los que cuenta la Universidad, para que se pueda mejorar la calidad de vida de las personas. La Universidad puede hacer transformaciones concretas”.
En tanto, el abogado José María Sagarraga, integrante del Consejo Asesor, subrayó la conformación “amplia y democrática” del Observatorio y, al respecto, consideró que “están presentes diferentes sectores sociales que pueden identificar los derechos que se están vulnerando”.
Dijo que hay distintos tipos de violencia, entre las que mencionó la inequidad social y la desigualdad. “Hay que hacer un diagnóstico de los derechos que más se vulneran”. Pidió tener “voz firme para oponernos a la violencia de las distintas instituciones y no sólo a la que puede ejercer la policía. También, debemos acompañar a los movimientos sociales en sus luchas, y el apoyo de la Universidad es fundamental”.
Liliana Micca, también integrante del Comité Asesor, coincidió con otras opiniones en cuanto a trabajar sobre la prevención de los problemas sociales, para que “no lleguemos siempre tarde”.
Objetivos del Observatorio
La profesora Mirta Aromataris, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, expuso los objetivos y funciones del organismo.
Detalló, como objetivos específicos, que se plantea “monitorear las políticas públicas que puedan afectar los DDHH; impulsar la vinculación y el diálogo entre todos los actores del campo de los DDHH, así como también con los poderes del Estado Nacional, Provincial y Municipal con la idea de generar espacios que permitan redefinir y reflexionar problemáticas vinculadas a los DDHH; impulsar y articular proyectos que promuevan los DDHH, y que toda práctica o intervención promueva un objetivo formador, educativo, que apunte a la construcción del sujeto de derecho, del sujeto ético, única garantía para ir construyendo una cultura de derechos”.
Aromataris expuso también las funciones que debe cumplir el Observatorio, entre las que destacó la de fijar “posicionamiento público ante hechos de vulneración de derechos, con los siguientes objetivos: Visibilizar y difundir los hechos violatorios a las DDHH para contribuir al conocimiento de los mismos y señalar a los responsables; Influir en las políticas pública, y Relevamiento de los proyectos y prácticas en DDHH, universitarios y extrauniversitarios (municipales, de organizaciones sociales, etcétera)”.
Otras funciones sobre las que hizo hincapié fueron las de “Armar, apoyar y articular proyectos que apunten a la consolidación de los derechos humanos, y particularmente aquellos que sean señalados como prioritarios desde el consenso de todos los integrantes del Observatorio”, “Monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos en marcha y fortalecimiento de la coordinación entre acciones e intercomunicación entre los actores en distintos ámbitos” y “Generar espacios que permitan sensibilizar, profundizar y reflexionar acerca del campo de conocimiento y análisis de las prácticas en derechos humanos (prácticas educativas, jornadas, cursos, etcétera)”.
Aromataris detalló además que el Observatorio deberá “producir información de distinto tipo (informes, publicaciones, ponencias, etcétera), basado en los diferentes proyectos que fundamenten orientaciones, asesoramiento y capacitación para el diseño y gestión de las políticas públicas”, “promover la suscripción de convenios de cooperación con organismos públicos o privados, municipales, provinciales, regionales, nacionales o internacionales, con la finalidad de articular, interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigación” y “articular con políticas de estado para realizar convenios que posibiliten abordar las problemáticas que definamos para trabajar”.
Luego, la coordinadora del Observatorio destacó, como propuestas de trabajo, “avanzar en la implementación del programa ATAJOS (Programa nacional de acceso comunitario a la justicia)” y “analizar y abordar la problemática del agua potable y el acceso a la tierra”.