La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) clausuró un taller textil clandestino en el barrio porteño de Mataderos en el que se confeccionaban prendas para las marcas de indumentaria Vitamina y Ayres, y detectó que allí cumplían esas tareas al menos dos personas en jornadas de 12 horas de trabajo, un franco a la semana y un salario de 2.000 pesos en negro.
«Como resultado de las tareas de inspección pudo establecerse que el titular del establecimiento en el que funcionaban 8 máquinas de coser, 2 equipos de corte y una plancha manual que denotan una marcada actividad de confección destinadas a proveer a estas reconocidas firmas, no está registrado ante la Afip y realiza toda su actividad comercial de forma ilegal», señaló el organismo en un comunicado.
Durante el procedimiento se relevó a dos personas que trabajaban durante 12 horas a lo largo de 6 días a la semana, recibiendo como pago la suma de 2.000 mil pesos en negro y sin recibir los correspondientes aportes y contribuciones a la Seguridad Social.
«Se estima que las marcas mencionadas abonan a este tipo de talleres sólo el 8% del valor final de las prendas, siendo de 175 pesos el precio por unidad que abona la firma mientras que luego comercializa la ropa al público por valores cercanos a los 2.300 pesos», indicó la Afip.
Ante esta situación el organismo recordó el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo que sostiene que los titulares de las marcas son «responsables solidarios por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas».
Los delitos denunciados por la Afip se encuentran tipificados en los artículos 140 y 145 bis del Código Penal, y en ambos casos se trata de penas privativas de libertad cuyo mínimo legal supera los 3 años, razón por la cual no podría dejarse en suspenso el cumplimiento de la pena.
A raíz de estas irregularidades constatadas se dio intervención en la causa al Juzgado Penal Económico Nro. 3, Secretaría Nro. 5, a cargo de Rafael Caputo.
En lo que va del año, el organismo que dirige Ricardo Echegaray realizó verificaciones en 1.154 talleres textiles, donde se relevaron a 5.399 trabajadores, se realizaron 41 clausuras, y se detuvieron a 7 empleadores.