Piden informes por el pago del municipio a un abogado

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Se trata de Antonio María Hernandez, quien asesoró al Estado local en la demanda contra la empresa CET, que tiene la concesión de los tragamonedas.

El concejal de Unión por Córdoba Mauricio Dova presentó un pedido de informes por el pago del municipio al abogado Antonio María Hernandez, quien asesoró al Estado local en la demanda contra la empresa CET, que tiene la concesión de los tragamonedas.
Según precisó, el pasado 28 de agosto, «ingresaron al Concejo Deliberante local dos proyectos remitidos por el Departamento Ejecutivo Municipal, por los cuales se persigue la aprobación de ordenanzas que mandan y autorizan a pagar al abogado»
«En el primer caso, se trata 90 mil pesos en concepto de honorarios profesionales por servicios prestados entre octubre de 2012 y julio de 2015. El segundo expediente requiere la autorización para contratar de manera directa los servicios profesionales del mismo letrado por doce meses, recibiendo la suma 10 mil pesos mensuales», indicó.
Añadió que «el 6 de mayo de 2009, la firma CET S.A. inició una acción declarativa de inconstitucionalidad en contra de la Municipalidad de Río Cuarto por la que perseguía la invalidación constitucional del art. 2 de la Ordenanza N° 262/09 dictada por nuestro Estado Municipal».
«El plexo de la norma municipal atacada establecía el horario de funcionamiento de las salas o los locales de entretenimiento de juegos de azar autorizados por el Gobierno de la Provincia de Córdoba (slots, bingo, etc.). El Tribunal Superior de Justicia con fecha 15 de agosto de 2014, dictó la Sentencia N° 10, por la que resolvió hacer lugar. Lo cierto y concreto es que nunca el Departamento Ejecutivo Municipal envió expediente para contratar los servicios del letrado entre los años 2012 a 2015, y mucho menos este Concejo Deliberante lo autorizó, conforme lo requerido por la Ordenanza N° 827/1994 y sus modificatorias», aseguró.
Para Dova no se explica por qué la defensa «no la puede llevar adelante la Fiscalía Municipal con su cuerpo de abogados, ni de que manera se determina el pago de $ 90.000»

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