Arancedo, titular del Episcopado, se quejó por la velocidad con que la Casa Rosada impone sus proyectos, incluso los más conflictivos.
En su carrera por sancionar leyes de su interés que se refieren a aspectos relevantes de la vida nacional -como la administración de justicia, la libertad de expresión, la bioética, la concepción de los hijos y el matrimonio- sin el suficiente debate y el aconsejable consenso el Gobierno acaba de toparse con un crítico inesperado: la Iglesia. El presidente del Episcopado, monseñor José María Arancedo, dijo ayer que la sanción de las leyes «no puede ser apresurada» y advirtió que «cuando dejamos de lado los tiempos de la Constitución nos empobrecemos».
Lo dijo durante una rueda de prensa que ofreció en el penúltimo día de deliberaciones del plenario de obispos que sesiona en la casa El Cenáculo, de Pilar, para reseñar lo tratado. Arancedo -que fue reelecto al frente del organismo eclesiástico- atribuyó la velocidad en la sanción de las leyes a una falta de madurez política. «Tenemos que crecer, hemos perdido la capacidad de diálogo y encuentro», consideró. La falta de diálogo y reconciliación fue una de las principales preocupaciones que los obispos expresaron durante el análisis de la situación del país que hicieron esta semana.
A comienzos de octubre, la cámara baja convirtió en ley la reforma al Código Civil y Comercial solo con el voto de los diputados oficialistas y tras el retiro del recinto de la oposición que denunció que se violó el reglamento. Entre muchas cosas, el nuevo texto regula cuestiones de bioética y familia. Esta semana obtuvo dictamen de comisión en el Senado la reforma al Código Procesal Penal, que otorga más facultades a los fiscales, que dependen de la ultra kirchnerista procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Además, la cámara alta avanza a paso firme en el tratamiento de una ley de telecomunicaciones, que el Gobierno anunció a fines del mes pasado. Se trata de una norma que permite el acceso de las telefónicas al servicio de cable, muy cuestionada porque pone en riesgo a los pequeños y medianos operadores, y la libertad de expresión. Además, Diputados dio media sanción esta semana una ley de fecundación asistida que complementa lo establecido en la reforma al Código Civil, que la Iglesia objeta.