«Este criterio se ha manifestado en numerosos casos relevados por este Observatorio en el último tiempo, que indicarían una preocupante tendencia judicial a tolerar y/o avalar conductas impropias y reñidas con la ley», indicaron.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto adviertió «sobre la existencia de un criterio permisivo por parte del Ministerio Público Fiscal respecto del accionar de los agentes de la Policía y el Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba».
«Este criterio se ha manifestado en numerosos casos relevados por este Observatorio en el último tiempo, que indicarían una preocupante tendencia judicial a tolerar y/o avalar conductas impropias y reñidas con la ley por parte de agentes policiales y/o penitenciarios, que vulneran derechos fundamentales de las personas», señalaron en un comunicado.
Añadieron que «entre los casos relevados por este Observatorio en el último tiempo se destaca la gravísima denuncia formulada por Heber David Lescano, quien dijo haber sido sometido a todo tipo de maltratos (golpes, amenazas, tormentos y hasta picana eléctrica) durante su estadía en la Alcaidía de la Unidad Regional Nº 9, donde ingresó el 18 de octubre luego de ser imputado como presunto autor del homicidio en grado de tentativa de Julay Duval, cometido esa misma madrugada».
«Hasta el momento no hay imputaciones y tampoco se ha informado si los oficiales que habrían participado de los tormentos aplicados a Lescano han sido apartados preventivamente de sus cargos», advirtieron.
El texto firmado por el periodista Hernán Vaca Narvaja sostuvo que «otro caso que genera preocupación es la denuncia formulada por Fabricio Emanuel Pinotti, detenido en septiembre sin pruebas suficientes –según resolución del juez de control, que ordenó su liberación- por el supuesto delito de amenazas reiteradas contra Jesica Arzaute».
«Los abogados de Pinotti denunciaron que el joven declaró como imputado en la Fiscalía de Tercer Turno, a cargo de Fernando Moine, esposado y custodiado por dos efectivos del Servicio Penitenciario Provincial, violentando así las garantías establecidas por el debido proceso», aseguró.
Añadió que «en esa misma Fiscalía se tramita desde abril del corriente año una causa judicial contra los estudiantes Luciana Farrán y Fidel Acera, imputados como supuestos autores de los delitos de “entorpecimiento funcional” y “lesiones leves” por el fiscal Fernando Moine, pese a que en la causa figuran declaraciones “mellizas” de dos policías, certificados médicos con fechas y datos incorrectos y otra serie de graves irregularidades denunciadas oportunamente por este Observatorio de Derechos Humanos».
«A estos casos se suma la falta de respuesta por parte del Ministerio Público Fiscal a las denuncias públicas formuladas por un agente del Servicio Penitenciario Provincial, que advirtió en el programa radial Así son las cosas, que se emite por FM Gospel de esta ciudad, sobre la existencia de una red de comercialización de estupefacientes en el interior de la cárcel de Río Cuarto, sin que hasta la fecha la Justicia haya determinado responsabilidades al respecto. Y lo que es más grave, el agente habría sido pasado a situación pasiva por las autoridades del Servicio Penitenciario, por la supuesta “deslealtad” de haber denunciado un delito del que serían cómplices sus propios compañeros de trabajo», subrayó el organismo.