En un comunicado, la Pastoral de la Universidad también cuestionó en duros términos la decisión «unilateral» del Intendente Juan Jure de autorizar un aumento del 20% del boleto urbano.
«A la Comunidad y a nuestros representantes:
Desde el Equipo de Pastoral Universitaria queremos reflexionar seriamente en torno la reiterada situación que hoy vivimos en materia de Transporte Público en nuestra ciudad. Una vez más nos encuentran los calores del verano entre sesiones extraordinarias y aumentos discrecionales sin discusión ni consensos públicos.
Nuestra opción de fe nos exige hacernos presentes en esta lucha que históricamente hemos encarado como pueblo fiel al proyecto de Dios y como laicos comprometidos con la propuesta del evangelio. Siguiendo lo que nos dice el Documento de Puebla (p473), atendemos a los signos de los tiempos y dejándonos interpelar por el evangelio hacemos opciones concretas para responder históricamente a las interpelaciones que nos presentan las circunstancias. Es en este sentido que nuestra Fe marca nuestra opción política por una construcción profundamente implicada con la historia de nuestro pueblo.
“Busquen el Reino y su justicia” (Mt 6,33) Ésa es la propuesta de Dios que asumimos como propia. La búsqueda y la construcción del Reino en comunidad hoy y aquí. Y eso implica para nosotros tomar parte en el andar de nuestra comunidad, comprometernos y transformar aquéllas realidades que se alejan de la justicia y del bien de todos, hacernos cada vez más cercanos, más hermanos entre nosotros y ofrecer el trabajo cotidiano y compartido al crecimiento de la comunidad.
La reciente decisión de aumentar los costos del transporte público tomada unilateralmente por el poder ejecutivo local (con el poder que la impopular Regulación del Transporte aprobada hace pocos días le otorga) significa para esta comunidad de cristianos una afrenta más a la voluntad de las organizaciones sociales y al derecho social de ser parte del control y decisión de políticas públicas tan sensibles a la vida diaria.
Se pone hoy en evidencia que la urgencia de nuestros representantes no pasa por tomar las mejores decisiones para el pueblo sino por responder a las propias necesidades coyunturales, o más bien, a los intereses que siembra la agenda empresarial. No creemos que sean las empresas necesariamente enemigas de la justicia social, pero es sabido que ellas siempre tenderán al lucro y la ganancia, lo cual es propio de su lógica. Lo que no podemos aceptar es que el Estado Democrático sea más fiel a los intereses corporativos que a la realidad social.
Recordamos las palabras del santo padre Juan Pablo II en la encíclica Centésimus Annus (p40): “Es deber del Estado proveer la defensa y tutela de los bienes colectivos (…) La Iglesia reconoce la justa función de los beneficios empresariales, sin embargo, los beneficios no son el único índice de las condiciones de la empresa. Es posible que los balances económicos sean correctos y que al mismo tiempo los hombres, que constituyen el patrimonio más valioso, sean humillados y ofendidos en su dignidad. Además de ser moralmente inadmisible, esto no puede menos que tener reflejos negativos para el futuro (…)”
Oyendo las advertencias del Santo Padre, nuestro planteo pretende no quedarse sólo en la cuestión económica. Sin embargo, asumimos la importancia que este aspecto reviste para comprender el fenómeno del transporte público en Río Cuarto. La empresa hoy prestadora del servicio no ha revelado sus números reales, no existe una estructura de costos confiable para toda la comunidad. Por lo tanto no podemos saber, como lo aseveraba el papa, si sus “balances económicos son correctos” o no. También resulta importante mencionar que nuestro intendente aprobó por decreto un nuevo aumento del costo del transporte a un día de brindar por el año nuevo, abriendo así la posibilidad de que la empresa solicite un reajuste durante el corriente año respecto al último Salario Mínimo Vital y Móvil.
Pero pese a estas importantes observaciones creemos de suma importancia que nuestros vecinos comprendan que el Transporte Público no es un mero servicio sino un Derecho fundamental al cual acceden principalmente los sectores sociales con menor poder adquisitivo, y este hecho nos exige hacernos responsables de la respuesta histórica que los cristianos debemos dar a la realidad de nuestro tiempo. Al tratarse de un derecho, lo que está en juego reviste serias implicancias en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y por ello, cualquier decisión que se tome al respecto debería ser puesta en discusión y dispuesta a ser revisada por el pueblo. Las organizaciones sociales que reclamamos, representamos a estudiantes, laicos, trabajadores, sindicalistas, movimientos barriales, entre otros. Accedemos a muchas voces y sabemos que tenemos mucho por aportar. Como así también todos los vecinos que desearen tener mayor intervención en las decisiones del Estado.
No podemos contentarnos con audiencias esporádicas o comisiones aciagas. Las voces del pueblo necesitan ser oídas y vinculadas efectivamente a las políticas públicas que nos afectan. Y en este sentido, no creemos que sea un camino recomendable para escuchar las voces del pueblo sesionar un 8 de enero y aprobar un aumento que no puede, en lo inmediato, ser puesto en discusión por el parlamento. Tal y como nos pedía el padre J.C. Scannone (Cias 510. 2002 p 49) “Necesitamos encontrar modos institucionales de hacer políticamente efectiva la participación social, así como también el control de la sociedad civil y la política sobre la económica.”
Frente a esta serie de infructuosas decisiones reclamamos se comience a gobernar atendiendo exclusivamente al bien común de toda la sociedad pero haciendo la justa y necesaria opción por los sectores de menor poder adquisitivo y mayor exclusión social como requiere la Opción Preferencial por los Pobres. La Iglesia entiende que “sólo pasa a ser el bien común lo que es participado por el pueblo” (Doc. Iglesia y Comunidad Nacional. 2000, p88). De esta manera se distingue de la visión del interés general como procedimiento, una equidad construida por expertos que no toman en cuenta una perspectiva de bien configurada por los participantes.
Asumimos que quienes nos representan no pueden menos que oír y tomar en consideración las diversas voces que se plantan ante estas medidas.
Una praxis que parte del amor real al pueblo debería al menos poner en duda las certezas hasta hoy defendidas. Solicitamos se revise el Código de Transporte Público aprobado sin el consenso pleno de los bloques y organismos sociales, a fin de realizar una propuesta superadora que contemple las sugerencias que las organizaciones sociales y el pueblo tenemos para hacerle. Estamos dispuestos a dialogar y construir juntos, pero para ello debemos ser llamados y poner en juego nuestros valores más humanos, alejándonos de las disputas coyunturales y los intereses corporativos. Pensar en el pueblo y perder el temor a contradecir tradiciones empresariales infructuosas.
Sería mucho más valioso y legítimo elaborar un proyecto común que no excluya nuestras voces, que verdaderamente sea producto del trabajo colectivo, que ponga a la persona en primer lugar y no a la ganancia empresarial y que cuente en el recinto con una aprobación total que garantice la representatividad del reglamento.
Les pedimos a nuestros representantes que gobiernen sin desvincularse del compromiso humano y moral que ello exige, y rogamos a la comunidad estar alerta a los signos de nuestros tiempos, pues nuestra responsabilidad en la construcción del Reino es hoy y reclama lo mejor de nosotros para servir al Pueblo de Dios.
Seremos firmes, si, en defender nuestros derechos, pero con un gran amor en el corazón. Porque al defender así, con amor, estamos buscando también la conversión de los pecadores. Esa es la respuesta del cristiano (Monseñor Romero. 1977)
EQUIPO DE PASTORAL UNIVERSITARIA. DIÓCESIS RÍO CUARTO. U.N.R.C.»