El Concejo Deliberante aprobó un plan que aún debe ser reglamentado. Aún hay postes y cableados que deben ser recuperados. Hasta el río presenta secuelas del temporal. Polémica por la ayuda oficial
A un año del temporal del 8 de diciembre que provocó cuantiosas pérdidas y demostró la vulnerabilidad de la ciudad en sus aspectos estructurales, se abre el debate sobre los cambios que se generaron para mejorar las respuestas sociales e institucionales ante fenómenos meteorológicos graves.
El Concejo Deliberante aprobó un plan de emergencias que intenta organizar el accionar del Estado y desde Bomberos afirman que lo ocurrido «debe convertirse en un aprendizaje».
En la ciudad, aún hay postes y cableados que deben ser recuperados y hasta el río presenta secuelas del temporal.
Los vecinos afectados por el derrumbe de viviendas ó el deterioro de las unidades habitacionales denunciaron que hubo ayuda oficial insuficiente. Algunos, recibieron subsidios, otros aún lo esperan y están quienes comercializaron irregularmente los materiales aportados por el municipio y la Provincia.
El proyecto de ordenanza aprobado por el parlamento local e impulsado por las concejalas oficialistas Olga Cantoro y Viviana Yawny busca garantizar la reducción de daños en la sociedad causados por fenómenos naturales, socio-naturales o antrópicos.
El proyecto ordena crear en el ámbito del Consejo Consultivo de Prevención y Seguridad Ciudadana una comisión para la evaluación y conformación de manuales de procedimientos.
También intenta alcanzar vínculos solidarios entre el Estado y las instituciones médicas de la ciudad.
“Las clínicas e instituciones médicas privadas deben solidarizarse ante situaciones de accidente masivo, desastre, emergencia o urgencia, poniendo a disposición sus instalaciones para la atención inmediata de personas afectadas”, señala el artículo 10 de la ordenanza.
En el artículo 12, se plantea la necesidad de convocar a especialistas de la Universidad Nacional de Río Cuarto para realizar una evaluación de la peligrosidad sísmica vigente en la región suroeste de la provincia de Córdoba.