Los empleados de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito cargaban el descargo de los conductores en el sistema informático pero sin generar respaldo físico de esa actuación, por lo que el planteo quedaba en el sistema y nunca llegaba al juez. Con el correr del tiempo, la multa prescribía.
El fiscal anticorrupción Gustavo Hidalgo imputó a dos empleados provinciales y a un tercero que supuestamente captaba a automovilistas sancionados por la Policía Caminera para quedarse con el dinero de las multas una vez que realizaban el descargo.
Según informa el diario La Voz de Interior, la maniobra funcionaba así: los empleados de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito cargaban el descargo de los conductores en el sistema informático pero sin generar respaldo físico de esa actuación, por lo que el planteo quedaba en el sistema y nunca llegaba al juez. Con el correr del tiempo, la multa prescribía.
Según la acusación, los empleados y el tercer imputado, ajeno a la repartición, se quedaban con el dinero de las multas rebajadas por el descargo. Por eso, los acusa de defraudación calificada agravada en perjuicio de la administración pública reiterada y estafas reiteradas.
“Hasta el momento tenemos 120 hechos, registrado durante 2014, y es difícil de calcular el monto total porque cada multa tiene importes distintos, pero estamos hablando de por lo menos 100 mil pesos”, aseguró a Día a Día el fiscal Hidalgo.
Los imputados son los empleados Pablo Cabral y Ricardo Romero. Además, según la instrucción, contarían con la colaboración de Flavio Aráoz.
Según un comunicado publicado en la página del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la investigación surgió «a fines del año pasado con motivo de una denuncia formulada por la Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba».
«En la investigación que derivó en la imputación de los nombrados, existen importantes elementos de sospecha para suponer que los infractores o ‘clientes’ eran captados mediante un ardid en la misma oficina por los funcionarios Cabral y Romero o a través de terceros extraños a la repartición –como el imputado Aráoz- y a través de ofrecimientos públicos falsos tendientes a inducir al público en general que no abonara las multas de tránsito, manifestando engañosamente que se solucionaría la misma solicitando un monto de dinero por el ‘trámite'».