Además, proponen modificar el Código Ambiental. La situación ha generado fuerte polémica por el reclamo de vecinos que rechazan la instalación de antenas en cercanías de espacios urbanizados.
Desde el Concejo Deliberante, impulsan ordenanza para regular el establecimiento de antenas y proponen modificar el Código Ambiental. La situación ha generado fuerte polémica por el reclamo de vecinos que rechazan la instalación de antenas en cercanías de espacios urbanizados.
El concejal Osvaldo Da Costa plantea que «toda instalación en el ejido municipal de estructuras soporte de antenas de radiocomunicaciones y sus infraestructuras relacionadas deberá solicitar la factibilidad pertinente ante la Autoridad de Aplicación respectiva dependiente del Departamento Ejecutivo Municipal»
«Serán sujetos de esta ordenanza los Operadores de Servicios de Telecomunicaciones (OST) y los Operadores de Comunicaciones Móviles (OCM) que se encuentran incluidos en los OST», indica el proyecto y advierte: «Las nuevas estructuras deberán estar integradas (mimetizadas) con el entorno donde se instalen».
La ordenanza promueve la creación «de un Registro Único de Operadores de Servicios de Telecomunicaciones (OST) en la órbita de la Autoridad de Aplicación» y «toda instalación correspondiente a los sistemas aquí regulados que no haya sido inscripta será considerada clandestina, y se ordenará el inmediato cese del servicio y la desinstalación del sistema a costa del infractor».
Da Costa resaltó que «el desarrollo tecnológico ha dado un fuerte impulso a los sistemas de radiocomunicaciones que son usados en distintos servicios: seguridad pública y privada, defensa civil, radio afición, comunicaciones empresarias, acceso a internet, radiodifusión AM, FM, sistemas de transporte de señales de radiodifusión, servicio básico telefónico, telefonía móvil, entre otros».
«Los sistemas de telefonía móvil, en particular, funcionan con una tecnología denominada celular debido a que cada antena emisora forma parte de una celda de varias que funcionan relacionadas entre sí, de manera que todas conforman una determinada área de cobertura. Cada celda, para mantener la calidad de servicio, tiene una capacidad limitada de usuarios por lo que la cantidad de celdas y, consecuentemente, antenas está relacionada con la cobertura por un lado y con la densidad de usuarios en la celda por el otro. Los licenciatarios de los servicios de telefonía móvil tienen obligaciones impuestas por el gobierno nacional de cobertura y calidad de servicio y al igual que el resto de los sistemas de radiocomunicaciones deben cumplir con los niveles de radiación máximos estipulados por el Ministerio de Salud de la Nación, según Resolución Nº 202/95″, indicó.
Añadió que » el avance tecnológico supera día a día las normas vigentes e introducen nuevos desafíos y la telefonía celular, por ejemplo, ha dejado no sólo de ser un producto suntuario».
«Un dato refleja el desarrollo del sistema en nuestro país: en los últimos diez años la penetración de líneas móviles activas en la Argentina superó el 1000%, Así, se pasó de 4.500.000 a 45.000.000. A partir de este crecimiento, el Estado Nacional impulsó el desarrollo de la telefonía móvil a través de la Secretaría de Comunicaciones mediante procesos licitatorios de adjudicación de licencias y frecuencias para los servicios SRMC, STM, PCS, SRCE y SCMA. El desarrollo trae aparejados otros desafíos. Por ejemplo, a los efectos de minimizar el impacto de las infraestructuras soporte de las antenas, se decidió en los 90 a nivel mundial instalar antenas de distintas empresas en la torre de una de ellas. Esta práctica, denominada “coubicación” o “compartición” de infraestructuras, se manifestó claramente en nuestra ciudad y dio lugar no sólo a muchísimas críticas de los vecinos por el eventual riesgo para la salud que pudieran producir: también por el grosero impacto visual que sobre obras arquitectónicas y naturales producían y producen», indicó.
El edil resaltó que » hoy el panorama es mucho más complejo y de difícil resolución normativa y práctica: aún los más empeñosos defensores de la vida “natural” admiten que el avance en las telecomunicaciones no sólo es irreversible: bien utilizado, puede salvar vidas o mejorar la calidad de ellas en comunidades enteras».
«Queda claro, entonces, que el crecimiento de la telefonía móvil constituye en inevitable el aumento la cantidad de celdas que operan en todo el territorio nacional, para brindar adecuadamente los servicios ofrecidos a los usuarios En otras palabras, existe un marcado crecimiento en la demanda de las nuevas tecnologías y dispositivos, lo que genera a su vez una mayor exigencia de los usuarios en cuanto al acceso a los nuevos servicios que se desarrollen. En este contexto, ratificamos que debe ser política del Estado –en cualquiera de sus niveles- proveer los medios necesarios tendientes a lograr un mejor desarrollo de los servicios de telecomunicaciones procurando un mayor beneficio para los usuarios, garantizando –conjuntamente- la manda establecida en el Artículo 42 de nuestra Constitución Nacional», subrayò.
Da Costa consideró que, «para el Municipal, generalmente el primero al cual se dirige el usuario cuando sus pretensiones de contar con un buen servicio se ven frustradas, también es importante participar del debata y aportar, dentro de su jurisdicción, sus normas y su poder de policía para hacerlas cumplir»
«Las empresas siguen burlando fallos judiciales, manteniendo sus principales estructuras en lugares prohibidos, ante la impotencia del Estado municipal. De cualquier manera, lo que sucede en la ciudad no es precisamente una excepción. En todas las ciudades de la Argentina con una población similar a la de Río Cuarto –en número y en nivel de instrucción- los problemas se repiten. Por tal motivo, el gobierno nacional ha decidido auxiliar técnica y legalmente a los municipios para que, dentro de su autonomía y de sus facultades, puedan controlar mejor –en lo que de ellas dependa- la instalación y la prestación de nuevas antenas, garantizando la calidad y eficiencia en la prestación, el respeto a la salud de los habitantes de cada lugar, los criterios urbanísticos y la no contaminación visual. En ese sentido, queda claro que es deber del Municipio en el marco de sus atribuciones regular todo tipo de instalaciones»