Por Pablo Callejón
Río Cuarto estaba «tan enojado» como temeroso. Una advertencia pública y fin del berrinche. El sitio de Facebook, tan miserable como su pávido anonimato, desapareció fugazmente de las redes viciadas de rumores y acusaciones basadas en la emoción violenta. Como las pintadas o la leyenda de un café político, los chismes que vinculaban al intendente Juan Jure con supuestas adicciones tenían el mero sustento del boca a boca que no necesita de argumentos ni verdades.
Jure salió a responder aduciendo su hartazgo por ese rumoreo oculto que había cumplido hasta entonces su sórdido objetivo: que los otros crean. Los otros claro, no podrían precisarse en unos, cientos ó miles. Alcanzaba con que fueran algunos y, fundamentalmente, con capacidad de llegada al intendente. El gesto conmovido de Jure negando una presunta adicción sumó el eslabón que faltaba en la cadena de rumores: su exposición pública y formal, aún desde la desmentida.
Con sus manifestaciones puso en segundo plano comunicacional el despido de dos funcionarios de alto rango que contrataron a un hombre acusado de comercializar droga, sin ninguna justificación administrativa y política.
La conferencia del mandatario habrá alcanzado dos posibles efectos: Quienes se solidarizaron por la campaña cizañera que debió padecer y los que no necesitan de argumentos racionales, convencidos de la antojadiza voluntad del rumor.
Prescindible
Antonio Frangie era absolutamente prescindible para la gestión municipal pero fue dos veces contratado a pesar de que no había sido absuelto de la imputación y que la investigación policial resultaba una advertencia suficiente para evitar su segundo traspié por las dependencias municipales. Guillermo Aón y Juan Pablo Casari aseguraron que desconocían la situación judicial de Frangie tras su excarcelación, una explicación que no deslinda la responsabilidad funcional. Es real que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero Aón y Casari son la representación política del Estado municipal y debieron prever el daño que provocaba reincorporar a quien aparecía acusado de dealer. Resultó de todos modos innecesario que ambos se efectuaran una rinoscopia para desmentir especulaciones sobre la contratación de Frangie.
La suerte de los dirigentes de la 30 de Octubre parecía echada mucho antes de la conferencia de Jure. ¿Cómo explicar la contratación como maestranza del Cementerio de un hombre que había sido despedido por estar acusado de convertirse en “un delivery de drogas para un grupo cerrado de amigos”, como señaló el fiscal Walter Guzmán su resolución? ¿Quién pagaría el mayor costo político si el acusado en pleno juicio advertía que solo podía desbancarlo de su cargo el propio intendente?
La agrupación política con origen en la militancia universitaria de Franja Morada prefirió asumir un costo colectivo y se abroqueló, incluso debatiendo un portazo total y definitivo. Evidenció su malestar por la decisión que consideró desproporcionada y dejó abierta una grieta de heridas aún sangrantes.
La 30 de Octubre no es solo la base joven del armado político de Jure con incidencia en puestos clave de gobierno y el parlamento. Es también el sustento barrial y asistencial. En 8 años de gestión, estuvo a cargo de la llegada a los sectores más humildes y se jactó de movilizar a las familias que colmaron cada acto político de Jure.
Rumores, nada más
No debería ser necesaria una conferencia ni esgrimir respuestas incómodas para rechazar lo injustificable. El intendente optó, de todos modos, por enfrentar los agravios y con eso debería ser suficiente. La posterior validación del análisis colectivo sobre un rumor basado en actos de la vida privada de un hombre público es la mera justificación del morbo. Ni el chisme revela veracidad, ni sus víctimas deben demostrar inocencia. Jure fue acuciado por una campaña con míseros fundamentos.
La otra consigna, la más gravosa y sustentada en hechos objetivos, tuvo un alto costo social e interno. La situación de Frangie expuso un debate racional sobre el modo en que se ingresa a la administración pública, aún cuando se trate de cargos de gabinete político. Y mucho más, cuando el beneficiario es un acusado de la Justicia por venta de drogas.
Todos los gobiernos, de cualquier matíz político han sumado amigos, familiares ó allegados. También han pagado favores personales con puestos remunerados. Ninguno podría excusarse de contar con algún funcionario ó empleado denunciado, imputado ó procesado. La discrecionalidad de argumentos que busca minimizar las acusaciones no confronta, sin embargo, con pronunciamientos severos de la sociedad. El votante suele castigar más la falta de servicios, los apremios económicos ó la falta de seguridad que los actos administrativos reprochables ética y jurídicamente.
El error político derivado en la contratación de Frangie fue un severo cimbronazo que movió las bases de la propia alianza más íntima en el esquema de poder en el Palacio de Mójica. Cuando los rumores pasen quedarán los resabios de una semana donde lo inverosímil y lo real generaron consecuencias aún imprevisibles.