Tras las denuncias de un guardiacárcel por presunta complicidad entre efectivos de la Cárcel local y detenidos para la venta de drogas, intervienen la Justicia provincial y Federal.
Tras las denuncias de un guardiacárcel de la Unidad Penitenciaria Número 6 por presunta complicidad en la comercialización de drogas en el interior del penal entre efectivos de seguridad y presos, intervienen la Justicia provincial y Federal.
Sin embargo, las causas no tienen imputados y algunos sospechosos han sido derivados a otrás cárceles de la provincia, en una maniobra que afectó las investigaciones.
Las manifestaciones del trabajador de la cárcel local al periodista Guillermo Geremía ratificaron con exhaustivos detalles las sospechas sobre el ingreso y distribución de narcóticos en los pabellones del viejo edificio.
Sus declaraciones fueron incorporadas a una causa que ya se desarrollaba en la fiscalía del doctor Javier Di Santo. La investigación llevaba varios meses y son numerosos los testimonios solicitados por la unidad judicial.
El objetivo del fiscal es determinar el negocio del «narcomenudeo» entre los guardiacárceles y reculsos y el modo en que ingresa la droga a la institución.
Las afirmaciones periodísticas del agente carcelario sumaron datos a la causa, aunque todavía no surgieron imputaciones.
En los últimos tiempos fue advertido el ingreso de droga a través de las visitas de los presos, aunque la Justicia debe precisar «los otros modos» en que los estupefacientes llegan a los reclusos a partir de la presunta complicidad de quienes deben garantizar la seguridad.
En la Justicia Federal también se abrió una causa para advertir una «asociación ilícita» entre guardiacárceles y presos, pero la instrucción aparece estancada.
A pesar de las revelaciones del agente en la entrevista realizada por el programa Así son las Cosas -cuya identidad se preservó por razones obvias-, lo único que avanza a paso acelerado es una investigación sumaria interna del Servicio Penitenciario que parece condicionar a otras personas que podrían romper el cerco de silencio sobre un negocio ilegal y que generaría cuantiosos recursos para quienes lo practican.